Durante una sesión especial, el Senado convirtió en ley por unanimidad un proyecto que sustituye el artículo 4 de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor.

La iniciativa, que venía en revisión desde la Cámara baja, modifica la norma en lo que tiene que ver con la información que el proveedor está obligado a suministrar a los consumidores.

A través de la modificación se establece que “el proveedor está obligado a suministrarle al consumidor” en forma clara y detallada “todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y los servicios que provee y las condiciones de su comercialización” a través de soporte físico, a menos que el cliente opte por recibir información a través de otros medios.

Se trata de un reclamo hecho por el gremio de los Camioneros contra el servicio de correos, privado y estatal, para forzar la posibilidad de que los resúmenes de cuenta de las tarjetas y las promociones sigan enviándose en soporte papel, indicó Parlamentario.com.

Luis Naidenoff destacó que la propuesta fue acompañada por unanimidad en la Cámara de Diputados y que consiste en que “la opción la pueda tener el propio consumidor”.

El miembro informante aseguró que “el soporte físico para muchos consumidores es esencial” y que el medio electrónico “es un avance, pero hay cuestiones que no se pueden obviar”.

Además, mencionó que según el Censo 2010 “el 53% de los hogares no tienen una computadora” y en Argentina “hay muchos lugares que no tienen conectividad”.

Finalmente, el senador subrayó que la modificación de la ley tiene dos objetivos “la defensa de los consumidores y la preservación de los puestos de trabajo”.

En este sentido, el salteño Rodolfo Urtubey recordó que la utilización del medio electrónico “ya estaba generando pérdidas de fuentes de trabajo”, y con la aprobación del proyecto se “va a preservar una industria como es la gráfica”.

Por su parte, Liliana Negre de Alonso afirmó que “no se puede eliminar el papel” y aludió al perjuicio que el soporte digital le produce a las personas mayores.

Además, fustigó que “el Banco Central no puede modificar leyes con sus resoluciones: esa es una facultad del Congreso y debe obedecerse”.