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Tras el fracaso en la "ventanilla local", el Gobierno define nuevo plan para seducir a financistas del exterior
11/02/2016 - 14:01hs

Agazapado y expectante. Como un cazador que espera el momento justo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas se mantiene a la espera del timing correcto para avanzar en un tema clave en esta etapa de su gestión: una nueva colocación de bonos.

Tras el tiro fallido de hace unas semanas -cuando tuvo que declarar desierta la licitación del Bonar 2020- esta vez pretende ajustar la mira para correr con mejor suerte en la plaza financiera.

Por lo pronto, deberá cambiar de "señuelo". Es decir, tendrá que ofrecer una tasa de interés más tentadora que la anterior para que la oferta sea atractiva. Y, además, cruzar los dedos para que la propuesta no coincida con un mal día de los mercados internacionales.

Estas fueron las dos cuestiones principales que le habían jugado una mala pasada e hicieron naufragar el plan de colocación de nuevos títulos.

El pasado 20 de enero, Alfonso Prat Gay quiso testear por primera vez al mercado y salió a captar unos u$s5.000 millones del Bonar 2020. Pese a que cotiza en dólares y paga en esa moneda, la propuesta lejos estuvo de convencer a los inversores.

Aquel día, el equipo económico sufrió un duro revés y por partida doble.

Además de no encontrar demandantes para la compra de ese bono, propuso infructuosamente un canje de este título por otro: el Bonar 2017 (que vence el año que viene).

El resultado amplificó un día para el olvido, ya que apenas pudo captar un 7% del stock en circulación.

Las necesidades de caja son tan grandes que obligan al Gobierno a tener que ajustar la puntería e ir por la revancha rápidamente.

Por lo pronto, los analistas consultados por iProfesional afirman que es de esperar que haya aprendido la lección y, en consecuencia, que apuntará a modificar su estrategia.

Economistas cercanos al equipo de Prat Gay anticipan que uno de los ajustes será el de focalizarse más en los inversores del exterior y menos en la plaza doméstica.

¿Por qué? Porque internamente el mercado local está muy "codicioso" y cree que le está reclamando una tasa muy elevada por ser un bono en moneda extranjera.

Hablando en plata, el Gobierno debería convalidar un tasa superior al 8% anual, un premio demasiado alto que, por otra parte, sembraría un mal precedente, de cara a futuras emisiones.

Como contrapartida, entiende que ese costo sería más reducido si logra captar inversores del exterior.

En busca de "los de afuera"

Fuentes cercanas al equipo económico señalan que el plan de Prat Gay de seducir inversores externos se sustenta en que las tasas de interés que se ofrecen en el "vecindario" rondan el 5%.

Otro beneficio es que la cantidad de billetes verdes que pueda recaudar iría directamente a engrosar las reservas del Banco Central, lo que contribuye a reducir las presiones en el circuito cambiario.

"El Gobierno necesita acceso al crédito si es que quiere bajar la inflación. El Banco Central no puede seguir financiando al fisco como lo hizo hasta fines del año pasado", afirma a iProfesional el analista Federico Muñoz.

El economista aclara que las posibilidades que otorga el mercado interno lucen muy acotadas y que sólo pueden ayudar a cubrir un bache temporario.

Su visión coincide con la de su colega Gabriel Caamaño Gómez, analista de la Consultora Ledesma: "Debe tentar a inversores de afuera para conseguir tasas más bajas. Internamente, tiene que ofrecer un interés más alto para que el público no se pase al dólar".

Argumenta además que hoy día resulta más barato financiarse en "verdes" que en moneda local.

"La deuda que se toma en pesos es cara. Esto, más allá de que existen mayores necesidades de colocar títulos en dólares y de que al Banco Central le permite mostrar más divisas en sus reservas", añade. Agenda de vencimientos

En un contexto de reservas que no resultan suficientes para pagar compromisos con importadores y, al mismo tiempo, afrontar el calendario de deudas, el Gobierno se ve obligado a apurar la llegada de dólares del exterior y de los exportadores.

Ramiro Castiñeira, economista jefe de Econométrica, afirma que la Argentina tiene que pagar "cash" en el 2016 un total de u$s9.000 millones.

Una cifra que resulta accesible en tanto y en cuanto esté la maquinaria del crédito externo lubricada, habida cuenta de que representan apenas dos puntos del PBI.

De ese total, u$s2.500 millones corresponden a cancelaciones de cuotas de bonistas que entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Una cifra similar se asocia con el pago al Club de París, vinculada con la primera cuota comprometida el año pasado por el ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

A eso se suman unos u$s4.000 millones en concepto de intereses (ver cuadro).

Este total (u$s9.000 millones) no incluye el pago de los holdouts, tras el ofrecimiento del Gobierno argentino por u$s6.500 millones.

Este último compromiso se cancelará en efectivo con los buitres pero ese dinero provendrá de la colocación de títulos en el mercado, con vencimientos posteriores a 2016

"El Gobierno está obligado a refinanciar su deuda porque no cuenta con un nivel de reservas lo suficientemente holgadas", agrega Castiñeira.

Sin embargo, en su visión, el panorama luce favorable, ya que el endeudamiento de Argentina en plazas del exterior es bajo -menor al 2% del PBI- en un contexto en el que se está a punto de salir default técnico.

"Se está ante una muy buena situación. Después de solucionar el conflicto con los holdouts el país cuenta con muy buenas chances de poder salir al mercado", completa Castiñeira.

Como antecedente, el Banco Central pudo capitalizar el tan anunciado préstamo de bancos internacionales por unos u$s5.000 millones a un interés del 6,76% anual.Las cuentitas de Prat GayDesde el ministerio de Hacienda estiman que este año podrán achicar el rojo fiscal en no más de dos puntos. Concretamente, desde un nivel cercano al 7% (2015) a un 4,8% (2016) aun considerando el tarifazo.

Según sus cálculos:

- El gobierno anterior le dejó un déficit de $300.000 millones.

- A esto debe sumarse el agujero en las provincias por unos $40.000 millones

- Y otros $10.000 millones por deuda de obras públicas. 

Hablando en plata, afirman que "haciendo bien los deberes" el rojo fiscal quedará en unos $350.000 millones.

Para financiar esos $350.000 millones hay dos alternativas: emisión de pesos (maquinita) o de bonos (colocación de deuda).

Claro que cuanto menos "maquinita" utilice y más títulos coloque, más fácil le será al Gobierno validar su plan de metas de inflación (25% anual).

Por lo pronto, el ministro de Hacienda ya anticipó que el Banco Central "bancará" al Estado por un monto ($180.000 millones) que equivale casi a la mitad del rojo previsto.

¿Quién pondrá el resto? "Por descarte, el faltante se cubrirá con endeudamiento", afirman desde la consultora M&S.

Este punto permite entender un poco más por qué para el macrismo resolver el conflicto con los buitres resulta tan relevante:

- No sólo le facilita la obtención de crédito externo 

- También, lo acerca al cumplimiento de la meta de inflación prevista (ya que tiene que emitir menos pesos)  La batalla política en el CongresoAdemás de la importancia que tiene el litigio de los holdouts -por su capacidad para restarle margen de maniobra a la hora de conseguir financiamiento, otra cuestión no menor es el efecto "taxímetro", ya que cada día que pasa el monto se eleva un poco más. 

En ese sentido, la deuda inicial era de u$s2.943 millones. Sin embargo, ante la falta de un entendimiento y tras la última sentencia se elevó a casi u$s10.000 millones (70% son intereses y punitorios), sin incluir a los bonistas europeos.

También, se deberá resolver a nivel local una parte del problema, de índole política, ya que la negociación tendrá que ser avalada por el Congreso argentino.

En este sentido, el macrismo deberá derogar dos leyes clave:

-Ley Cerrojo.

-Ley de Pago Soberano.

Cabe recordar que el oficialismo tiene minoría en las dos cámaras (Diputados y Senadores) por lo que el acuerdo interno también será clave.

No obstante, el Gobierno ya comenzó a trabajar a nivel legislativo y el quiebre producido en el Frente para la Victoria le vino como anillo al dedo. 

Es que el FpV contaba antes de la ruptura con 95 legisladores. Ahora se reducirá a 77, contra las 88 bancas que responden a Cambiemos, cifra a la que habría que sumarle sus aliados del GEN.

Si a este número del oficialismo se le agregan:

-Los 35 diputados del massismo

-Los 18 que se despegaron del kirchnerismo

-Los bloques provinciales (6 legisladores de Santiago del Estero que antes respondían a CFK y 9 peronistas unidos en el Compromiso Parlamentario por la Argentina),

Entonces el quórum ya no dependería del cristinismo, porque habría cerca de 160 diputados dispuestos a dar inicio al debate.

En tanto en Senadores, Miguel Pichetto, jefe del bloque del FPV, ya había adelantado su disposición a apoyar la propuesta, a cambio de una actitud colaborativa del Gobierno nacional para con las finanzas provinciales.

Aquí, la calculadora legislativa tiene algunas diferencias con el escenario de la Cámara de Diputados. En principio, no se observa una ruptura formal entre cristinistas y peronistas tradicionales.

Es que los fieles a Cristina Kirchner suman, como mucho, diez legisladores sobre 41 que tiene el bloque.

Es decir, los kirchneristas serían un número importante en la cámara alta (que tiene un total de 72), pero tendrían dificultades a la hora de querer imponer su agenda.

Según analistas consultados por iProfesional, el conflicto con los holdouts podría tener un final feliz en marzo.

En otras palabras, Prat Gay podría ver el camino más allanado para ofrecer una tasa menor recién a partir de ese entonces.

Además del debate parlamentario, el Gobierno también deberá monitorear el contexto internacional para que no le juegue en contra como la vez anterior.

Y, claro está, la tasa para seducir al mercado. Anteriormente, la rentabilidad ofrecida por los bonos no fue buena, ya que era casi la misma que la que cualquier inversor podía conseguía a través de la compra de otros títulos.

Pese al traspié, para algunos integrantes del Gobierno, la decisión de haber declarado desierta la licitación fue la correcta.

¿Qué pasa si no hay arreglo rápido con los buitres?

Está la posibilidad de que comience a transitarse un escenario en el que el arreglo con los holdout se demore más de la cuenta.

Aun recibiendo luz verde a la propuesta de pago, puede que los pasos a seguir para ponerle definitivamente fin al litigio sean demasiado largos para los tiempos que maneja el Gobierno.

Ante tales circunstancias, el economista Daniel Marx, director de Quantum consultora, considera que la administración macrista "podría financiarse internamente emitiendo un bono con ley local y en dólares que se compre directamente en dicha moneda".

"Esta alternativa favorecería el ingreso de capitales de inversores del exterior", resume el experto a iProfesional. No obstante, alerta sobre el riesgo de "que sobrevengan embargos de los fondos en litigio".

Y, en caso de que el conflicto no sea resuelto -en medio de un contexto de mercados mundiales volátiles- nada asegura que la colocación sea lo exitosa que pretende el Gobierno.

El abanico de posibilidades está abierto y la cantidad de dólares que llegue a la Argentina no sólo dependerá de Griesa y compañía, sino del ánimo inversor y del contexto por el que transiten los mercados internacionales. 

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