El Gobierno creó un registro con el fin de regular el ingreso de empleados públicos a través de convenios entre el Estado nacional con universidades y otras entidades educativas.

El decreto presidencial 336/2016 establece el "Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas", que estará bajo la órbita del ministerio de Educación y Deportes, que conduce Esteban Bullrich.

También indica que aquellos convenios vigentes, cuya continuidad no sea solicitada por los ministros, secretarios de la Presidencia o titulares de entes descentralizados hasta el 29 de febrero, quedarán sin efecto a partir del 1 de abril.

En tanto, instruye a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a realizar "una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal efectuadas en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, correspondiente a los conceptos liquidados por cualquier causa que tuviere su origen en la relación de empleo, durante los últimos cuatro (4) meses del año 2015".

Asimismo, y en consonancia con lo dispuesto a principio de año sobre el ingreso de personal a la administración pública, desde el 1 de marzo, la contratación de empleados por tiempo determinado, a través de los convenios con centros educativos, deberán ser autorizados por el ministerio de Modernización.

Entre los considerandos del decreto se señala que "resulta una política prioritaria del gobierno nacional la adopción de las acciones necesarias para un ejercicio responsable en materia de contratación de personal por parte de las Autoridades Superiores, como así también la optimización de la gestión y los procesos vinculados a las mismas".

En ese sentido, advierte que "resulta necesario analizar el tipo de prestaciones brindadas por cada uno de los organismos educativos contratantes, evaluando si las mismas coinciden con las actuales misiones y funciones de las jurisdicciones involucradas, o en su caso pueden ser ejecutadas con recursos materiales y humanos propios de las Jurisdicciones contratantes".

Por tal motivo, el decreto afirma que se mantendrá la vigencia de aquellos convenios "que resulten estrictamente necesarios", y que se dejarán sin efecto los restantes. 

Además, con respecto a los convenios aún vigentes, el decreto afirma que "resulta necesario adoptar medidas administrativas para un mejor acceso a la información, control y resguardo" sobre la relación del Estado con las entidades educativas, "permitiendo de tal forma la máxima transparencia en relación a dichos actos de gobierno".

La decisión se da luego de que el fiscal Guillermo Marijuan iniciara la semana pasada una investigación preliminar sobre el otorgamiento de fondos por parte del Gobierno de Cristina Kirchner a universidades estatales.