El Gobierno cesanteó en las últimas horas a una partida de 650 empleados públicos pertenecientes a distintos organismos nacionales. Son 500 de la Biblioteca Nacional, 45 del Ministerio de Justicia y 110 de Asuntos Indígenas, según informó a iProfesional la seccional porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La decisión, conocida entre el fin de semana y este lunes, fue respondida con medidas de fuerza y recalentó el clima previo al paro nacional convocado para este miércoles por los estatales de ATE ante la inminente baja de contratos prevista para el 1 de marzo.

Uno de los casos más resonantes es el de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, donde los trabajadores realizaron este lunes una asamblea y se declararon en estado de alerta y movilización, tras enterarse el fin de semana de que habrá medio millar despidos en la institución, que todavía continúa acéfala.

El nuevo director, Abel Mangel, recién será designado en julio. Sin embargo, los trabajadores aseguran que ya toma decisiones y le atribuyen la responsabilidad del recorte, que afectará a la mitad de las 1.000 personas que trabajan en el organismo.

"No sabemos quién va a apretar el botón porque Mangel no asumió el cargo", dijo a este medio el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, luego de que este lunes los empleados de la biblioteca realizaran una asamblea multitudinaria.

Las cesantías involucran al personal que se encargaba de organizar bibliotecas en los barrios y, desde el gremio, advirtieron que también habrá otros cambios, como el proyecto para digitalizar las obras literarias y suspender su difusión en papel.

En tanto, la seccional porteña de ATE constató 45 telegramas de despido en Unidad de Investigación Financiera (UIF), dependiente del Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, aunque desde la cartera habían informado que eran cerca de 100 los puestos dados de baja.

La policía bloquéo este lunes el acceso a empleados, en algunos casos con hasta 13 años de antigüedad, y les tomó fotos, cuando intentaban ingresar a la sede de la unidad antilavado ubicada en Cerrito al 200, en el centro porteño.

El personal afectado, que representa un quinto de los 250 empleados de la UIF, estaba abocado entre otras tareas a la investigación del HSBC iniciada por evasión y asociación ilícita fiscal de 4.040 titulares de cuentas ocultas en Suiza.

"Se despidió a gente con mucha antigüedad que tomó juicios importantes como el del HSBC", dijo el delegado de ATE, Rubén López, quien denunció como un "desguace" la decisión de apartar técnicos calificados que manejan información sensible.

Tras presentar su renuncia el 11 de diciembre, el ex director José "Pepe" Sbatella fue reemplazado por Mariano Federici, ex abogado senior del FMI. En tanto, el segundo puesto lo ocupó María Eugenia Talerico, impugnada por Sbatella por "ser la apoderada del HSBC".

La salida de Sbatella ocurrió un día después de que asumiera Mauricio Macri y coincidió con la cautelar que repuso al jefe local del HSBC, Gabriel Martino, muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta y financista fiel del PRO, según trascendió en la prensa.

El otro organismo que sufrió el achique es el Instituto Nacional de Asuntos indígenas (INAI), con sede en la ex Esma y fundado en 1985 para el acceso de los pueblos originarios a sus derechos básicos. Este lunes los trabajadores realizaron una batucada tras ser notificados de 110 desvinculaciones.

Los gremios estatales aguardan una segunda ola de despidos masivos a partir del 1 de marzo, cuando vencen los contratos de miles de trabajadores en condiciones de precariedad laboral heredada del kirchnerismo.

Entre otras áreas en la mira, temen que haya 350 bajas en la Superintencia de Riesgos del Trabajo, 1.500 en Hospital Posadas, 800 en Desarrollo Social y la revisión de 639 en Secretaría de Comercio, donde ya hubo 130 recortes.