El creciente cerrojo internacional para esconder cuentas sin declarar y el cambio de perspectivas para la inversión en el país, garantizan que el régimen de blanqueo que comenzó a tratar esta semana el Congreso tendrá un éxito bastante mayor al que lograron los intentos previos de 2008 y 2013.

Así lo aseguraron varios especialistas tributarios que, en líneas generales, elogiaron el proyecto enviado por el Gobierno, aunque consideraron que algunos detalles se podrán mejorar en el parlamento y en la resolución que adopte la AFIP luego de la sanción de la ley.

Los ejes que alentaron al Gobierno a apurar esta iniciativa son dos: acelerar el proceso de inversiones con el dinero "del colchón" -además de volcar recursos al sistema previsional para el otro capítulo de la reforma, referido al pago a los jubilados- y la entrada en vigencia en 2017 del intercambio automático de información tributaria auspiciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Unos 100 países, incluyendo la Argentina, rubricaron este acuerdo que nació en 2014. Permitirá el intercambio de información anual sobre cuentas financieras entre los países firmantes, a diferencia de los convenios que exigen requerimiento expreso de los gobiernos en forma individual.

En 2018 se sumarán Austria, Suiza y Aruba, mientras que queda pendiente la decisión de los Estados Unidos, que por ahora tiene su propio modelo de intercambio, en el marco de la ley Fatca, que contempla exigencias para que otros países le aporten información, salvo en los casos en los que aceptó la cooperación bilateral.

Por estas razones, según los expertos, cada vez quedarán menos "guaridas financieras" para las cuentas no declaradas y eso contribuirá a que el blanqueo supere la estimación premeditadamente conservadora que hizo el Gobierno de que se blanquearán solo 20.000 millones de dólares.

La intención oficial al mencionar ese número fue sacarle presión a la cifra previa que se había filtrado (de US$ 60.000 millones) para que nadie pueda hablar de un fracaso si no se llega a la meta máxima.

El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, Humberto Bertazza, dijo que "el plan es positivo; está generando muchas consultas entre clientes y contadores y en eso ayuda la línea de transparencia fiscal que promueve la OCDE". También es importante, opinó, "el dinero que está debajo del colchón, porque hay mucha gente que quiere blanquear, dado el cambio de las condiciones económicas internas".

En cuanto a la exclusión de los funcionarios, dijo que "suena muy raro que no se haya excluido a sus familiares también".

César Litvin, presidente del Instituto Tributario, consideró que "la cifra va a superar los 60.000 millones de dólares porque el radar informático no tiene camino de retorno: será un juego peligroso esconder activos y no declararlos. Más allá de la OCDE, Estados Unidos está tomando una serie de medidas que van a la transparencia fiscal y lavado de dinero, como pedir las declaraciones juradas para ver si los clientes de los bancos tienen declaradas sus cuentas en su país de residencia".

Problemas previosEl tributarista, socio del estudio que lleva su nombre, expresó que la iniciativa del Poder Ejecutivo "es un proyecto muy bueno porque es muy amplio y la moratoria es muy generosa y oportuna por la crisis que hay en algunos sectores que entraron en mora y limpiará expedientes del tribunal".

De inmediato, aclaró que "la única crítica que haría es que el mínimo de Bienes Personales cuando se creó el impuesto era de 102.000 dólares y ahora debería ser de u$s1,5 millones, pero eso se compensa en parte con la reducción del impuesto hasta su desaparición en 2019".

Andrés Edelstein, socio de impuestos de PWC Argentina, también consideró que "es un buen proyecto porque tiene una propuesta de solución a problemas previos, como la rebaja en Bienes Personales, los cambios en Ganancias y la creación de una comisión de reforma tributaria, aunque tal vez hay que mejorar algo de la letra chica".

Sobre la alícuota general del 10 por ciento que establece para blanquear, dijo que está "dentro de un marco razonable y contempla alícuotas menores para los que quieren otras inversiones".

Edelstein recordó que, por el acuerdo en puerta de la OCDE, otras experiencias de "amnistías fiscales" están resultando exitosas, como las de Chile y Colombia.

Por lo tanto, también consideró que la proyección de 20.000 millones de dólares es conservadora, "porque seguramente habrá más adhesiones al final", previsto en principio para fines de marzo del año próximo, aunque el Gobierno se guardó el derecho de prorrogar el régimen.

Por estas razones, dijo que "es el momento adecuado para lanzar el blanqueo, a nivel global y con variables económicas internas más estables y claras, por la confianza de los actores económicos".

Iván Sasovky, socio del estudio que lleva su nombre, sostuvo que "este plan es una clara manifestación de los problemas que venimos atravesando en materia tributaria y de los aspectos más crueles e injustos a los que la población ha sido sometida hasta ahora".

Por lo tanto, agregó, "las propuestas del proyecto responden acabadamente a gran parte de las demandas sociales e internacionales sobre esta materia, que de alguna manera busca balancear las distintas variables para lograr la mayor adhesión posible, haciendo el menor daño posible: un planteo tan básico como extraño para nosotros, dado que desde hace mucho tiempo no aplica en la materia tributaria de nuestro país".

Diego Fraga, abogado del estudio Rctzz, afirmó que, respecto del fracaso del último blanqueo (2013-2015), ahora "cambiaron las condiciones económicas porque antes se espantaba a las inversiones económicas y ahora se las busca. Y además hay una tendencia mundial hacia el intercambio automático de información", según La Nación.

El abogado consideró que el régimen será exitoso porque "es generoso, amplio y hay una variedad de instrumentos en la cual invertir y aplica una política de fomento, al beneficiar a las pymes y a los fondos comunes de inversión. Está bien hecho, aunque tiene algunas cosas para perfeccionar, como el tema de la exclusión de los funcionarios, que debería alcanzar a jueces y legisladores".

En tanto, Carlos Annichini, vicepresidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la República Argentina ( Fapce), consideró que "en general vemos cuestiones para analizar, como el de las facturas apócrifas, que en la práctica se trata de forma diferente del resto de las ventas no declaradas, así que debería permitirse que se blanqueen".

Además, recordó que "otros blanqueos permitían exteriorizar a una alícuota reducida para capitalizar en empresas, porque si no sólo se promueven inversiones financieras. Y lo otro que, para evitar el tema del lavado, debería mantenerse es la exigencia de que el contribuyente tenga cierta antigüedad como inscripto en el fisco".

Los principales puntos¿Cómo es el plan que busca captar fondos para apuntalar la economía?:

• Se podrán blanquear pesos, divisas y bienes (a diferencia del blanqueo anterior, en el que sólo podían entrar divisas)
• Se podrá blanquear fondos sin ingresar el dinero en el país
• Habrá una alícuota del 0% para blanquear hasta $ 305.000; 5% hasta 800.000 pesos; y 10% después de esa suma
• En principio, los inmuebles pagan el 5% para el blanqueo
• Se puede blanquear depositando el efectivo por 6 meses o suscribiendo uno de los 2 bonos que ofrecerá el Gobierno: uno a 3 años sin interés y otro a 6 años, que no paga cupón los primeros 2 años y abona un 5% anual luego.
• Pueden adherirse todas las personas que hayan tenido un juicio si todavía no tienen sentencia firme con condena cumplida en delitos de evasión
• Se excluye a los funcionarios públicos con rango político del Poder Ejecutivo, pero no a jueces y legisladores
• Los fondos recaudados por el blanqueo tendrán como destino específico el pago a los jubilados
• Habrá un premio para los cumplidores: quienes hayan pagado siempre a término, sin adherirse a los blanqueos previos o planes de pago, no pagarán el impuesto a los bienes personales de los períodos 2016-2018 .
• Se incluye además una reforma al impuesto a los bienes personales: se sube el piso de este año de $ 305.000 a 800.000; en 2017, a $ 905.000 y en 2018, a $ 1.050.000. En 2019 se eliminará.
• Se prevé una moratoria de todos los impuestos nacionales, que fija un perdón para intereses y permite el pago al contado con un descuento del 15% o de 60 cuotas con un tope mensual del 1,5 por ciento.

Algunos de los países que darán información fiscalSe sumarán al acuerdo global entre 2017 y 2018:

• Barbados
• Bermudas
• Islas Vírgenes Británicas
• Islas Caimán
• Curazao
• Islas Feroe
• Isla de Man
• Montserrat
• San Marino
• Islas Seychelles
• España
• Trinidad y Tobago
• Andorra
• Antigua y Barbuda
• Aruba
• Bahrein
• Belice
• Brasil
• Brunei
• Chile
• China
• Isla Cook
• Costa Rica
• Granada
• Hong Kong
• Islas Marshall
• República de Mauricio
• San Vicente y las Granadinas
• Arabia Saudita
• Panamá
• Saint Maarten
• Suiza
• Turquía
• Emiratos Arabes Unidos Uruguay 2017 2018