De la quietud a la hiperactividad en apenas una semana: ese fue el efecto que el caso López tuvo sobre las causas de corrupción que parecían haber quedado atrapadas en un impasse.

Los procesamientos contra Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli por la causa por la venta de dólar futuro a un precio menor del mercado, así como los de Guillermo Moreno por amenazas al Grupo Clarin y del ex titular de la UIF, José Sbatella, por violación de secretos, parecían haber quedado muy atrás.

La misma suerte corrió la causa contra Aníbal Fernández por el Plan Qunita. Casi nadie recuerda que el ex jefe de Gabinete y ministro se encontraba procesado. Pero finalmente, después de varias semanas sin novedades, empezó una catarata de golpes de la Justicia contra la ex administración

La reactivación de muchas de las causas contra funcionarios de primera línea denunciados de la administración anterior se dio luego de la detención del ex secretario de Obras Públicas de la nación, José López, quien fue descubierto mientras trataba de ocultar u$s9 millones en un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

Esta es una de las cinco causas judiciales que enfrenta López, que además es investigado por fraude a la administración pública y abuso de autoridad, por las causas de Sueños Compartidos y Skanska, además de por presuntos sobreprecios en la obra pública.

En principio el ex número dos de Julio De Vido fue detenido por portación de arma, aunque luego la fiscalía local pidió investigarlo por presunto lavado de dinero. En el fuero federal, en paralelo, se cursaba la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo a las fuentes judiciales, el avance de las investigaciones durante los últimos meses se debió a que recibieron información que habían solicitado durante los años sin obtener respuesta favorable.

Es que las críticas del Frente para la Victoria (FPV) se dan porque consideran que la “persecución judicial” se aceleró para tapar las últimas medidas económicas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri.

Durante la sesión para tratar la figura del “arrepentido” en casos de corrupción, De Vido rechazó la resolución impulsada por Cambiemos para autorizar el allanamiento de su casa, que había logrado frenar al ampararse en sus fueros.

“Es absolutamente inconducente y no tiene otra finalidad que no sea el escarnio, el agravio, la mentira y la presión no solamente sobre el juez Rodríguez sino sobre todo la Justicia Federal”, aseguró el exministro de Planificación.

El allanamiento es por una causa por presunto delito de enriquecimiento ilícito que lleva adelante el mencionado magistrado. Sin embargo, también está en el ojo de la Justicia por otras causas. 

Durante las últimas horas, recibió un segundo procesamiento de parte del juez Sebastián Ramos por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, al no haber conformado los equipos técnicos establecidos por ley para renegociar contratos ferroviarios.

Antes lo había hecho el juez Claudio Bonadio, por la tragedia de Once.

Otros cimbronazos

El mismo jueves, el juez Ariel Lijo procesó por lavado de dinero a Héctor Capaccioli y Sebastián Gramajo, los ex recaudadores del Frente Para la Victoria en la campaña presidencial de 2007, y a Néstor Lorenzo, Carlos Horacio Torres, Solange Bellone y Gabriel Brito, cuatro de los empresarios que figuraron como aportantes de dicha campaña. 

Según la resolución, "se ha puesto en circulación en el mercado la suma total de 886.000 pesos de origen ilícito a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener su apariencia de licitud".

Además, de acuerdo a la investigación, las empresas carecían de fondos suficientes e igualmente realizaron esos aportes bajo un supuesto modo de donación.

Como si esto fuera poco, a las pocas horas, el kirchnerismo también se vio sacudido por otro golpe que vino desde la Justicia. 

La magistrada María Servini de Cubría procesó a los ex jefes de Gabinete nacional del kirchnerismo, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández por incumplimiento de deberes a raíz de la omisión de controlar el uso de los fondos del Programa Fútbol para Todos.

La decisión recayó además sobre el ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, ex coordinador del FPT, aunque, en su caso, quedó procesado por un delito más grave, peculado -el desvío de fondos públicos confiados para la custodia- que prevé hasta diez años de prisión, según el fallo de 343 carillas.

"Mariotto por la función de coordinador del programa tenía a su cargo la custodia de los ingresos de la explotación comercial del programa, la cual surge expresamente en la decisión administrativa por la cual asume y se crea el comité, por lo que fue encomendada en razón de su cargo", consideró Servini.

Además, y por el delito de "administración fraudulenta agravada" en perjuicio de la administración pública, quedaron procesados el presidente de la AFA, Luis Segura, y los dirigentes futbolísticos Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Ángel Silva, Eduardo Spinosa y Rubén Raposo.

Cerca del juicio oral

En tanto, el ex vicepresidente Amado Boudou quedó a un paso del juicio oral en el marco de la causa Ciccone luego de que el Juzgado a cargo de la instrucción considerara que la investigación estaba completa. Se lo acusa de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público.

De acuerdo a la investigación, el ex funcionario y el empresario José María Nuñez Carmona adquirieron la empresa con capacidad para imprimir billetes cuando se encontraba quebrada y Boudou era ministro de Economía.

La adquisición, según se determinó en la pesquisa, se habría producido a través del amigo de Boudou, Alejandro Paul Vandenbroele y de la firma The Old Fund, de la que este era titular.

El objetivo de la adquisición de Cicciones Calcográfica -siempre según la investigación- era el de contratar luego a esa empresa para que imprimiera los billetes y documentación oficiales.

Otros golpes dolorosos

Hace poco menos de un mes, Bonadio procesó al ex secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante el kirchnerismo, Juan José Mussi, en una causa que investiga el presunto desvío de una partida presupuestaria destinada a tareas de saneamiento del Riachuelo para la construcción de un espacio en Tecnópolis para la Acumar.

Según la denuncia, el dinero se habría desviado entre 2012 y 2013 para construir el espacio de la muestra que ocupó el Acumar y se calcula en 21 millones de pesos. La construcción fue encomendada a la Universidad de Tres de Febrero, pero esta tercerizó los trabajos y cobró una comisión, según la causa.

Mussi quedó procesado por "negociaciones incompatibles con la función pública" al igual que el rector de esa casa de estudios, Aníbal Jozami.

Por otro lado, Lijo resolvió procesar al ex jefe del PAMI Luciano Di Cesare por administración fraudulenta en perjuicio del Estado al haberse liquidado vacaciones no gozadas por más de un millón de pesos pese a que no tenía "derecho a su percepción" y porque su conducta -según la justicia- redujo el patrimonio de la obra social de los jubilados. Además, dispuso el embargo de bienes por dos millones de pesos.

El juez también procesó como partícipes del delito y embargó en la misma suma a los dos funcionarios que tramitaron el pago. Se trata de Alejandra Arrouzet, Gerente de Recursos Humanos del organismo, y Carlos Galdo, entonces Subgerente de Administración de Recursos Humanos, quienes emitieran los dictámenes necesarios para transferir el monto requerido a la cuenta bancaria del propio Di Cesare.

La denuncia había sido impulsada por el actual director del PAMI Carlos Regazzoni, lo que significó la primera del gobierno de Mauricio Macri por la gestión anterior.

Pero no es la única causa que pesa sobre Di Cesare, porque ya está procesado por el delito de defraudación a la administración pública al haber comprado letras del Tesoro nacional con plata de los jubilados, de 2008 y 2012.

A fines de mayo, el ex secretario de Comunicaciones kirchnerista Carlos Lisandro Salas y el ex interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones Ceferino Alberto Namuncurá fueron procesados por "abuso de autoridad" por hechos cometidos en contra de las firmas "Cablevisión SA" y "Fibertel SA". También se dispuso acelerar los trámites para la elevación del caso a juicio oral).

El juez Rodríguez también los embargó por $10.000 a cada uno.  

A principios de este mes, Bonadio procesó al ex titular de la AFIP y actual presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, en la causa por falso testimonio impulsada por el ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat-Gay.

En diciembre de 2014, Prat-Gay denunció a Echegaray y a otros funcionarios de la AFIP por las acusaciones en su contra por una supuesta maniobra de evasión a través de una cuenta en Suiza.

El ministro de Hacienda sostuvo que los funcionarios públicos mintieron al imputarle cuentas no declaradas. 

Echegaray también está bajo la lupa de la Justicia en la causa por la denominada "ruta del dinero K" y por su supuesta participación en la maniobra por la retención de impuestos del empresario kirchnerista Cristóbal López.

Y a principios de esta semana, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi llamó declaración indagatoria De Vido, al detenido exsecretario de Obras Públicas José López, a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y a otras 40 personas, entre ellas varios exgobernadores por la presunta comisión de los delitos “defraudación a la administración pública” y “lavado de dinero” a través del programa de construcción de viviendas sociales Sueños Compartidos.