Mucho trabajo para hacer. Así podría resumirse el grueso de las tareas que el Ministerio de Comunicaciones, a través de sus diversas secretarías y el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom), está comenzando a encarar para que el servicio de telecomunicaciones mejore en la Argentina.

El trabajo será arduo tras años de inactividad total, como describen desde la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a cargo de Héctor Huici.

Por lo pronto, una de las urgencias es la creación de la comisión para la redacción del anteproyecto que unifique la Ley de Medios (26.522) y la de Argentina Digital (27.078).

Además, se está en camino de la articulación de la comisión del Consejo Federal de Comunicaciones y, a partir de ahí, de generar las condiciones para que vuelva a recrearse el mercado de las telecomunicaciones.

Si bien el plan es avanzar en una apertura y promover la libre competencia, se buscará contar con instrumentos que permitan intervenir cuando las discusiones entre los privados entorpezcan el desarrollo y la calidad de los servicios para que, al final, sean los clientes los que decidan qué empresas quieren contratar en el mercado.

Pero también se avanza en otros frentes: que haya una mejora concreta en los servicios de telefonía móvil y que se concrete la interconexión de las distintas redes existentes, además de definir un nuevo plan de negocios para ArSat.

También está entre las prioridades, revisar y planificar el uso del espectro radioeléctrico, trabajar en el roaming a nivel nacional y que las empresas compartan infraestructura.

Como parte del plan, se prevé la definición de los operadores móviles virtuales, y sacar los cientos de trámites pendientes que vienen esperando resolución desde antes y durante la existencia de las ya extintas AFSCA y AFTIC, las dos entidades a cargo de la aplicación de la leyes que regulan el mercado de las telecomunicaciones en el país. 

Es decir, tratar cuestiones nuevas, pero también darle continuidad y seguimiento a políticas que se establecieron en la gestión anterior, aunque con otros mecanismos de control.

El impulso en todo este abanico de temas clave ha sido anticipado a iProfesional por Héctor Huici, flamante titular de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

Sobre la nueva ley que avanzará sobre las actuales normativas que rigen al mercado y contemplará lo establecido en el DNU 267 sostuvo que lo importante de ese decreto es que "manda a hacer una nueva ley que garantice el desarrollo de la infraestructura, los contenidos y la accesibilidad". 

Cabe destacar que ese decreto de necesidad y urgencia eliminó las obligaciones de desinversión de los grupos de multimedios que actúan en el país, entre otros puntos. 

El funcionario adelantó que la intención es que el anteproyecto esté listo antes de que finalice 2016 para que, al año siguiente, comience a ser tratado en el Congreso y, en virtud de ello, se iniciarán los mecanismos de consulta previstos con los los sectores involucrados. 

Por la calidad de la telefonía móvil

En el mientras tanto, aparecen varias cosas para resolver, como la calidad del servicio, con los celulares a la cabeza.

En este sentido, Huici admitió que el reglamento de telefonía móvil, que data de 1997, quedó viejo porque cuando se redactó el uso de estos aparatos era totalmente distinto al que se le da en la actualidad.

"Hoy el celular brinda acceso a infinidad de servicios. Ahora hay que medir muchas cosas más. No es lo mismo leer una factura de minutos, como antes, a entender sobre el consumo de datos", explicó quien hasta diciembre se desempeñó como legislador del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, su CV da cuenta de que su experiencia en el mercado de las telecomunicaciones se remonta a 1992 cuando era jefe de del departamento legal de control de la gerencia de control de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

En ese sentido, sostuvo que individualizarán cuáles son los problemas reales de calidad de los servicios.

En la visión de Huici, "sancionar queda bien" pero que hay que ver si los problemas que surgen tienen que ver con la responsabilidad de la empresa, porque facturan mal o tarifican de una manera que no es clara para el consumidor, o si se debe a otros inconvenientes, como la imposibilidad de instalar más antenas o de importar equipamiento, tal como venía ocurriendo hasta el año pasado.

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, es uno de los que primero se queja por la calidad del servicio. Razón por la que solicitó a las compañías que aceleren inversiones. Sin embargo, en algunos aspectos no se trata sólo de desembolsar rápido el dinero sino de contar con otras condiciones.

El de las antenas es, justamente, uno de los problemas sobre los que siempre se queja el sector. No sólo por el tiempo que demanda concretar una habilitación sino también porque los municipios suelen tener criterios distintos a la hora de autorizar una instalación.

Y si no hay suficiente cantidad tampoco hay calidad de servicio. En ese sentido, Huici aseguró que en la Argentina demora más de un año la habilitación de una antena, el triple del tiempo que demanda ese mismo trámite en cualquier otro lugar del mundo.

Como propuesta para resolver parte de este tema, vinculado con el desarrollo de la infraestructura, consideró que "la ley nueva tiene que contemplar la servidumbre para redes de telecomunicaciones, tal como existe para los oleductos o gasoductos".

Es decir, el pago por el uso de la propiedad en donde se establecen las antenas, que hoy está librado, básicamente, al criterio del dueño del predio en donde se encuentran instaladas.Qué va a pasar con el 4G

Sobre la red 4G, cuya primera etapa deberá estar finalizada en junio, de acuerdo con lo establecido en el pliego de licitación de finales de 2014, el funcionario indicó que se buscará que mejore el servicio y que los usuarios puedan notar la diferencia. 

"Aunque empezamos más tarde (respecto del proceso de licitación de las frecuencias 4G en relación al resto de los países de la región) estamos bien", aseveró Huici en cuanto a la marcha del despliegue de la infraestructura.

Luego de dejar en claro que las obligaciones de cobertura de 4G alcanza a las cabeceras con más de 500 habitantes, tal como se contempló en el pliego, indicó que otro de los puntos en el que se trabajará será en el de roaming para cobertura nacional.

Es decir, que las empresas compartan la infraestructura a fin de que los usuarios tengan calidad de servicio más allá del lugar en donde viven.

"Tal vez no tiene sentido tener tres redes de 4G en una localidad de 500 habitantes. El pliego facilita eso", recordó aunque, lamentablemente, un documento que avala esa disposición estaría traspapelado y eso impediría, por el momento, la posibilidad de avanzar más rápidamente en este punto.

Respecto de lo que hará el Estado con la porción de espectro 3G y 4G que la administración K decidió otorgar a ArSat luego de quitarle al Grupo Vila-Manzano la adjudicación de esas bandas, Huici indicó que habrá que revisar la ley que asignó el espectro a ArSat.

El funcionario anticipó que también habrá que esperar la medida cautelar que, sobre la decisión del Gobierno de Cristina Kirchner, presentó el grupo de medios.

Las frecuencias de telefonía móvil hoy son el insumo que pretenden las empresas de telecomunicaciones para hacer crecer sus negocios.

Por eso, los operadores de telecomunicaciones independientes, las cooperativas de telefonía y hasta los grupos de medios más grandes -desdeTelefónica, Telecom y Claro, hasta Vila-Manzano, Clarín y Telecentro- ambicionan contar con ese espectro disponible.

Sobre este aspecto, Huici indicó que planificarán el uso de dicho espectro y que tomarán en cuenta las recomendaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) sobre la cantidad de megahertz del que deben disponer los países para brindar servicios.

"Hay que ver qué usuarios están en las distintas frecuencias y qué utilizaciones se les dará finalmente a cada una de ellas", apuntó.Más competencia, mejores servicios

Otro de los temas ríspidos de la industria se vincula con la interconexión de las redes, un aspecto sumamente necesario para que los usuarios accedan a las distintas prestaciones con calidad y a precios razonables.

"Durante 12 años hubo inactividad total y se sucedieron más reclamos y conflictos. Cuando no hay un árbitro imparcial e independiente aparece una inclinación a que los grandes hagan pesar su tamaño y los chicos pierdan. El objetivo será nivelar el terreno y resolver los conflictos en tiempo oportuno", advirtió el funcionario.

Consideró que hay modelos exitosos de buena regulación en distintos países. Y mencionó los casos de Colombia y Chile como dos experiencias interesantes.

Respecto del de Chile, consideró que la regulación que se aplica en ese país permitió desarrollar la innovación y generar un mercado competitivo, aunque también aclaró que se trata de una nación con una tradición regulatoria que se mantiene en los últimos 30 años.

Sostuvo que contar con una legislación moderna y ágil se tradujo en beneficios concretos para el usuario.

Por otro lado, se mostró a favor de la competencia como reguladora del mercado aunque también indicó que, para ejercer la función de contralor, los organismos deben contar con los instrumentos necesarios.

No sólo eso, deben actuar en momentos en que se generan cuellos de botella para que la regulación se aplique con el objetivo de resolver.

"Me interesa que sobrevivan las empresas que mejor satisfacen las necesidades de los clientes. Que el abuso de posición dominante no saque a una firma del mercado sino que el cliente sea el que lo haga porque no brinda los servicios que espera", enfatizó Huici.

Finalmente, el funcionario se mostró a favor de avanzar en la definición de los operadores móviles virtuales (OMV), aspecto que quedó trunco en las regulaciones previas.

Los OMV son las empresas que compran capacidad excedente a las compañías de telecomunicaciones y las revenden siguiendo otras estrategias comerciales.

En el país existen dos empresas que operan bajo esa figura: Tuenti, del Grupo Telefónica, y Nuestro, de un grupo de cooperativas de telcos.

Al ser consultado sobre si hay espacio en el mercado para que haya más OMV o para que se sume un nuevo operador de telefonía móvil, tal como se descuenta ocurrirá tras la aprobación de la compra de Nextel por parte de Clarín, Huici sentenció: "No es función del Estado decir cuántos lugares hay".

"Es función del Estado que haya espectro y generar las condiciones para que existan empresas y el mercado decida si son cuatro, cinco o las que sean", concluyó.