El Banco Central de Uruguay, a través de su Unidad de Información y Análisis Financieros, la Dirección General Impositiva y la Secretaría Antilavado comenzó a controlar a los estudios jurídicos y sus clientes vinculados a sociedades anónimas offshore.

Es la reacción del gobierno uruguayo a lo que se ha denominado "Panama Papers", la filtración de 11 millones de documentos del estudio panameño Mossack-Fonseca. El gobierno uruguayo juega a varias bandas. DGI busca evasión fiscal en el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, vigente desde 2011 para este tipo de sociedades. BCU y Antilavado rastrean irregularidades vinculadas a negocios o transferencias que podrían servir de pantalla para lavar dinero.

El viernes 8, Impositiva uruguaya inició una serie de operativos para controlar los estudios que comercializan las sociedades offshore con el propósito de constatar si sus titulares habían pagado o no el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Los procedimientos continuaron esta semana. Ayer 40 inspectores de la DGI participaron en las visitas a los estudios jurídicos.

El director del organismo uruguayo, Joaquin Serra, señaló que, en la investigación de la DGI, podrían surgir indicios o pruebas materiales de otros ilícitos (lavado de dinero o fraudes), los que serán enviados a la Justicia Penal o la Secretaría Antilavado.

"Vamos a abarcar la totalidad de estudios relevantes que trabajan con sociedades offshore. No solo estamos investigando sociedades radicadas en Panamá sino también otras radicadas en paraísos fiscales. Estamos investigando todas aquellas situaciones que podrían haber derivado en un mal uso de sociedades offshore", advirtió.

En las inspecciones, los funcionarios de la DGI uruguaya solicitaron a los titulares de los estudios información acerca de las ventas de acciones de estas sociedades. Según Serra, los inspectores pidieron que se identificara a cada uno de los titulares de las sociedades, así como también datos sobre su residencia.

"La información que estamos recabando la vamos a cruzar con bases de datos. Podemos utilizar intercambio de información con otros países. También la cruzaremos con los pagos que los contribuyentes hayan realizado y declaraciones juradas presentadas ante el organismo", dijo Serra. Agregó que también se está recibiendo desde el exterior información de uruguayos vinculados a sociedades anónimas o estudios jurídicos.

En dos estudios jurídicos, los inspectores de la DGI uruguaya debieron incautar la información ante la negativa de los titulares de proporcionar datos sobre las offshore de sus clientes.

Los titulares de esos estudios alegaron secreto profesional. Ese planteo "no corresponde" ante un pedido de datos de titulares de acciones de sociedades offshore por parte de la DGI, afirmó Serra. Si ambos estudios continuaban en la negativa a proporcionar datos, la DGI ya había acordado con la Policía los allanamientos. En los restantes estudios, los inspectores de la DGI obtuvieron colaboración y recibieron los datos, señala El País de Uruguay.

Serra no detalló sobre la cantidad de estudios inspeccionados ni los nombres de los mismos por considerar que rige el secreto tributario sobre esas actuaciones.

El volumen de datos que maneja la DGI "es amplio. Hay mucha información que tenemos que verificar", subrayó el jerarca.

Para ello, Serra creó un grupo de trabajo interno que tendrá como cometido analizar la información que ya tenían y que han recogido en estos últimos días en las inspecciones.

Los integrantes de este grupo harán un estudio caso a caso y se estima como "altamente probable" la detección de evasión fiscal u otras irregularidades. En esos casos, la DGI  uruguaya procederá a la liquidación de los impuestos y la aplicación de multas. El jerarca aclaró que, con estos operativos, la DGI pretende constatar el cumplimiento del pago del Impuesto a la Renta a las Personas Físicas.

Sostuvo que, desde 2011, los rendimientos de capital inmobiliario —préstamos, intereses por depósitos bancarios o distribución de sociedades de residentes— deben pagar ese impuesto. El monto estimado de evasión a la DGI mediante la utilización de empresas offshore ronda los u$s15 millones.

Según Serra, esa es una cifra pequeña para el volumen de dinero que recauda la DGI. Sin embargo, agregó, "más allá del dinero, hay aspectos que como sociedad tenemos preservar. No debemos dejar la sensación de que hay personas que como tienen poder económico o posibilidades de armar una ingeniería sofisticada, están en condiciones de evadir" impuestos.

Por su parte, la Secretaría Nacional Antilavado uruguaya definió que el martes 19 comenzará con su inspección a varias firmas mencionadas en los "Panama Papers". "Va a haber casos que se van a controlar. No se veía la necesidad de alterar el plan de acción que ya se tenía pero decidimos que debemos hacerlo", afirmó Carlos Díaz, titular de la Secretaría Nacional Antilavado, que concurrió a la comisión de Diputados sobre el Lavado de Activos.

"Esos casos van a ser controlados", insistió, aunque no dijo de qué estudios o firmas se trata. Aclaró que no son situaciones que ya estén en la justicia.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central uruguayo también comenzó a cruzar información de sociedades anónimas y sus titulares a efectos de verificar la legalidad de las actuaciones y, eventualmente, el origen de los fondos que manejan.

En un documento de 2014, al que accedió El País de Uruguay, el argentino Néstor Ramos, administrador del Helvetic Services Group (empresa que habría canalizado dinero proveniente de actividades ilícitas de la familia Kirchner desde Uruguay) aclara que "el Estudio Damiani así como cualquiera de sus miembros o asociados, ya sean personas físicas y/o jurídicas, accionistas, empleados y/o directores, no tienen ni han tenido control en la gestión de nuestra empresa".

El documento fue certificado por un escribano en la ciudad suiza de Lugano, donde residía Ramos, el 13 de octubre de 2014. En el documento Ramos también señala que no ha mantenido una relación de dependencia con el estudio Damiani y que es un prestador independiente de servicios profesionales.

Ramos ha sido señalado como "testaferro" de Lázaro Báez, el empresario de la construcción argentino al que se vincula con negocios ilícitos del fallecido presidente argentino Néstor Kirchner y su esposa Cristina.

Damiani dijo que "Helvetic no es Damiani". Con respecto a Ramos señaló que "nos proveyó servicios" y que estaba "recomendado por los principales bancos del mundo". El presidente de Peñarol dijo estar "realmente dolido" por las denuncias que lo involucran y que es "el primero" que quiere que todo se aclare. En el programa Damiani insistió en que su estudio, en el que trabajan unas 60 personas, siempre analizó los antecedentes de sus clientes.

A la Secretaría Nacional Antilavado uruguaya le provoca "incertidumbre" no saber cuál es la conexión del dinero K una vez que llega a Uruguay, y si hay vinculaciones con organizaciones financieras locales. El organismo pedirá a Argentina que "colabore" dando información sobre los contactos en Uruguay, anunció en el Parlamento el titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz, luego de reunirse con la comisión de Diputados sobre el Lavado de Activos.

"Queremos saber a quién se le da el dinero, quién lo introduce al sistema y a qué institución va. La apuesta nuestra es al control interno", subrayó. Es fundamental que se los identifique. Estaríamos frente a delincuentes uruguayos que colaboran con los argentinos", remarcó Díaz.

La "apuesta" de la Secretaría es "que el sector financiero haga los controles suficientes como para que aquel que deposita o hace transacciones con ese dinero esté perfectamente identificado. Si tenemos dinero que no sabemos adónde va, tenemos que inferir que hay centros o alguien que recibe ese dinero y lo está colocando", sostuvo Díaz.

"Pediremos la colaboración de la justicia argentina y que se nos diga adónde va ese dinero una vez que pasa por la frontera", anunció, porque "es una cosa que nos tiene con incertidumbre. No resulta creíble que alguien venga con u$s5 millones y los deje en el baño del aeropuerto", razonó.

Según el jerarca, "lo que preocupa son las instituciones financieras uruguayas y también lo no financiero, es decir los sujetos obligados al control financiero". Díaz entiende que la justicia uruguaya hará suyo el planteo de la Secretaría porque "es imprescindible identificar esa fuente de depósitos ilícitos".