La ex mujer del embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro, se sumó a la nómina de familiares de dirigentes de Cambiemos que lograron ubicarse en la función pública.

María José Labat, abogada de extensa trayectoria en el sector privado, obtuvo el alta en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en enero, en un cargo como asesora del área de Legales.

El puesto es equiparable al de gerente y tiene asignado un salario superior a los $120.000 mensuales.

El organismo que encabeza Gustavo Morón aseguró que Labat, madre de tres hijos de Montenegro, ingresó el 19 de enero y sólo por ese mes percibió un sueldo bruto de $67.750, equivalente al de mayor rango en el escalafón.

La SRT es un ente autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que se encarga del control de las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Los voceros oficiales de la repartición no quisieron responder las consultas que realizó al respecto el diario Ámbito Financiero.

En paralelo, la semana pasada la SRT concretó una primera oleada de despidos con la cancelación de más de 200 contratos. Tampoco se descartaba ampliar la nómina de cesantías. 

Asimismo, la primera resolución del año firmada por Morón elevó 50% los cargos jerárquicos en el organismo y prácticamente duplicó la plantilla de personal en áreas gerenciales, con sueldos de hasta $120.000 mensuales.

El superintendente firmó otra resolución el 18 de febrero, según la cual todo el personal jerárquico nombrado por la actual administración cesará sus funciones inmediatamente de producirse la salida del superior que lo designó.

Esto intenta demostrar que no existe voluntad de "plantar empleados" en la SRT, apuntó el matutino. 

Labat es socia desde hace años en el estudio García, Labat, Musso y Righi, fundado por el ex procurador general de la Nación Esteban Righi.

Mantiene, como su ex marido, una estrecha relación con Morón, quien a su vez trabajó entre 2007 y 2015 a las órdenes de Montenegro en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2012, por el escándalo de la causa "Ciccone", el estudio quedó en el ojo de la tormenta cuando el entonces vicepresidente, Amado Boudou, denunció un supuesto intento de tráfico de influencias de los socios de ese estudio.

Esto derivó en la renuncia de Righi a su cargo como procurador. En esa ocasión, Montenegro, entonces ministro porteño de Justicia y Seguridad, realizó una pública defensa de su esposa.