Para quienes supieran leer entrelíneas, el tarifazo era algo que los dirigentes del PRO venían insinuando desde la campaña electoral: detrás de cada crítica al colapso del sistema energético y a la irracionalidad del esquema de subsidios, se entendía lo que se estaba pergeñando.

Es por eso que hoy muchos manifiestan sorpresa por cierta falta de previsión -y no sólo climática- en la forma en que los funcionarios del área energética manejaron el tema, a punto tal que las subas de tarifas adquirieron la dimensión de una bomba política.

Ya en enero de 2016, las empresas y los consumidores residenciales sabían que se avecinaba un final del verano complicado por la utilización de los aires acondicionados.

Lo mismo podía suponerse con la llegada de los fríos del invierno, con la masiva utilización de las estufas y de los aires frío-calor.

El primer traspié serio ocurrió a mediados de abril. "Aunque parezca un shock, es una aplicación gradualista", aseguró el ministro Juan José Aranguren cuando las cámaras Pymes protestaban por aumentos de hasta 1.700% en sus facturas.

Al poco tiempo, la ola de indignación sumó a los clubes de barrio. El Gobierno debió reconocerles una tarifa social para apagar el conflicto.

La primera pregunta que surge siete meses después de la asunción de Macri refiere a lo más lógico: por qué no se previeron estos saltos en los costos de los usuarios, impagables para muchos de ellos.

¿De qué manera, una situación prevista (el anunciado retoque en el cuadro tarifario), terminó convirtiéndose en algo inmanejable? Algunas de estas cuestiones tienen respuestas técnicas, otras están vinculadas con cuestiones políticas. Pero también estan las que no tienen una respuesta "lógica".

Un técnico del ministerio de Aranguren se sincera, en diálogo con iProfesional. Pide reserva de su identidad, y cuenta: "Acá lo que distorsionó todo fueron las menores temperaturas. Un frío más crudo justo cuando aumentás las tarifas de gas. El timing fue el peor".

Durante abril, cuando empezó el nuevo cuadro tarifario, las temperatura promedio fue de 10 grados. Contra 13,3 grados de abril de 2015 y de 12,6 grados de 2014.

Frente a esta inclemencia, la demanda de gas para calefaccionarse se incrementó "casi 50%", según comentó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. 

Ese salto en el consumo de fluido se tradujo en incrementos extraordinarios en las facturas. Eso se nota con claridad en un ejercicio realizado por el economista Luciano Cohan, en base a los datos oficiales de Metrogas y del Enargas.

Una familia que el año pasado consumió 300 metros cúbicos de gas pagó $200 en el bimestre. Si este año, en igual período, consumió los mismos 300 metros cúbicos, debería abonar una factura de $753. Es decir, con un incremento del 275%.

Ahora bien, como la mayor parte de los usuarios tuvo un fuerte salto en el nivel del consumo, el aumento de la tarifa resultó muy superior al 275% descripto en el caso anterior.

En efecto: si en lugar de esos 300 metros cúbicos una familia consumió 500 en un bimestre (debido a las temperaturas más bajas), en vez de los $200 la factura a abonar seguramente pegó un salto hasta los $1.255. Es decir, un 525% más.

Eso no es todo: si esa misma familia, ante el mayor uso de gas, pasó de estar encuadrada en la categoría R23 a la R31 (algo totalmente posible), dicha factura entonces habrá llegado con un monto a pagar cercano a los $2.000. O sea, casi 900% más.

Esta distorsión -producto de la mezcla del tarifazo con el mayor consumo por culpa del frío-, es la que quiso corregir el Gobierno pocas horas antes de que la Corte Suprema analizara el tema.

Durante el fin de semana, los funcionarios habían analizado distintas alternativas. La admitida por Peña fue la aplicación de una tarifa plana, que suavizara el impacto del tarifazo. Pero la misma fue rechazada.

La otra le quitaba parte del beneficio que percibieron las petroleras por el aumento de las tarifas.

Una estimación del economista Miguel Bein señaló que las dos terceras partes del tarifazo van a parar a mejorarles los balances a las empresas productoras. Y que apenas la tercera parte servirá para disminuir el rojo de las cuentas públicas, agobiadas por los subsidios de la época kirchnerista.

Ahora bien, la idea que se analizó postergaba ese beneficio a las compañías pero les dejaba intacta la transferencias de fondos a las transportistas y a las distribuidoras de fluido, que vienen soportando años de quebrantos.

De acuerdo a un "non paper" que trascendió en Energía durante el fin de semana, si se optaba por esta alternativa, el incremento de tarifas se hubiese podido moderar. Y establecerse en un rango del 150% al 250%, dependiendo del consumo de cada hogar.

Finalmente, el Gobierno se decidió por ponerle un tope de 400% a los ajustes tarifarios. Una opción que en la noche del lunes empezaba a ser criticada por algunos especialistas ya que premiaba a los mayores consumos, que sí tendrían una especie de "tarifa plana" a partir de un determinado nivel de demanda, ya que el tope no podía superar el mencionado 400% entre el año pasado y éste.

En este contexto, tanto Mauricio Macri como sus ministros reforzaron el mensaje "ecologista" (un mayor consumo de combustibles daña el medio ambiente) y apelaron a la sensibilidad de los usuarios al admitir que no hay chances técnicas de incrementar el volumen de importaciones de fluido.

Un especialista del área energética agregó un condimento político a las técnicas cuentas de las facturas: "Hubo una enorme presión de los intendentes del Conurbano. Ante todo, querían tener certidumbre sobre lo que debe abonar la gente. Y poniendo un tope era la mejor manera de dar respuestas a esa inquietud".

"Da la sensación de que el partido final será en octubre, con las audiencias. Ahí se definirá el esquema tarifario definitivo. A pocos meses de las elecciones", completa su análisis el funcionario.

La otra duda es determinar en qué nivel esta "bomba política" impactó en la imagen del Gobierno.