El Gobierno nacional intentará resolver este lunes el conflicto que mantiene con Monsanto que se inició por el cobro de regalías que impuso la multinacional por el uso de Intacta, la tecnología en soja resistente a insectos, y que incluye un control en los puertos.

La creación del mecanismo llevó a que el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, acusara a la compañía de creer estar "por encima del Estado". En tanto, la empresa norteamericana suspendió la llegada de nueva tecnología.

Por eso, quien estará a cargo de la reunión con la multinacional -que se realizará en Casa Rosada a las 16 horas- será el coordinador del equipo económico, Gustavo Lopetegui, y que contará con la presencia de representantes de las bolsas de cereales, las empresas exportadoras y los acopiadores.

Según trascendió, el viernes pasado, en un encuentro donde Agroindustria le presentó a Mauricio Macri lineamientos de gestión, el Presidente habría dejado la instrucción de que se trate de destrabar el conflicto.

La semana pasada, Lopetegui tuvo un encuentro reservado con el presidente de Monsanto, Juan Farinati, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere y Guillermo Bernaudo, el jefe de Gabinete de Agroindustria, donde la empresa multinacional dio un primer indicio de que quería lograr una solución definitiva.

En forma paralela a ese encuentro, en Agroindustria hubo frenéticas reuniones con toda la cadena comercial del sector. En concreto, se habló de que el control en los puertos por parte de Monsanto pase a ser una inspección a manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase).

Este ente, que en las últimas semanas envió más de 1.600 cartas a productores de soja para intimarlos a que demuestren el origen de la semilla que usaron, haría la fiscalización, y si detectara una infracción, como la mencionada falta de información sobre el origen de la semilla, aplicaría una sanción.

En tanto, si se detectara la presencia de la tecnología de Monsanto ya no habría una retención compulsiva al productor, como sucede hasta ahora. Se pasaría a una instancia donde la empresa podrá reclamarle directamente al productor por la vía que considere oportuna si no le pagó. No obstante, también habrá lugar para que el productor pueda presentar su descargo.

Según fuentes consultadas por La Nación, también desaparecería la cláusula que la firma impuso en los contratos de compraventa de granos y que usa para luego hacer un análisis sobre la soja en los puertos.

La empresa en las últimas reuniones ofreció sacar la cláusula que aplica a los productores, pero no dio precisiones sobre si avanzaría también para los acopios y exportadores, actores con los cuales comercializan los productores.