Un informe entregado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al juez federal Sebastián Casanello complica la situación del ex titular del organismo de recaudación, Ricardo Echegaray.

En el trabajo se informa cómo se protegió con una serie de maniobras a Austral Construcciones de Lázaro Báez en el caso de las facturas truchas de Bahía Blanca, incluida en la causa de la "ruta del dinero K".

Echegaray debe declarar como imputado en la causa el 3 de mayo próximo. Casanello considera la multimillonaria evasión impositiva de las empresas de Báez como el delito precedente de las maniobras de lavado de dinero.

La principal acusación contra el ex titular de la AFIP consiste en haber disuelto la regional Bahía Blanca de la DGI para frenar una investigación sobre la entrega de facturas apócrifas por lo menos por $16 millones del 2012.

El informe, según revelaron fuentes judiciales a Clarín, puntualiza que Constructora Patagónica Argentina le entregó facturas por casi $16 millones a Austral y que está era casi su única clienta.

Más adelante afirma que tras el desplazamiento de 36 inspectores de la delegación Bahía Blanca se entregó "información sesgada, parcializada y subjetiva" a la Justicia. El informe complica a Echegaray y también al ex jefe de la DGI, Ángel Toninelli, quien viajó en aviones de Top Air con su hijo y con Martín Báez, uno de los procesados en la causa de la "ruta del dinero K".

Otras de las acciones que deberá explicar Echegaray es por qué la dirección Microcentro de la DGI validó en el 2008 "una indemnización" de u$s56 millones que le pagó una empresa fantasma de Curazao a Austral por un hotel que no se construyó en una isla del Caribe frente a Belice".

Se trata del proyecto del hotel de Cayo Chapel donde Austral afirmó que invirtió u$s100 millones. Llamativamente, Máximo Kirchner presidió una consultora que se llama Chapel y que terminó dando de baja.

El informe también advierte que nunca se había fiscalizado a Terrafari SA y a Austral Agro, entre otras irregularidades y apunta al escribano de la familia Kirchner, Ricardo Albornoz.

En sus conclusiones, asegura que el Grupo Pena "fue constituido al solo efecto de generar facturación falsa", al igual que el Grupo Suris, cuyo titular, Juan Suris, está investigado en Bahía Blanca por lavado de dinero.