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Es por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. Ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos
14/05/2016 - 03:08hs

El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, dictó el procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa por el dólar futuro.

Se trata de la misma causa que la obligó a viajar a Buenos Aires hace un mes para presentarse en Comodoro Py.

También procesó al exministro Axel Kiciloff, al ex titular del BCRA Alejandro Vanoli y a otras 12 personas que quedaron imputadas.

Ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos cada uno.

Según la resolución, con relación a la intervención de Cristina Kirchner y Axel Kicilloff, "es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del B.C.R.A. de u$s5.000 millones a u$s17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional".

"Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones -que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del B.C.R.A. y por supuesto, a los directores de la C.N.V., todos los cuales -es preciso resaltarlo- eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento", agregó.

En el fallo, en el que se pueden leer los motivos de la imputación, Bonadio destacó que "para poner un ejemplo en el que entre el azar y dos partes contrapuestas, podemos decir que cuando alguien juega en un casino al juego de la ruleta, juega contra la 'banca -el dueño del Casino- y si apuesta un pleno juega contra otros 36 (treinta y seis), tenemos entonces dos partes y el azar en esta situación de equilibrio".

Al continuar la explicación, destacó que "si el cliente se da cuenta que la ruleta está descompuesta y siempre la bola cae en el número 11 se pierde el azar y el casino perderá indefectiblemente cada vez que se tire una ronda de apuestas".

El juez cree que Cristina cometió el delito de fraude, al ordenar que se hagan operaciones con el dólar en el mercado de futuro a un precio muy por debajo del mercado, una situación que -tras la devaluación que sinceró el tipo de cambio- obligó al Estado a pagar la diferencia entre el valor real y el del billete al momento del cierre del contrato, lo que provocó una millonaria pérdida para el fisco.

Para el magistrado, estas maniobras por parte del BCRA "excedían la capacidad de decisión burocrática de sus directivos (y) no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional".

Cristina -junto con otras 11 personas-, fueron acusadas por el supuesto delito de "defraudación a la administración pública", prevista en el artículo 174 del Código Penal, que fija penas entre dos y seis años de prisión para quien estafara al Estado ocasionándole pérdidas.

También cree que la ex presidente encabeza una "asociación ilícita".

Para el juez, la ex mandataria "formar parte de un grupo de funcionarios... que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico-administrativas y cuyas características se describirán más adelante, en violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos".

Las otras tres causas que preocupan a CristinaAdemás del dólar futuro, la ex mandataria está imputada e investigada en otras causas

1. La "ruta del dinero k"

El fiscal Guillermo Marijuan la imputó por lavado de dinero.

Se dio luego de que Cristina Kirchner fuera mencionada por Leonardo Fariña en su extensa declaración del viernes pasado 8 de abril ante el juez Sebastián Casanello.

El financista y ex "valijero" arrepentido habló de sus visitas a la Quinta Presidencial de Olivos cuando ella era presidente de la Nación.

2. El caso Hotesur

La ex mandataria también está siendo investigada por supuesto lavado de dinero junto a Néstor Kirchner.

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En esta causa se investiga la operatoria hotelera de la familia con diversos empresarios, como Lázaro Báez y Cristobal López

Ellos alquilaban por sumas millonarias las habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner sin ocuparlas.

Según la diputada nacional Margarita Stolbizer, una de las impulsoras de la investigación, esta causa está íntimamente relacionada con las maniobras de La Rosadita.

3. El caso Los Sauces

Los Sauces S.A. es otra de las sociedades que la familia Kirchner utilizó para realizar operaciones inmobiliarias con Austral Construcciones, la empresa de Báez.

La sociedad presenta contradicciones entre lo que declaró ante la AFIP y lo que dejó asentado en los documentos públicos del Registro de la Propiedad Inmueble.

Estas inconsistencias fueron parte de una denuncia que presentó también Stolbizer por falsificación de documentos públicos.

La militancia K, indignadaConocida la noticia del procesamiento por la causa de dólar futuro, la militancia K se manifestó en apoyo de la mandataria, tanto en redes sociales como en medios televisivos.Máximo Kirchner responsabilizó al Gobierno nacional, a "sectores del Poder Judicial" y a medios de comunicación y consideró que “una cosa son las investigaciones y otras son las persecuciones".

"No tienen nada. Las pruebas están todas construidas con los diarios", se quejó Kicillof, quien adelantó que en los próximos días apelará la decisión de la Justicia.

"Los que ganaron, se forraron de plata, fueron todos del PRO, que después son los mismos que devaluaron".

Para el ex ministro, el sector político anti-kirchnerista busca una "proscripción" de la ex mandataria "a partir de causas judiciales". 

Otro que salió al ruedo fue Vanoli, también procesado: "Yo era un obstáculo para la maxidevaluación. Durante mi gestión bajó la inflación y el dólar ilegal, subieron depósitos y créditos. En cambio, en la actual se maxidevaluó, se duplicó la inflación, los depósitos no crecen, cae el crédito y se generó una recesión".

¿Por qué sólo se cuestiona mi gestión, y no lo ocurrido antes o después?", preguntó. "Porque quisieron que el Gobierno anterior termine mal, porque querían sacarme del Banco Central para devaluar y para que no haya supervisión", respondió.

En redes sociales, la militancia K salió rápidamente en apoyo de la ex mandataria.

"El objetivo de la persecución a Cristina no es la justicia sino la proscripción: buscan sacarla de la cancha #DolarFuturo", señaló el diputado del FpV Eduardo "Wado" de Pedro en su cuenta de Twitter.

También sostuvo que quieren ocultarle a la sociedad los "efectos tremendos" del "tarifazo", la inflación y los despidos.

La etiqueta #CFKprocesada fue "trending topic" (tema del momento) en la red social en Argentina desde que se conoció el procesamiento.

La exjefa del bloque de diputados del FpV, Juliana Di Tullio, utilizó su cuenta para acusar al juez de "ser parte de la patota (pandilla) de persecución política".

Además, advirtió que el objetivo es tapar la realidad del "desastroso" Gobierno con una "persecución digna de una dictadura".

Andrés Larroque, diputado y secretario general de La Cámpora, destacó que el propio Bonadio está imputado por "permitir el cobro" de los contratos de dólar futuro. Y denunció que no procesaran al vicejefe de Gabinete de Ministros, Mario Quintana, dueño de Farmacity, también imputado en la causa.

"Una maniobra más para tapar el desastre social del plan económico de Macri", dijo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el extitular de la Afsca, Martín Sabbatella, aseguró que los mayores beneficiarios del dólar futuro forman parte del "staff presidencial", que consiguieron una "renta extraordinaria" con la devaluación.

Los 10 puntos de la defensa de CristinaEn tanto, la defensa de Cristina Kirchner argumenta que no es un tema judicializable. 

Desde el círculo más próximo a la ex mandataria afirman que el Banco Central es una entidad autárquica, que toma sus propias decisiones en las tareas que son de su competencia.

Además, remarcan que afirmar que se vendía dólar futuro a un valor artificialmente bajo implica entonces meterse en otra discusión: cuál es el precio correcto y cómo se lo define. 

Y que, en todo caso, si hay alguien a quien culpar por la pérdida de $77.000 millones que le costó al BCRA la venta de esos contratos a los bancos, es al propio Macri, por haber devaluado la moneda.

De ser judicializable, entonces -si habría que pedir autorización para efectuar una transacción millonaria- sería imposible desarrollar una política económica.

Distintos ex funcionarios que fueron denunciados desestiman la presunta responsabilidad en esta materia de Cristina. Más aun, señalan que:

1. Se hizo una imputación a partir de decisiones que eran coherentes con su visión de la economía, que era la de contener el índice inflacionario usando el dólar como ancla.

2. Los acuerdos suscriptos "permitieron reducir la inflación del 38% anual (septiembre de 2014) al 24% (noviembre de 2015), tomando como referencia el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires. 

3. No se afectaron las reservas del Banco Central porque los saldos se pagan en pesos.

4. Al haberse operado en mercados locales (Rofex y MAE), no se obtenían ganancias por los precios vigentes en otras plazas. Por caso, el contado con liquidación o dólar bolsa.

5. El Banco Central no benefició a ningún individuo grupo económico en particular porque se pactaban a través del sistema conocido como ‘pantalla ciega’. Es decir, no había manera de conocer quién está comprando (los futuros) ni tampoco de elegir a quién vendérselos.

6. Cada vez que el Banco Central interviene en un mercado lo hace “con fines regulatorios del precio de mercado”, cualquiera sea ese precio: la tasa de interés, el dólar presente, los contratos en pesos atados al valor futuro del dólar, los títulos públicos.

7. Si el Banco Central lleva perdidos cerca de $55.000 millones al día de hoy, esto es pura exclusiva responsabilidad del actual Gobierno, que decidió liberar el tipo de cambio.

8. El salto del dólar de $9,80 hasta un máximo de $16 amplió las pérdidas que debe soportar el BCRA, al tener que pagar la diferencia entre el valor estipulado en los convenios y la cotización vigente del billete verde al concluir el mismo. 

9. Las operaciones se concretaron a precio de mercado y se actuó conforme las previsiones fijadas en el Presupuesto 2016 que fuera aprobado por el Congreso.

10. Las operaciones de futuros no fueron denunciadas como nulas en la Justicia por la nueva gestión del BCRA. La decisión efectiva de cumplir con las obligaciones emanadas de esos acuerdos ratifica que las nuevas autoridades los dieron como válidos legítimos.

Por otro lado, sostienen que la política que está implementando hoy en día el Central (mantener altas tasas de interés mientras, en simultáneo, intervenir en el mercado cambiario para contener al dólar) también podría ser vista como una transferencia de ingresos hacia el sector financiero.

En otras palabras, las decisiones que hoy día toma Federico Sturzenegger, actual titular de la entidad monetaria, pueden ser interpretadas en el sentido de que beneficia a un grupo de inversores que hacen la "bicicleta".

Esto es, comprar Lebacs para hacerse de un rendimiento del 38% para luego adquirir más billetes verdes.

En este sentido, así se expresó Kicillof: "Esta operación ya acumuló una deuda de $475.000 millones en forma de LEBAC. Si se mide desde la perspectiva de las pérdidas, el Banco Central va a perder una fortuna. El costo de esta medida será de más de $150.000 millones en el año”. 

Es decir, una cifra muchísimo más elevada que la denunciada en el expediente de dólar futuro. Entonces, se podría acusar a las autoridades de operar "fuera del precio de mercado" y causarle un gigantesco quebranto al BCRA.

Si bien el ex ministro y actual diputado se mostró en desacuerdo con pagarles a los banqueros una tasa del 38%, remarcó que "se trata de una política económica liberal de este Gobierno". 

"Se puede estar de acuerdo o no, pero seguro no es materia del derecho penal, no es ilegal y no es delito", completó.