Su pasado empresario le trajo al presidente Mauricio Macri algunas situaciones incómodas. La más engorrosa fue su participación como director en una sociedad offshore que había creado su padre, Franco.

Ahora se dio a conocer que dos compañías socias de la familia Macri le están haciendo juicios millonarios en tribunales internacionales al Estado que él mismo conduce. Si bien se trata de demandas que comenzaron antes de que el exjefe de Gobierno porteño ganara las elecciones, su resolución dependerá de las negociaciones que mantenga su propio gobierno con los demandantes privados.

La empresa alemana Hochtief tiene un juicio contra la Argentina en el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre compañías y Estados, por el incumplimiento del contrato de la sociedad Puentes del Litoral, que tenía desde 1998 la concesión de obra pública por peaje con subvención, la construcción, conservación, mantenimiento, administración y explotación del puente Rosario-Victoria, que une Santa Fe con Entre Ríos.

La compañía pide una indemnización superior a los u$s100 millones. Aunque el tribunal ya falló en contra del país, aún no le puso un número final a la sentencia, lo que debería surgir de un acuerdo entre la empresa y el Estado.

Con el 26%, Hochtief es el accionista mayoritario de un consorcio que también integraban la italiana Impregilo, con un 22% de acciones en forma directa y un 4% a través de Iglys; Roggio (20%), y Sideco Americana (19%), la empresa en la que convergen los negocios de la familia Macri, hoy a cargo sobre todo de los hermanos del Presidente (el principal accionista de esta última es Socma -Sociedades Macri-, dueña del 59,61% del capital). En ese consorcio también estaban Techint (8%) y, con apenas un 1%, Iecsa, la constructora que quedó en manos de Angelo Calcaterra, primo de Macri, indicó el diario La Nación.

Puentes del Litoral está en proceso de disolución desde el 30 de junio de 2014, trámite a cargo de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Con la promulgación de la ley de emergencia económica, tras la crisis de 2001, comenzó un proceso de renegociación del contrato de concesión con el Ministerio de Economía, un trámite que se diluyó por años.

En 2013, la empresa presentó una demanda judicial contra el Estado por la rescisión del contrato de concesión. En agosto del año siguiente, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) declaró la rescisión. Pero el gobierno de Cristina Kirchner había ejecutado la garantía de operación y mantenimiento de las obras, algo que la sociedad de la empresa alemana y los Macri impugnó en la Justicia. En abril del año pasado, amplió la demanda. En noviembre, casi al mismo tiempo en que el electorado convertía en presidente a Mauricio Macri, el expediente fue remitido a la Fiscalía Federal de la Nación, por lo que el conflicto continúa.

El caso de Abertis también es paradigmático. La empresa española es la principal accionista de Ausol, concesionaria de la Panamericana, a cargo de la operación de la avenida General Paz y del Acceso Oeste (en este caso la empresa es GCO), con un 49% de la empresa. La siguen Impregilo International, con 24%, y Sideco, de los Macri, con el 7%.

Sideco es accionista de Ausol desde 1994. En 2001 vendió la mayoría de su capital. Las acciones remanentes están en el dominio fiduciario del Citibank. Pese a eso, ni la empresa ni el banco participan de las asambleas de accionistas.

Abertis presentó el año pasado una demanda contra el país en el Ciadi por las demoras en la renegociación de su contrato y las dificultades que trajo a su negocio el retraso en las tarifas. El encargado de llevar el litigio es el estudio norteamericano Freshfields Bruckhaus Deringer, con sede en Washington. El caso fue registrado en el Ciadi el 17 de diciembre de 2015, una semana después de que Macri juró como presidente.

Fuentes al tanto de las negociaciones sostienen, sin embargo, que el proceso había comenzado mucho antes. Varios documentos corroboran las molestias de Abertis y de Ausol con la política vial de los Kirchner.

El año pasado, por caso, el Occovi le pidió a la empresa que le acercara un plan para hacer sustentable su negocio. El 19 de mayo su director ejecutivo, Gustavo Gentili, le reclamó a Ausol que presentara un documento con un plan económico-financiero que permitiera equilibrar el contrato de concesión, pero nunca avanzó en el pedido.

Pese a que la demanda de Abertis continúa en el Ciadi, el gobierno de Macri comenzó a tratar el tema. En el marco de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se creará un sector que atenderá en forma exclusiva los grandes juicios contra el Estado.