La llegada de las nuevas autoridades a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejó al descubierto una trama de encubrimiento que incluye a la regional de Rio Gallegos y al empresario patagónico Lázaro Báez.

El equipo de Alberto Abad hizo llegar al juez Sebastián Casanello una serie de informes que ponen en la mira no sólo a la familia Báez, sino también a la cuñada de Máximo Kirchner, la ex controladora de la regional y ahora senadora nacional Virginia García.

Estos documentos exponen cómo funcionó la AFIP durante la gestión de Ricardo Echegaray y del entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Rubén Toninelli. Todos se encuentran ahora bajo la lupa judicial en varias causas sobre Báez y Cristóbal López.

"En los casos de las inspecciones a Báez, Lázaro, y Báez, Martín, los casos se habían iniciado en 2013 en la Dirección Regional Río Gallegos. En los casi tres años transcurridos desde el inicio de las inspecciones el avance verificado fue virtualmente nulo", alertó el primer informe.

Firmado por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, el documento citado por La Nación también detalla cómo desde la AFIP le retacearon información al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, mientras intentaba investigar.

"Pese a que el Dr. López Biscayart habría ordenado la fiscalización de la firma Austral Construcciones, lo único que se habría hecho es la compulsa de sus acreedores con la base de facturación apócrifa, no realizándose una verdadera fiscalización profunda sobre la realidad de las operaciones comerciales que declara la empresa como crédito fiscal", indicó.

Las omisiones de los sabuesos de la AFIP abarcaron múltiples áreas de negocios de Báez, entre los que sobresalen la operatoria comercial con los hoteles de la familia Kirchner y la facturación trucha emitida por varias sociedades de Bahía Blanca.

Los movimientos de fondos bajo sospecha en esa ciudad se centraron en tres sociedades (Calvento, Grupo Penta y Constructora Patagónica) que fueron investigados por Carlos Blanco y Silvia Huici hasta que fueron desplazados de sus puestos.

"Resumiendo -indicaron Blanco y Huici- se cambiaron las jefaturas a cargo de las fiscalizaciones vinculadas con las facturas 'usina' detectadas (disolución de la Dirección Regional), se evitó solicitar información a Austral Construcciones, reteniendo el requerimiento del investigador (jefatura de Norberto Filipini), se calificó rápidamente a Calvento SA como contribuyente apócrifo (escasas operaciones) y se mantuvo como contribuyente normal a Grupo Penta, con una más que evidente actitud de justificación de las presuntas operaciones realizadas con Austral Construcciones".

Según remarcó Mecikovsky, el ocultamiento desde la AFIP también alcanzó a los $13,4 millones que Grupo Penta le facturó a Austral Construcciones. "No hay constancias de que esto le haya sido informado al doctor Javier López Biscayart", aclaró.

La protección a Báez también abarcó el ingreso en los balances de Austral Construcciones de $254 millones provenientes de Belice, tras una supuesta operación con sociedades inactivas en Curazao. Esos fondos, que equivalieron a unos u$s56,3 millones, ingresaron a la constructora tras un supuesto fallido proyecto en Belice.

Pero para las nuevas autoridades de la AFIP, eso quedó en duda. "La Dirección Regional Microcentro se limitó a verificar el reflejo bancario del ingreso del dinero, sin validar la existencia real del origen", precisó el nuevo reporte.

La inacción de los sabuesos fue aún más elocuente ante otra empresa de Báez, Austral Agro, que adquirió varios inmuebles rurales, y frente a Terrafari SA, una de las sociedades sospechadas de proveer de facturas truchas a Báez. En ambos casos, "nunca" se las fiscalizó.

Ante ese cuadro, Mecikovsky -que podría ser citado a declarar por la Justicia para aportar más información- comunicó además varias decisiones que adoptaron los nuevos titulares de la AFIP, Alberto Abad, y DGI, Horacio Castagnola.

"Se ha dispuesto la reinspección de Austral Construcciones, el inicio de la inspección de Austral Agro, el cambio de titularidad de las inspecciones de Martín y Lázaro Báez [que estaban en Río Gallegos], todos ellos [a partir de ahora] en la órbita de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior y a cargo de la Dirección Regional Mar del Plata", sostuvo.