El juez estadounidense Thomas Griesa le dio un guiño al país, ya que ordenó este jueves a los acreedores que demandaron a la Argentina por el incumplimiento del pago de los bonos de deuda, que argumenten por qué se oponen a que se levante el stay (el embargo) para que se les abone lo adeudado a aquellos tenedores de títulos que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

De esta manera, les otorgó a los fondos en litigio hasta el 18 de febrero para justificar por qué esta medida cautelar no debe ser levantada, publicó Reuters.

Según la resolución del magistrado de Nueva York, esta orden se produjo el jueves a petición de Argentina, luego de que el país les hizo a los holdouts una oferta por 6.500 millones de dólares para solucionar la disputa.

Es decir, el país propuso recortar un 25% la deuda total reclamada por u$s9.000 millones, que incluían intereses y punitorios.

Griesa pidió estas explicaciones a los fondos buitre, ya que consideró que Argentina tiene intención de derogar las dos leyes en el Congreso que impiden cancelar estas deudas a los holdouts y además el Gobierno nacional presentó una propuesta para pagar a los acreedores con los que acuerde, para el 29 de febrero.

Las negociaciones fueron realizadas por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, que concluyeron el pasado viernes 5 de febrero.

El reclamo argentino busca que Griesa levante la orden judicial que en julio de 2014 congeló un pago de 539 millones de dólares a bonistas que habían adherido a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Según agencias noticiosas, un portavoz del Ministerio de Hacienda argentino prefirió no realizar comentarios sobre pedido de Griesa.

En principio, dos de los seis fondos más importantes que intervienen en el litigio (Montreux Partners y Dart Management)  aceptaron la propuesta.

Como era de esperar NML, liderado por Paul Singer, que es el que ejerce mayor influencia, se opuso al igual que otros tres (Bracebridge Capital, Davidson Kempner y Aurelius, que a su vez negocia por Blue Angel y Olifant). 

Según trascendió, cuando Macri supo que al menos el 20% de los acreedores le estaban dando luz verde el plan argentino, pero que los fondos Elliot y Aurelius querían boicotearlo, él mismo en persona llamó al mediador Daniel Pollack -designado por el juez estadounidense Thomas Griesa- para que lo ayude a que prospere.Pollack se mostró muy receptivo y hasta le hizo un guiño en el sentido de que "iba a darle una mano" con Griesa, contándole la buena voluntad que notó para que se llegue a un entendimiento.

Esto, de por sí, dejó entrever un cambio significativo respecto a lo acontecido con el Gobierno anterior.

A nivel local, el macrismo contaría con los votos necesarios no sólo para iniciar la sesión en la cámara baja, sino también para derogar la llamada Ley Cerrojo y otras normas que impiden –en la práctica- hacer efectiva la oferta que presentó la Argentina a los buitres.

En el caso de que las partes firmen un entendimiento, transcurrirían entre ocho y doce semanas para ponerle punto final al conflicto buitre.

En el medio, ahora el macrismo necesita que el Congreso deroge la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano. 

Si bien la ruptura del bloque kirchnerista lo acerca a conseguir las adhesiones suficientes, será importante cómo se comporten los 81 diputados que aún permanecen.

La denominada Ley Cerrojo fue ideada en 2005 por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna para asegurarse una alta aceptación al canje propuesto. 

Apuntaba a reestructurar deuda en default nada menos que por casi u$s100.000 millones.

En uno de sus artículos más importantes, la iniciativa señala que el Poder Ejecutivo no puede reabrir el proceso de reestructuración. 

En ese momento, logró una adhesión superior al 76% a su propuesta de pagar con bonos. 

Luego, a fines de 2009, el Gobierno dio otro paso en el Congreso. Esta vez, para suspender por un año la vigencia de la Ley Cerrojo.

¿Para qué? Para invitar a todos aquellos inversores que no se habían adherido al canje anterior a sumarse a uno nuevo. 

Así, entre las dos propuestas, se logró regularizar el 92% del pasivo. En tanto, quedaron afuera tenedores de unos u$s5.500 millones. 

Según Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, la Ley Cerrojo debe derogarse sencillamente porque "La Argentina perdió su apelación en la Justicia de Nueva York", al igual que la Ley de Pago Soberano. 

En su visión, "le impide al país poder hacer las cancelaciones necesarias para retornar a los mercados internacionales de crédito". 

¿Qué especifica la ley de Pago Soberano? Propone a la Argentina y a Francia como lugares alternativos de cancelación.

Esto se hizo para esquivar el bloqueo impuesto por el juez Thomas Griesa al dinero que enviaba el Gobierno argentino a los Estados Unidos, con el fin de pagarle las cuotas de lo adeudado a todos aquellos bonistas que sí habían entrado al canje .