¿Al Gobierno no le importa el desempleo? ¿O es que lo tiene asumido como un costo a pagar en esta fase del plan económico? Esas son las preguntas que circulan en estos días en el ambiente empresarial y sindical, luego de constatar las reacciones de los funcionarios ante la ola de despidos en el sector privado.

Hasta ahora, cada vez que se plantea el tema, las respuestas han oscilado entre tratar de relativizar las cifras de pérdidas de puestos de trabajo que manejan las consultoras y justificar la situación como parte de la "pesada herencia" en economía, mezclada con un mal contexto internacional.

Este miércoles, el Presidente intentó incluso capitalizar la visita de su par de Estados Unidos, Barack Obama, al señalar que aspiraba a seguir su camino en materia laboral.

"Lo quiero felicitar porque durante 72 meses viene generando empleo en su país", dijo durante la conferencia que mantuvieron en Casa Rosada.

Más allá de las intenciones, por el momento no hubo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros rubros, señales de una política decidida para aplicar medidas urgentes. Y, conforme pasan los días, el estupor inicial va dando paso a inequívocas señales de enojo en los sectores a los que el propio Gobierno había convocado para un "pacto social". 

"A (Guillermo) Moreno lo puteaban porque ponía el fierro sobre la mesa, pero nos cuidó a todos. Eso no lo pueden desconocer los industriales". Con ese recuerdo del polémico ex funcionario, un dirigente de Smata se quejó de lo que cada vez más el sindicalismo intuye como una actitud pasiva del Gobierno ante los despidos masivos en las empresas.

Es que el zapato le empezó a apretar a la mayoría de los gremialistas sin que hiciera falta un desborde salarial, como había pronosticado el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, cuando advirtió que el empleo se vería afectado si los sindicatos superaban la pauta oficial del 25%. En rigor, antes del inicio de las paritarias, ya hubo más de 100.000 trabajadores despedidos, según cifras privadas.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reconoció el deterioro del mercado laboral. Consultado por iProfesional, describió un escenario de "mucha tensión" como para aplicar la doble indemnización reclamada por las CGT.

No obstante, minimizó los despidos en el sector privado al afirmar que la pérdida de puestos estaba siendo compensada por la creación de empleo.

En contraste con el optimismo oficial, en los cuarteles sindicales se encendieron las luces de alerta y sus dirigentes comenzaron a reevaluar la paz social decretada tras las elecciones.

No es para menos. El achique no sólo redujo plantillas y el volumen de las cuotas sindicales. También impactó en las primeras negociaciones salariales, con el desdoblamiento de acuerdos y arreglos a la baja.

Así, de una postura expectante al principio, la cúpula gremial pasó a ponerle foco al clima "recesivo" con pérdida de empleos y caída del poder adquisitivo. En la misma línea, los sindicatos industriales ratificaron su preocupación en la reunión mantenida días atrás con el titular de la cartera laboral, tal como lo confirmó Triaca.

El ajuste golpeó incluso al principal aliado sindical del Gobierno. Recientemente, el Sindicato de Choferes de Camiones, liderado por Hugo Moyano, inició protestas en Vokswagen Córdoba para contener 200 despidos en el sector de logística.

No fue el único gremio cegetista que tuvo que salir a la calle. También lo hicieron la UOM de Antonio Caló y la Uocra de Gerardo Martínez, que registró más de 54.000 despidos en la construcción.

Ante la creciente conflictividad, Mauricio Macri salió a pedirle a los empresarios que generaran puestos de trabajo, durante un discurso reciente en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Previamente, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, había hecho lo propio en persona con los directivos de las terminales automotrices y el titular de Techint, Paolo Rocca.

Sin embargo, el "diálogo" no alcanzó para disuadirlos. Luego de reducir sus plantillas en verano, varios peso pesado profundizaron en marzo las medidas de ajuste en la industria, con más suspensiones, y se espera la caída de al menos 4.000 contratos.

Al norte de Buenos Aires, el parate de las obras en las centrales nucleares Atucha III y IV desató una crisis social en Zárate.

Los trabajadores cortaron la Panamericana, tras paralizar las plantas, en rechazo a los telegramas masivos enviados por decenas de contratistas luego de que el Gobierno recortara los fondos asignados.

"Este es un enclave importantísimo para el desarrollo energético. Y se habla de alrededor de unos 3.000 obreros despedidos entre UECARA y UOCRA. Esto impacta en toda la comunidad, en la gastronómica, la del transporte, etc", explicó el intendente de Zárate, Osvaldo Caffaro.

A raíz de las medidas de fuerza, el Ministerio de Trabajo empezó a recibir a gremios como Uecara y UOCRA, según pudo saber iProfesional. En tanto, el Consejo Deliberante y la CGT regional mantienen tratativas a la que se sumarán los comerciantes también afectados por la recesión.

"Estamos shockeados, no esperábamos que en 100 días tuviéramos semejante cachetazo. Somos trabajadores de las contratistas, el constructor no es ñoqui", dijo a este medio el secretario adjunto de la Uocra Zárate, Ariel Puebla.

Los problemas de empleo no se limitan a la zona norte de Buenos Aires. También se extienden a los cordones industriales de la zona sur y oeste de la provincia, a Santa Fe, Córdoba, San Luis y la Patagonia.

Las grandes empresas optaron por reducir costos laborales ante el desplome de las ventas al exterior, la contracción del mercado interno y el parate de la obra pública. Aducen que el "corrimiento de precios" erosiona los beneficios de la devaluación, lo que sumado a la apertura de las importaciones favorece el cierre de plantas y la sustitución de producción local.

Pero, al igual que el Gobierno, minimizan la destrucción de empleos. "Me preocupa más que la gente no llegue a fin de mes y el impuesto a las Ganancias. No conozco despidos", dijo a este medio Héctor Méndez, ex titular de la UIA.

Alarma en las tres CGT

En un reflejo del cambio de época, las centrales obreras incorporaron la "emergencia laboral" a su agenda de reclamos, que hasta hace poco estaba monopolizada exclusivamente por la reformulación del Impuesto a las Ganancias.

Es que la situación recesiva golpea a los gremios manufactureros, como Smata, Uom, Uocra, Plásticos, Químicos, Carne, Minería, Madera y Petroleros, así como también a los de servicios, nucleados en Comercio, Camioneros, Bancarios, Limpieza, Vigilancia y Gastronómicos, que dependen de la actividad primaria. En su conjunto, representan más de 2 millones de puestos de trabajo.

Los popes de las CGT acordaron dar la batalla en el Congreso para impulsar la doble indemnización y unificar en un solo proyecto opositor los cambios en el tributo, aunque no descartan realizar una marcha en abril, cuando se prevé que será tratado el tema en comisión.

"Todos los trabajadores están sufriendo la recesión. En mi gremio, en 60 días tengo 20% de cierre de establecimientos. Yo no se si el Gobierno está enterado que estamos mal, que hay recesión, despidos y ajustes", advirtió Luis Barrionuevo.

Luego de suspender un millar de despidos en el correo, los camioneros comenzaron a sentir en carne propia los problemas del sector automotriz y petrolero. En Córdoba, realizaron asambleas y se declararon en estado de alerta y movilización en rechazo a los 200 recortes en la contratista Cargo, una firma que se encarga de la logística en la planta de Volkswagen.

"A la empresa no le va tan mal, que aguanten a la gente con la que ganaron millones en el país, si no que se vayan a Alemania", dijo a iProfesional el secretario gremial, Marcelo Aparicio.

Hasta ahora, la postura oficial ha sido ecléctica. En algunos casos, como es el de los petroleros, el Ejecutivo otorgó más subsidios a las empresas del sector y empujó a los sindicatos a que aceptaran suspensiones, con la promesa de preservar los puestos de trabajo. En otros, como en el sector aeronaútico y siderúrgico, dilató el ajuste con el dictado de la conciliación obligatoria.

Sin embargo, Triaca reveló a este medio que los programas de recuperación productiva (Repro) cayeron de 270 a 50. Se trata de subsidios destinados a las empresas con dificultades que se utilizan para pagar sueldos y que el Gobierno decidió recortar fuertemente porque, según afirman, lo recibían firmas sin problemas.

Salarios "viejos"

La reunificación del sindicalismo peronista no despierta entusiasmo en el Ejecutivo. Una única CGT fortalecería la capacidad de negociación gremial en momentos en que el oficialismo se propone alejar las demandas salariales de las cifras de inflación difundidas por los IPC de la Ciudad, San Luis, Congreso y la CGT, que superan el 30% en términos anualizados.

Por ello, el ajuste en las plantillas es visto por la oposición como un elemento clave de la estrategia oficial para cumplir con las metas de inflación. Sin la ayuda del ancla fiscal ni cambiaria, el Gobierno concentró sus esfuerzos en topear los salarios para moderar la suba de precios, que se aceleró con el desfasaje producido por la devaluación y el alza de tarifas.

La destrucción de empleos no solo obligó a los gremios a redefinir sus reclamos. También comenzó a afectar el consumo, tal como advierten economistas y legisladores.

"Están aplicando un set de herramientas ortodoxas para bajar la inflación, a costa de reducir el consumo y el empleo", dijo atrás Marco Lavagna, diputado por el Frente Renovador.

Las transformaciones laborales quedaron plasmadas en el reciente acuerdo que firmó el Sindicato de Petroleros de Chubut con Tecpetrol, de Techint, que está entre las 10 principales operadoras del país. Fue la primera negociación del año en la que un gremio aceptó achicar los salarios un 30% para evitar 1.300 despidos.

En el sector bancario, el titular de La Bancaria Sergio Palazzo, amenazó con realizar "un paro nacional de 24 horas a fin de mes, o principio de abril" si las autoridades del Banco Central no deciden reincorporar a los 47 empleados despedidos. Además, temen miles de cesantías por el cierre de la banca minorista del banco Citi.

Palazzo dijo también que el otro detonante que acelerará la realización del paro será "la negativa de las cámaras del sector a discutir aumentos en paritarias con un piso por encima del 30 por ciento". Ese es también el piso salarial que fijó la UOM públicamente.

Sin embargo, los despidos en los cordones industriales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe conspiran contra las demandas gremiales. El textil José De Mendiguren lo sugirió al pronosticar un año de recesión por la caída del poder adquisitivo y el enfriamiento de la economía.

"Este shock de despidos está directamente vinculado con el objetivo de los empleadores, y en particular del Gobierno Nacional, de debilitar al conjunto del movimiento obrero para implementar el programa de ajuste que ya está en curso. Uno de los primeros capítulos de este conflicto se desarrolla en la actual ronda de negociación salarial", señaló un reciente informe del Observatorio de la CTA Autónoma, que lidera Pablo micheli.

Por otra parte, la consultora Management & Fit indicó que hasta tanto las paritarias no empujen el bolsillo de los trabajadores, la combinación de "precios nuevos con salarios viejos" restará fuerza al consumo.

En un informe reciente titulado "se enfría la actividad económica", señaló que la recaudación tributaria cayó en términos reales 5% y la dinámica de crecimiento, que ya venía resentida en los últimos años, se debilitó aún más debido a la caída del consumo y al comienzo de la consolidación fiscal.

Importaciones

Con un real débil y una economía brasileña en crisis, tanto los metalúrgicos de la UOM como los metalmecánicos de SMATA alertaron por un crecimiento de las importaciones procedentes del país vecino y la destrucción de puestos de trabajo a nivel local.

Las compras desde Brasil en el mes de febrero registraron un alza interanual del 4% por un valor cercano a los u$s1.000 millones, según el INDEC.

Entre los bienes más importados figuran automóviles, vehículos de carga, autopartes, máquinas, productos de limpieza, hierro fundido y celulosa.

Paralelamente, los gremios aseguran que las terminales están importando piezas de fundición desde Europa, reemplazando a proveedores locales, lo que agravó la crisis entre las fábricas de componentes radicadas en Buenos Aires, Rosario y San Luis.

El titular de la UOM, Antonio Caló, advirtió sobre la pérdida de 4.000 empleos en el sector metalúrgico.

Pero otros sindicalistas aseguran que la cifra es de 30.000 y podría llegar a 50.000 en pocos meses.

El propio Cabrera informó semanas atrás que las compras de autos a Brasil crecieron 200% en lo que va del año.

Los datos encendieron la alarma en algunos rubros industriales respecto a la protección que ofrece el nuevo sistema de comercio de Licencias No Automáticas, tras la derogación de las Declaraciones Juradas, que limitaban el ingreso de importaciones desde el año 2012.