El Gobierno dispuso la prohibición para emitir pólizas y la inhibición de todos los bienes de Interacción SA, la aseguradora de riesgos de trabajo cuyo principal accionista es el sindicato de los encargados de edificio (Suterh), que conduce Víctor Santa María, líder a su vez del PJ porteño, porque detectó en la empresa un déficit de más de $1.400 millones en el capital exigido y unos 5.000 juicios no declarados.

La decisión, que será publicada en el Boletín Oficial y está fechada el 18 de este mes, fue tomada por la Superintendencia de Seguros, organismo que controla los balances de las ART, como consecuencia de una inspección de rutina en la que advirtió, hace dos meses, un faltante de $203,5 millones en el balance de 2015.

Si bien la empresa consignaba tener el monto en bancos, no pudo acreditar la existencia de esos depósitos.

El descubrimiento de esa presunta irregularidad llevó entonces a la superintendencia a presentar el 23 de mayo una denuncia, obligación que tienen los funcionarios en estos casos por cumplimiento de sus funciones, y que cayó en el juzgado de Claudio Bonadio.

La noticia tiene, además de relevancia administrativa para el sector, un fuerte contenido político: Santa María no sólo es el líder del PJ porteño, sino además un referente importante en la CGT y, a través del grupo Octubre, dueño del diario Página 12.

La ART tiene ahora 30 días para presentar un descargo o apelar. 

En la CGT tienen además presunciones que van más allá de la operatoria en la industria del seguro: creen que se trata de una persecución de Cambiemos hacia un dirigente de la oposición.

En el macrismo sostienen lo contrario, y que esos 203,5 millones que no están en la empresa podrían haber sido utilizados para otros fines.

La discusión entre el Gobierno e Interacción se venía intensificando desde hacía varias semanas. Luego de la denuncia, en la conducción del sindicato admitieron el faltante, pero afirmaron que se había tratado de un error deslizado en el balance de 2015 y presentaron una rectificación del documento y un plan de capitalización alternativo.

Nada de esto conformó al ente regulador. Por el contrario, la presunta aparición de 5.000 juicios elevó las exigencias de capital exigido a más $1.400 de millones, suma que es el eje del conflicto hoy.

A partir de ahora, cada juicio que tenga que pagar la ART deberá ser constatado en su autenticidad por la superintendencia, que deberá a su vez autorizar a los bancos a girar los pagos caso por caso.