El juez neoyorquino, Thomas Griesa, dejó firme el acuerdo entre el Gobierno y los acreedores para cerrar la deuda con los bonistas que no habían aceptado los canjes de 2005 y 2010. 

Griesa firmó la orden de rechazo a una presentación que había realizado un bonista con deuda anterior al default 2001, Muhammad Ladjevardian, que había solicitado al juez que levante el "stay" (con el que Argentina pagó a los acreedores), que vuelva a aplicar la fórmula del "Discovery" y que embargue bienes del país en los Estados Unidos.

El magistrado consideró que la demanda es improcedente, reconoció el derecho del demandante para conseguir "un acuerdo mejor"; pero que de ninguna manera está dispuesto a cerrar el acuerdo ya firmado, y pagado, el que hacia delante tiene características legales de "firme".

De este modo, Griesa decreta además la jurisprudencia definitiva de su propio fallo a favor del acuerdo, con lo que hacia delante arrastrará también a los bonistas y acreedores con deuda adquirida antes de 2001; a los que sin embargo se les reconoce el derecho a recurrir a la segunda instancia judicial.

Ladjevardian puede recurrir a la Cámara de Apelaciones de Nueva York para continuar con el pleito. Se abriría allí la definición sobre el planteo de los bonistas que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010, como tampoco la oferta final del Gobierno de Mauricio Macri. 

En la misma situación se encuentra el fondo Greylock y el Cantor Fitzgerald LP; los dos demandantes más importantes que aún permanecen en default, con bonos que probablemente hayan adquirido a viejos tenedores de la deuda antes de 2001 y que desistieron de continuar con el fallo, según informó Ámbito.

Se suma también el denominado "Grupo Varela" formado por 13 argentinos que tampoco aceptaron la oferta de Macri. Todos seguirían en los próximos días la misma suerte que Ladjevardian, y tendrían fallo negativo de parte de Griesa. Seguirán luego la ruta de apelar ante la Cámara y probar suerte en esa segunda instancia.

Desde la Argentina, los abogados que representan al país se mantienen confiados en que es muy difícil que una Corte quiebre un fallo firme de primera instancia. Lo sufrió la Argentina cuando luego de la decisión contraria de Griesa de fines de 2013, tanto la Cámara como la Corte dejaron firme en fallo en contra del país y ratificaron que se había perdido el juicio contra los fondos buitre. Ahora la situación es al revés.