Finalmente, el Senado convirtió en ley la amnistía fiscal y el pago a jubilados, tras un debate que comenzó pasadas las 14 horas.

Tal como calculaba el oficialismo, el proyecto tuvo un amplio respaldo, con 56 votos a favor y 11 en contra.

La oposición fue impulsada por el kirchnerismo duro, lo que marcó nuevas diferencias dentro del bloque del Frente para la Victoria.

Mientras que el grueso del bloque liderado por Miguel Pichetto acompañó el proyecto -al igual que los senadores peronistas de San Luis y La Pampa-, el kirchnerismo duro referenciado en La Cámpora alzó duras críticas y se definió por el rechazo.

Hubo una sola abstención, de Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur). "Estamos ante una trampa de varios proyectos en uno. Hay uno que seduce y es la vitrina de la ley".

En consecuencia, ya es ley el paquete que prevé:

- El pago de juicio a jubilados

- Una amnistía fiscal para conseguir los fondos para financiarlo

- La creación de una pensión universal a la vejez

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Además de declarar la emergencia en litigiosidad previsional con el objetivo de que el Poder Ejecutivo establezca acuerdos con los jubilados que están en juicio, la flamante ley prevé la creación de una pensión universal a la vejez.

Asimismo, deja abierta la puerta para la futura venta de acciones de empresas privadas que el Estado argentino obtuvo con la confiscación de los ahorros que los trabajadores tenían depositados en las ex-AFJP.

Del referido blanqueo, tras las quejas opositoras en Diputados, se excluyó a funcionarios de los tres poderes del Estado y en todos los niveles (nacional, provincial y municipal) así como a sus padres, cónyuges e hijos, así como a los legisladores para el Parlasur.

También establece que el Ejecutivo Nacional se haga cargo de los déficit de las cajas previsionales provinciales, al extender por 90 meses la moratoria a 13 provincias que nunca trasfirieron sus cajas.

Esto provocó un alivio para los gobernadores, en especial los del PJ, y fue otro punto que allanó el respaldo de los sectores del FpV-PJ que se referencia en los jefes provinciales.

En un debate sin sobresaltos, las mayores críticas de la oposición se dirigieron al blanqueo –el quinto desde el regreso a la democracia-, aunque desde distintos bloques ponderaron que esos capitales se destinen a saldar las deudas con los jubilados.

“Nunca he votado un blanqueo, pero lo voto por haber una asignación específica para la reparación ajubilados”, comentó Liliana Negre, mano derecha de Adolfo Rodríguez Saá.

Al abrir la discusión, el senador radical Alfredo Martínez sostuvo que “debemos evitar que sigan proliferandojuicios”. “Uno de los objetivos del programa es bajar la litigiosidad previsional”, destacó el miembro informante de Cambiemos.

En el mismo sentido, su par Julio Cobos subrayó que el proyecto busca “terminar de hacer peregrinar a los jubilados por los palacios de Justicia”.

Por el contrario, María de los Ángeles Sacnun (FpV-PJ) advirtió que “esta ley tiende a llevar adelante una quitarespecto a los montos de los haberes, de los valores retroactivos, de los criterios de actualización, plazos y condiciones”.

Además, la senadora camporista por Santa Fe alertó que “con las políticas económicas que se están llevando adelante, se pone en riesgo la sustentabilidad del sistema”.

Firmante de otro dictamen de minoría, Sandra Giménez denunció que el blanqueo está destinado a “los amigos de Cambiemos”.

“Los amigos de Cambiemos que no cumplieron con su palabra, no liquidaron la soja ni repatriaron sus capitales, ahora extorsionan al Gobierno” para abrir el blanqueo, advirtió Giménez, que días atrás abandonó el bloque del Frente para la Victoria.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (PJ La Pampa) anticipó su “apoyo crítico” al sostener que “la cuestión previsional no se agota sólo en esta ley”. “Una reparación histórica integral para jubilados actuales y futuros se logra con un paquete de leyes y políticas publicas”, consideró.

Entre las voces más duras, la camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti sentenció que “este proyecto no tiene nada de reparador ni de histórico”, y que en cambio significa “una extorsión al federalismo y un retroceso atroz sobre el sistema previsional argentino”.

Al argumentar su posición, Sagasti aclaró que el capítulo referido a la devolución del 15% de los fondos coparticipables a las provincias debió haber ingresado por el Senado, por mandato constitucional.

También cuestionaron el proyecto la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y las santacruceñas María Ester Labado y Virginia García, cuñada del diputado Máximo Kirchner.

“Dimos durante nuestro gobierno la posibilidad de que los que se llevaron el dinero lo traigan, y no fue exitoso”, aseveró Labado al recordar los anteriores blanqueos.

Para el neuquino Marcelo Fuentes, “este proyecto encubre la intención política de este gobierno de destrozar elsistema previsional argentino”.

Otro reclamo recurrente fue por la cantidad de aspectos diversos que incluye la denominada “ley ómnibus”. “Estamos ante una trampa de varios proyectos en uno. Hay uno que seduce y es la vitrina de la ley”, se quejó “Pino” Solanas, el único que se abstuvo.

En tanto, el peronista sanjuanino Roberto Basualdo enfatizó que “no sólo hay que pagar la deuda externa, sino también la interna. Esta es una materia pendiente que tenemos como país”.

Al cierre del debate, Miguel Pichetto, jefe del bloque FpV-PJ, adelantó su voto a favor, pero aclaró: “No creo que se termine el proceso de judicialización”.

Pichetto reivindicó el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner, al destacar que “permitió incluir a muchos trabajadores que no tenían los aportes hechos” al sistema previsional, y además “venía cumpliendo y asignando una masa de recursos importante cada año al pago de sentencias”.

Por último, el jefe del bloque radical, Ángel Rozas, enfatizó que “esta trascendente iniciativa pone a prueba el carácter social y federal del Gobierno nacional y viene a saldar con sensatez y equidad las deudas internas más serias que tenemos los argentinos, con los juicios de los jubilados por una parte, y con las provincias por otra”.

Por un cambio de última hora introducido en la Cámara de Diputados, la Unidad de Información Financiera (UIF)pasará de la órbita del Ministerio de Justicia al de Hacienda y Finanzas, hoy en manos de Alfonso Prat Gay.

Las representantes de La Cámpora denunciaron un “desmantelamiento” de este organismo, pero Rodolfo Urtubey defendió este cambio, al afirmar que de esta manera la UIF estará “en relación directa con el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores”.