La jueza María Cristina Carrió de Lorenzo le notificó a la petrolera YPF que tiene tiempo hasta el las 9.30hs del 23 de febrero, para hacer público el contrato de exploración y producción de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta con la firma Chevron.

La medida es consecuencia del reclamo presentado ante la Justicia por el exsenador y actual diputado provincial por Santa Fe, Rubén Giustiniani, que tuvo fallo favorable de la Corte Suprema en noviembre del año pasado. Como el máximo tribunal no fijó plazos, la causa volvió al magistrado de primera instancia que ahora puede abrir las puertas a un nuevo debate político. 

El argumento de Giustiniani fue que el Estado controla el 51% de YPF y, por lo tanto, el contrato firmado con Chevron debe ser considerado un acto de gobierno plausible del escrutinio público. 

La jueza Carrió, del juzgado número 7 en lo Contencioso Administrativo, notificó a la empresa el 3 de febrero y le dio 10 días hábiles para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Asimismo, el legislador socialista le envió una carta documento a la petrolera a cargo de Miguel Galuccio, intimándola a que le diga dónde tiene que retirar la copia del contrato, indicó el sitio TN.

El convenio con la petrolera estadounidense, firmado el 16 de julio de 2013, estuvo rodeado de polémica por los beneficios otorgados y unas supuestas cláusulas secretas que YPF se negó a difundir escudándose en el secreto empresario y la confidencialidad de un acuerdo entre privados. 

A los pocos meses de la estatización de YPF y con una producción en baja heredada de la gestión de Repsol, el gobierno de Cristina Kirchner y Galuccio necesitaban mostrar nuevas inversiones. Como el cepo cambiario, la inflación y la politizada expropiación del 51% de YPF ahuyentaron inversores, el gobierno le aseguró varios beneficios a Chevron.

El primero, antes de firmarse el convenio, fue fijar un precio preferencial, más caro, vía el decreto 929/13, para el gas nuevo a extraerse. Se lo bautizó el "decreto Chevron".  

Otro beneficio plasmado en el contrato fue la posibilidad de girar dividendos al exterior y la de seguir cobrando regalías por las inversiones realizadas aún si deja el negocio en la provincia de Neuquén. El congreso neuquino necesitaba votar un cambio en la concesión que ya tenía YPF y se obviaron informes y auditorías ambientales.

Los legisladores nunca tuvieron acceso al contrato ni a las condiciones otorgadas a Chevron que permitieron con su voto. La sesión que terminó votando las modificaciones se hizo con un fuerte enfrentamiento en las inmediaciones.