En medio de una semana clave para la causa que desató un escándalo por las ventas de dólar futuro y que involucra desde ex funcionarios kirchneristas hasta la misma Cristina Kirchner (quien deberá declarar hoy ante el juez Claudio Bonadio), los inversores no se quedan quietos y van también contra el Estado.

La ex presidenta está acusada junto al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y al ex titular del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, de tomar la decisión política de vender contratos de dólar futuro a un valor inferior al de mercado, lo que significó un perjuicio para las arcas públicas.

En paralelo, se abrieron otras causas vinculadas al tema. A los pocos días que asumió la actual administración de Mauricio Macri, el 14 de diciembre se emitió la comunicación 657 por la que se declaró una situación de "emergencia" y se resolvió cambiar los precios que originalmente se habían pactado con los inversores.

En otras palabras, se decidió encarecer los contratos para morigerar las pérdidas que originó al Gobierno la venta de futuros baratos (por este motivo el BCRA ya pagó nada menos que unos $70.000 millones).

Fueron muchas las personas físicas y jurídicas que habían comprado estos contratos a precios más bajos y que después de accionaron contra el Rofex –-mercado donde se negocian los derivados de dólar-– y contra Argentina Clearing (ACSA) –-ente encargado de liquidar las ventas–-, ante el cambio unilateral de las reglas del negocio que entienden como una violación de lo pactado originalmente.

Pero ahora también demandaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El pasado 4 de marzo, Ernesto José Martínez, un importador, inició una acción de amparo y solicitó una medida cautelar contra el organismo que conduce Marcos Ayerra.

La demanda, que lleva adelante el abogado Federico Jimenez Herrera, además litiga contra las otras dos entidades, pero interpreta que la CNV incurre en una irregularidad, siendo el ente encargado de supervisar a mercados como el Rofex. En concreto, el demandante exige que se dicte la inconstitucionalidad del "bloque normativo" que declaró la emergencia y a partir de eso, la novación de los contratos.

La acción de amparo –a la que accedió El Cronista– considera que las normas "en forma ilegítima, arbitraria, unilateral y dañosa, ha establecido un mecanismo de intervención en contratos esencialmente librados al libre acuerdo de voluntades, que determina una novación de obligaciones y correctivo de precios que lesiona severamente el patrimonio del actor, como así también la garantía a la igualdad de trato, por el sólo hecho de haber llevado a cabo sus operaciones a través del Rofex, en lugar del Mercado Abierto Electrónico (MAE) en el que sus operadores –a diferencia– no sufrieron ningún tipo de expoliación en su crédito".

Si bien las normas fueron emitidas por el Rofex, lo que los abogados de la demanda argumentan apunta a que la conducta asumida por la Administración Pública Nacional es "ilegítima y antijurídica" porque suponen que el Estado, a través de la CNV, usó al Rofex (hizo fronting) para cambiar los precios y, de esta manera, quiso desilgarse de la responsabilidad del caso para evitar así un costo político.

La medida cautelar ya fue notificada a la CNV que respondió el martes. Ahora la Justicia debe decidir si da lugar al amparo o corre traslado a la demanda. El reclamo que se encuentra en el Juzgado 12 del fuero Contencioso Administrativo Federal. Hasta tanto no resuelvan la inconstitucionalidad, la medida cautelar presentada contra el Rofex y ACSA ordenando el pago todavía está en suspenso.