El presidente Mauricio Macri anunciará junto al titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, el pago de 50.000 juicios a jubilados que tienen sentencia firme en la Corte Suprema de Justicia. 

El presupuesto prevé destinar $12.500 millones para cumplir con estas obligaciones. Tendrán prioridad de cobro los casos de edad avanzada (hay muchos de entre 85 y 99 años), enfermedad terminal y situaciones extremas. 

No se descarta que les hagan una propuesta con quita y pago en bonos y cuotas a los otros 300.000 juicios que tienen sentencia pendiente, cuya aceptación sería voluntaria.

Son juicios por liquidaciones realizadas en forma incorrecta tras la crisis de 2001, cuando el Gobierno actualizaba sólo el haber mínimo, lo que produjo una avalancha de demandas, amparados en el fallo Badaro, que determinó que las jubilaciones debieron haber variado entre 2002 y 2006 igual que los salarios de los trabajadores activos, lo que equivale a una actualización del 88,5% por ese período. 

Hay varios borradores circulando en los despachos oficiales con diferentes alternativas: mitad con cash del Tesoro y mitad de ANSES, o 50% pago al contado y el resto en cuotas o en bonos, aunque todo puede ser modificado una vez que llegue el proyecto de ley al Congreso. 

La otra alternativa es la vía de un decreto que posibilite utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), indicó El Cronista Comercial.

El decreto es por si se quisiera utilizar una parte del FGS para pagar deuda a jubilados; pero no se habló de ninguna venta de acciones por decreto. Las acciones están dentro del FGS (en custodia), pero si se venden será por ley y lo determinará el Congreso, como así su porcentaje.

Con el decreto se puede vender títulos de la deuda pública y cancelar plazos fijos, que son el 70% del FGS y pagar parte de la deuda a los jubilados.

El fondo hoy es de $750.000 millones: el 13% son las acciones de empresas, el 70% es títulos de deuda y plazos fijos, y el resto otras inversiones.

En Banco Nación tienen los plazos fijos por $ 8500 millones, pero ese dinero lo usan para créditos hipotecarios. De títulos públicos hay $ 429.000 millones, pero de esos líquidos son $ 100.000 millones, sobre todo Discount 2033, Bonar 2018 y 2019, que podrían entregar por mercado, por lo que les va a sobrar dinero para pagar los juicios vendiendo bonos.

Sergio Massa y su bloque pedían a la ANSES un enroque de acciones por obligaciones negociables, pero no hay mercado para reemplazar acciones por deuda privada.

Si bien el massismo no quiere que se vendan acciones, sí acepta vender títulos públicos.

La venta de las acciones del FGS sería una opción casi descartada en una primera instancia, aunque podría reactivarse en una segunda etapa, ya que debería salir por ley a través del Congreso. 

En rigor, hay ofertas por u$s 1250 millones de BlackRock, JP Morgan y Bank of America para un primer tramo, porque la colocación de acciones es más compleja que la de títulos públicos. La estrategia será desarmar en cuotas respetando el orden del Merval.

Las más favorecidas van a ser Aluar (tienen muy pocos papeles estando en el panel líder) y Comercial del Plata, que no tiene acciones. Las más afectadas pueden ser bancos, sobre todo Macro, Consultatio y Mirgor, donde dicen que ya habría una venta preacordada.