El Gobierno cerró un primer trimestre de medidas antipáticas y fuertes protestas. En paralelo al fuerte ajuste de las tarifas en los servicios públicos, la administración central se deshizo de 3.500 empleados entre el miércoles y el viernes pasado al no renovar una parte de los contratos que vencían el 31 de marzo.

Así, la cifra acumulada de recortes llegó a 9.700, según datos oficiales.

El Ministerio de Modernización lo dará a conocer este martes en una conferencia de prensa a las 16 en la sede de Saenz Peña al 551.

Allí anunciará además la revisión de 2.500 concursos de un total de 11.000 que habían quedado pendientes.

En tanto, los empleados públicos protagonizarán este lunes una nueva jornada de protestas en la que intentarán ingresar a sus puestos de trabajo. También habrá un paro nacional de docentes de CTERA.

"El número final de bajas es de 9.700, entre contratos y asistencias técnicas con universidades", adelantó a iProfesional un asesor del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. En medio de crecientes reclamos, el funcionario minimizó el impacto de los despidos. "Es gente que no trabaja y la administración funciona normal", afirmó.

Sin embargo, la semana pasada, se vivieron escenas de gran tensión y angustia.

La ola de cesantías arrasó en más de 10 ministerios y dependencias, donde los trabajadores respondieron con asambleas y paros. En algunos casos, increparon a los funcionarios, sin obtener mayores explicaciones. En otros, hubo llantos y rostros de desesperación.

El principal foco de conflicto se produjo el viernes en el Palacio de Hacienda, cuando la policía trató de impedir el paso al personal al edificio, en Balcarce 136, donde funcionan cuatro ministerios.

Allí fueron notificados de 150 despidos hasta que más tarde un interlocutor de Alfonso Prat Gay recibió a la junta de ATE.

El día previo, los trabajadores sortearon los controles en el ingreso y subieron hasta el quinto piso, donde el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, iba a realizar una conferencia de prensa para anunciar el tarifazo en el transporte, que finalmente debió trasladar a Casa de Gobierno.

El viernes también hubo manifestaciones en el Ministerio de Trabajo y el de Justicia, donde se registraron nuevos despidos y la presencia infantería de la Policía Federal.

En la cartera de Jorge Triaca cayeron 250 contratos y desmantelaron áreas como el Programa Asistir, que brindaba asesoramiento legal y gratuito a 180.000 trabajadores.

"Hoy pudimos ingresar a todos con apoyo de delegaciones provinciales, pero siguen llegando telegramas y hay gente que tiene hasta 20 años de antigüedad", dijo a este medio Juan Rebollo, delegado de ATE de la dirección de Discapacidad, quien denunció una "persecución política" contra los trabajadores.

El viernes por la tarde, el ministro de Trabajo adelantó a iProfesional que analizan posibles "errores u omisiones", una práctica que se repite en otras dependencias y que, según ATE Nacional, permitió reincorporar a más de 5.000 trabajadores. No obstante, Triaca ratificó que "hay una decisión política de resolver la no renovación de algunos contratos".

Más temprano, frente a un cordón policial, un millar de trabajadores realizó una asamblea en la planta baja de Alem al 600. Entre cánticos y batucada, resolvieron profundizar las medidas de fuerza, si el lunes no son recibidos por un vocero de Triaca. De las barandas del primer piso colgaban banderas de los gremios, que cifraron en un 80% la adhesión al paro.

Otra ola de despidos

Los empleados estatales iniciaron un plan de lucha el martes pasado por la noche para frenar una nueva ola de despidos y el miércoles coparon los ministerios de Hacienda, Trabajo y Justicia, en una jornada en la que se movilizaron más de 7.000 personas a Modernización.

Las protestas fueron en vísperas del vencimiento de 24.000 contratos precarios de un total de 75.000 que hay en el Estado nacional, incluidos 9.000 vinculados a las universidades. Por el decreto 254 del 29 de diciembre, el Gobierno dispuso revisar designaciones de los últimos años.

La resolución estipula que los puestos creados entre 2013 y 2015 debían renovarse solo por tres meses hasta el 31 de marzo, y que los anteriores continuarán vigentes hasta fines de 2016. Pero las juntas internas afirman que también fue echado personal de mayor antiguedad y de planta permanente.

Por la caída masiva de contratos, ATE Capital estimó en 2.400 los nuevos despidos durante los últimos tres días, aunque ni las juntas ni el sindicato recibieron información oficial. Además advirtió que no les confirmaron la renovación de ninguno de los 24.000 cargos vencidos.

"En muchas áreas y dependencias se va al paro el lunes para reincorporar a los despedidos. Pero creemos que las autoridades apuestan a dilatar todo para que se diluya el conflicto", señalaron desde el gremio liderado por Daniel Catalano.

Las autoridades dieron de baja 100 contratos en Cancillería, donde el viernes hubo una asamblea masiva y una recorrida por el edificio.

Además, hubo 270 cesantías en Migraciones, 220 en Justicia, 100 en Tecnópolis y 60 en Agroindustria.

El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, comunicó el despido de todos los monotributistas del ex Ministerio de Planificación que pasó bajo su órbita. En cambio, conservó al director general de administración, Luis Vitullo, quien fuera hombre de confianza del ex ministro Julio De Vido.

En la Lotería Nacional temían 400 recortes, entre ellos personal de planta permanente con más de 10 años de antigüedad. En tanto, la Biblioteca Nacional suprimió 240 fuentes de trabajo, un 25% de la nómina de la institución.

La Jefatura de Gabinete y Educación sumaron más de 400 despedidos. Los ingresos estuvieron cercados el viernes por patrulleros y efectivos policiales, mientras policías de civil recorrían las instalaciones. Habilitaron una entrada que funcionó como una suerte de retén para filtrar a quienes habían dado de baja. Este lunes, los estatales intentarán volver a su trabajo.