Uno de los fondos buitre más duros junto con otro grupo de acreedores cuestionaron el lunes la oferta argentina para poner fin a la causa con los holdouts, mientras el país espera lograr una mayor adhesión a la propuesta, que debe ser analizada por la Justicia de Nueva York.

Es que el presidente del fondo Aurelius Capital, Mark Brodsky, acusó al Gobierno argentino de haber "comprado" el apoyo de Dart Management, uno de los dos grupos sobre los seis principales que aceptaron la oferta de pago del 75% de sentencias por 9.000 millones de dólares del juez federal Thomas Griesa.

"Argentina compró el apoyo de Dart acordando pagar por completo su reclamo. Aurelius aceptaría gustosamente esa generosidad, aunque siempre hemos estado dispuestos a aceptar un recorte", afirmó en un comunicado Brodsky, cuyo fondo ha sido uno de los más duros en la disputa junto con NML Capital del magnate Paul Singer.

Por su parte, la Argentina espera que Griesa levante la orden judicial de julio de 2014 que congeló un pago de 539 millones de dólares en Nueva York a bonistas que habían adherido a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Para ello, cuentan con el apoyo del mediador judicial Daniel Pollack, quien elogió la "buena fe" del presidente Mauricio Macri en el litigio y podría poner presión sobre los fondos, que rechazaron entrar en esas reestructuraciones aceptadas en su momento por 93% de los acreedores y que incluyeron importantes quitas.

Este lunes Griesa asistió a la Corte, lo cual despertó nuevas especulaciones sobre su proceder respecto de la causa.

Presión buitre

En ese escenario, un grupo de fondos especulativos que no están incluidos en la oferta argentina, le solicitó a la Justicia estadounidense que mantenga la medida cautelar sobre el fallo Pari Passu (en igualdad de condiciones) ya que intenta continuar en la puja por cobrar.

"Argentina ha tomado una decisión consciente y deliberada de no negociar con los querellantes de la demanda colectiva. Como resultado de ello, no hemos sido invitados a las actuales negociaciones", afirmó el documento que lleva la firma de la abogada Marta Colomar-García.

El pedido apunta a que la medida cautelar no sea levantada al menos hasta que el Gobierno llegue a un acuerdo con todos los acreedores.

En un documento presentado a Griesa advirtieron que "aún en el caso de que se levantara en todo o en parte la medida cautelar para los fondos beneficiados por el fallo", volverían a pedir una nueva.

Los querellantes "piden respetuosamente que el tribunal no levante las actuales órdenes que impiden a Argentina violar las obligaciones de pari passu", es decir el tratamiento equitativo de todos sus acreedores.

La propuesta presentada el viernes, que prevé una quita de alrededor del 25% e implicará pagos por unos U$S 6.500 millones, fue aceptada, hasta el momento, por dos de los fondos principales, como Montreux Partners o Dart Management, según el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

Esa aceptación se sumó al acuerdo alcanzado previamente con los 50.000 bonistas italianos de TFA.