Una de las frases preferidas de Cristina Kirchner, cada vez que era criticada por el exceso de gasto público, era: "Como los privados no quieren poner la plata para invertir, la tiene que poner el Estado".

Si bien era una manera muy particular de interpretar el principio contra-cíclico del keynesianismo, lo cierto es que le permitió sostener el nivel de actividad relativamente estable hasta el final de su mandato.

Claro que para la mayoría de los economistas, esa causalidad era exactamente la opuesta.

Afirmaban que si los privados habían reducido las inversiones (de un 24% al 17% del PBI, entre 2004 y 2015) esto ocurría porque el Estado ejercía una presión impositiva asfixiante y un intervencionismo intimidante.

Junto con el gasto público, el otro gran pilar del modelo K era el incentivo al consumo, al considerar que una demanda interna robusta era la forma de impulsar la producción y motorizar la economía.

En esta Argentina, repleta de paradojas, se observa que el Gobierno de Macri -presuntamente en las antípodas del pensamiento K- ahora está repitiendo ese mismo argumento con otras palabras.

Hace pocos días, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, advirtió a los ejecutivos de compañías que si se siguen mostrando reticentes a invertir entonces van a perder su oportunidad. "Si no viene de adentro, va a venir de afuera", dijo en relación a los desembolsos.

"Algunos empresarios se equivocan cuando esperan que uno resuelva hasta el último renglón de su lista de preocupaciones. En cualquier lugar del mundo, el empresariado toma riesgos porque ve una oportunidad. Acá falta eso", cuestionó el funcionario.

Más explícito aun fue el senador Federico Pinedo, quien no sólo se quejó de la falta de colaboración sino que directamente los responsabilizó por la inflación.

"Muchos no ayudaron, hicieron lo contrario, aumentaron los precios de forma descomunal y ahora los tienen que bajar de forma descomunal", sentenció.

Por lo pronto, los funcionarios parecen tener muy en claro que no alcanza con quejarse del sector privado. De hecho, hasta han asumido la idea de que como "no quieren poner la plata", entonces debe ser el Estado quien lidere la recuperación económica.

Todo esto sucede a un mes del anunciadísimo punto de inflexión del segundo semestre.

El plan, entonces, consiste en retomar algunas políticas kirchneristas pero en un contexto de mayor libertad económica, ya sin cepo cambiario, habiendo salido del default y sin el lastre del retraso tarifario.

Por lo pronto, la cañones de la reactivación apuntan a la obra pública. 

Con los poco más de u$s4.000 millones que lleva gastado en el año, el Gobierno recién se arrimó a un 22% de lo que la gestión kirchnerista erogó por este rubro durante el 2015.

El equipo económico está convencido de que un alto porcentaje de ese dinero se iba en la corrupción escondida en sobreprecios y que con una inversión muy inferior puede equiparar el nivel de actividad.

Un funcionario revelaba a iProfesional que en las primeras semanas de gestión la orden era "pisar" todos los pagos a proveedores y contratistas para extremar el cuidado fiscal. Eso cambió radicalmente y ahora la consigna es absolutamente la opuesta. 

Prat Gay ordenó agilizar la ejecución de las partidas presupuestarias y no quiere que quede un solo peso sin gastar en obra pública.

Los datos que trascendieron apuntan a que para el segundo semestre el nivel de inversión en infraestructura ascenderá a unos u$s8.500 millones, de modo tal que antes de que termine este año ya se puedan mostrar números positivos en términos de actividad económica.

"Esperamos un repunte para el último trimestre a partir de la obra pública, de la recomposición de la demanda y de la mejora del sector agrícola", pronostica el influyente Orlando Ferreres, quien acaba de medir una contracción de 4,9% del PBI en abril.

Todas las fichas al consumo de "los abuelos"

Ningún plan "keynesiano" se completa sin un aliciente al consumo, que no sólo es bueno para la economía sino que también tiene su alto impacto político.

Como saben todos los gurúes de campañas electorales, en la Argentina el buen humor del consumidor se traduce en votos y las legislativas de 2017 no están tan lejos.

Precisamente el consumo ha sido el rubro más castigado en estos primeros meses, a raíz del tarifazo y porque las paritarias no han logrado empardar la inflación.

Es ahí donde juega su rol la "reparación histórica a los jubilados" que contaba con fallos firmes de la Justicia para cobrar incrementos mayores a los fijados durante la gestión K.

El monto total que el Estado deberá poner en sus bolsillos podría elevarse a los u$s20.000 millones, de los cuales la cuarta parte se pagaría de inmediato y en efectivo (si se asume que los juicios en trámite tendrán sentencia favorable).

Si hay un sector de la sociedad propenso a volcar todo este dinero al consumo y limitar sus ahorros a un nivel mínimo, es el de los jubilados.

En consecuencia, es razonable suponer que estos pagos serán, desde el punto de vista de Macri, un negocio redondo.

-Primero, porque cumple una promesa de campaña y le gana al kirchnerismo en uno de sus rubros preferidos.

-Segundo, porque logra compensar el bajón del consumo sin que eso implique un riesgo inflacionario.

-Tercero, porque resulta muy rendidor para el discurso político. Algo que ya dejó en claro el ministro del interior, Rogelio Frigerio: "Nuestra idea es que a los abuelos los financien los que más tienen, vamos a terminar con una deuda enorme con ellos".

Lo que se dice, un discurso plagado de "justicia social". Con el beneficio adicional de que si esa masa de dinero se vuelca al consumo, habrá también un correlato en la mejora de la recaudación.

¿Quién paga?

Ante la pregunta sobre cómo se financiará el plan reactivador aparecen dos respuestas. 

La oficial: los fondos provendrán del blanqueo y de la llegada de inversiones externas.

La extraoficial: el Gobierno apuntará a un "relax" en su objetivo fiscal.

En cuanto al blanqueo, está por verse el grado de éxito de la iniciativa. Son días de entusiasmo y hasta de euforia entre los funcionarios del equipo económico, que desde la liberación del cepo se vienen anotando victorias.

Eso lleva a pensar que la meta deslizada por Prat Gay, de unos u$s60.000 millones, tal vez no suene tan disparatada como pareció en un comienzo, cuando el mercado recordó el desastroso final del plan Cedin lanzado por Cristina Kirchner en plena escasez de divisas.

Por lo pronto, hay varios factores que diferencian el momento actual de los intentos de blanqueo realizados por los funcionarios K. 

Ahora, con un Gobierno recién asumido, el marco de confianza es más alto. Pero, por si eso no alcanzara, el implacable calendario del acuerdo internacional de la OCDE marca para 2017 el fin del secreto bancario tal como se lo conoce.

De manera que hay una razonable expectativa de éxito, si bien todavía no se ve con claridad qué puede ser entendido por el Gobierno como "éxito" en esta etapa de su gestión.

¿Por qué? Porque ahora mismo la prioridad absoluta no es el ingreso de dólares, ya que no hay desesperación por engordar las reservas del Banco Central. 

Por el contrario, los funcionarios confiesan que están empezando a preocuparse por el riesgo de incurrir nuevamente en el atraso cambiario.

De hecho, pese a que el presidente del Central, Federico Sturzenegger, había dicho que no era partidario de comprar masivamente dólares para sostener la cotización (porque debe adquirirlos con pesos que debe volcar a la plaza y eso genera inflación) es eso mismo lo que se está haciendo. 

Tal es así que en lo que va del mes ya se superaron los u$s1.000 millones de compras de billetes verdes por parte de los bancos públicos.

Bien diferente es la situación de la otra caja, la de la moneda local. 

La recaudación tributaria viene creciendo al 32% (primer cuatrimestre), por debajo de la inflación (35% según el índice del Congreso).

El proyecto del blanqueo de capitales responde precisamente a la actual coyuntura. 

La benevolencia para quienes prefieran mantener sus dólares fuera del país va en línea con esa falta de urgencia por el ingreso de divisas.

Por el contrario, la necesidad de que haya un mayor aporte de pesos al fisco -reduciendo la cantidad de evasores- responde al objetivo de achicar el déficit en las cuentas públicas.

Un parche en la billetera abierta

Así las cosas, luego de haber visto el keynesianismo en versión K, ahora los argentinos se aprestan a ser espectadores de la versión macrista.

Desde el punto de vista político, la justificación es obvia: la ansiedad por ver un rebote de la economía tras un duro semestre, signado por la recesión, el tarifazo y la alta inflación.

No obstante, los economistas que miran con lupa los números fiscales dejan oír sus quejas. Como Gabriel Caamaño Gómez, de la consultora Ledesma, para quien el blanqueo no es más que "un parche".

"La medida no resuelve el problema de fondo, que es el enorme agujero fiscal. Sólo aporta recursos extraordinarios y mejora el mix de financiamiento de corto plazo", alega el analista.

"En el mediano o largo plazo, el nivel de déficit sigue siendo insostenible y, mucho más importante, contraproducente desde el punto de vista del desempeño macroeconómico", completa Caamaño.

Este analista no duda en afirmar que, tras esta política, subyace una imposición de la visión cortoplacista dentro del equipo económico.

Es una visión común en el gremio de los economistas, que suele criticar al Gobierno por entender que elige el remedio erróneo para combatir la inflación, al no extremar el esfuerzo en resolver el agujero en las cuentas del Estado. 

Pero ahora el Gobierno parece decidido a transmitir el mensaje de que la etapa de las penurias ya terminó. Y apuesta a que el blanqueo sea una ayuda para ello. 

La consigna es clara: llegó el tiempo de empezar a repartir. 

Y si los empresarios no "la ponen", la tiene que poner el Estado. Al menos en este punto, parece que  Cristina Kirchner lo convenció a Macri.