El juez federal de La Plata Alberto Recondo rechazó este viernes por la tarde un recurso de amparo que pedía suspender los aumentos en las tarifas de gas con topes de 400 y 500%, debido a que los incrementos en ese servicio están suspendidos, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

El juez rechazó la cautelar y remitió el expediente a la Cámara Federal platense, que tiene en su poder las causas contra el incremento en la tarifa del gas de todo el país y que podría definir la semana próxima o los primeros días de agosto si manda el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que esta defina sobre la constitucionalidad o no del aumento de gas.

Recondo, titular del Juzgado Federal 4 platense, no hizo lugar al planteo presentado por una asociación civil, contra las resoluciones 99 y 129 del Ministerio de Energía y Minería que fijaron el nuevo cuadro tarifario, pero que se encuentran suspendidas en su aplicación.

La desestimación de la cautelar solicitada por el Centro de Estudios Para la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) se tomó luego de que el Ministerio de Energía, a través de la Procuración del Tesoro, informara que le ordenó al ENARGAS que "posponga todas las acciones que signifiquen aplicación efectiva" del aumento.

Es que la resolución el Ministerio de Energía y Minería indicó que la suba queda frenada "hasta tanto se comunique una confirmación, emitida por el tribunal competente, en relación con la suspensión de los efectos de la sentencia mencionada u otra medida judicial que confirme la posibilidad de seguir adelante con los actos de ejecución de la citada resolución".

El pedido se rechazó porque "el acto administrativo citado, que importa una orden expresa dirigida al Sr. Interventor del ENARGAS, constituye suficiente manifestación de voluntad estatal". Es decir, no era necesario dictar una cautelar porque el "tarifazo" no se aplicará ya que está frenado por la Cámara y no tiene sentido hacer lugar al amparo porque no hay peligro alguno en que se pueda llevar a cabo.

"Ninguna medida meramente preparatoria puede importar amenaza alguna como para justificar la orden cautelar solicitada", agrega el fallo.

Batalla judicialEn las últimas dos semanas, la Justicia se convirtió en el escenario clave donde se libra la batalla por el tarifazo. La Cámara Federal de La Plata dictó a principios de julio la nulidad de las resoluciones 38 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, por las cuales se dispuso el aumento de la tarifa de gas en todo el país.

Debido a que este era un fallo que se aplicaba a todo el país, el Gobierno dictó dos nuevas resoluciones, las 99 y 126/2016, en las que fijó un tope de aumento de 400% y 500% con respecto al mismo bimestre del año pasado, para hogares y comercios, respectivamente.

Pero el CEPIS, que había obtenido la medida favorable de fondo para frenar el “tarifazo”, pidió que se dictara una cautelar para suspender las nuevas disposiciones.

La Fiscal subrogante Ana María Russo pidió el jueves que se haga lugar al pedido de la ONG porque ya existe un pronunciamiento “que no solamente invalidó las resoluciones 28 y 31 que habían establecido un nuevo cuadro tarifario sino que contuvo un plus: determinó volver al estado de cosas anteriormente vigente en forma previa al dictado de ambas resoluciones”.

Por lo tanto, indicó que el Ministerio de Energía y Minería no estaba habilitado para cambiar esa situación.

La funcionaria judicial remarcó que si la Cámara Federal de La Plata suspendió el primer aumento de tarifas porque el Poder Ejecutivo no realizó la audiencia pública, el mismo criterio debería aplicarse para este nuevo aumento.

Además de la situación decidida por el juez Recondo, cuya decisión sería apelada en los próximos días por la ONG, la misma cámara federal platense debe resolver si acepta el planteo del Gobierno para que su fallo sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para comenzar con su análisis y permitirle al máximo tribunal llegar a una rápida solución, la Cámara habilitó la feria judicial de invierno y pidió acumular las 46 causas judiciales contra el aumento del gas que se iniciaron en todo el país.

En paralelo, un tribunal (esta vez, contencioso administrativo) avaló un amparo presentado por el intendente de Hurlingham y le puso un freno a los aumentos dispuestos la semana pasada. La medida rige para todos los vecinos de ese partido bonaerense.

Por lo pronto, los usuarios continúan con la indefinición de pagar o no las facturas. Es que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, públicamente, había dicho que las facturas con los aumentos "hasta tanto no se resuelva el fallo no hay que pagarlas".

Pese a que surgió el rumor de que las compañías comenzarían a emitirlas cada 20 días, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) indicó que no dispuso "ninguna modificación” a la frecuencia de la facturación para que las empresas distribuidoras puedan regularizar el pago de los servicios prestados a los usuarios.

El Enargas siguió con la misma línea de los funcionarios del Gobierno y ratificó que "se aguarda la decisión de la Cámara Federal de La Plata respecto al recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación”.

Ante esta situación, el juez Recondo le pidió al Gobierno nacional que informe si estaba vigente o no el tarifazo.

Rápidamente, desde el Poder Ejecutivo comunicaron que ya se le ordenó a las empresas de gas no facturar con ningún tipo de aumento, incluso el que fijó un tope del 400 y 500% en las tarifas, hasta que haya una resolución judicial.

La decisión fue comunicada mediante un escrito de la Procuración del Tesoro dirigido al mencionado magistrado, que había pedido esa información para expedirse sobre la nueva medida cautelar.

En la nota remitida por el procurador (jefe de los abogados del Estado) Carlos Balbín al juez platense se adjuntó una constancia del Ministerio de Energía con competencia en el tema.

Para la Procuración, la resolución final será la que adopte la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que antes de la feria pidió informes al Poder Ejecutivo sobre causas, alcances y localización del tarifazo en un plazo de diez días. 

El Gobierno pretendía canalizar todos esos reclamos a través de la Cámara en lo Contenciosos Administrativo Federal de la Capital, pero la Cámara Federal platense ordenó que le sean emitidos a ella por haber dictado el primer fallo con alcance general.

¿Cómo sigue la cuestión? La ONG derrotada apelará el fallo. Mientras tanto, el Gobierno está terminando de preparar los informes solicitados por la Corte y aguarda que la Cámara Federal de La Plata haga lugar al recurso presentado hace unos días para que sea revisado por el máximo tribual del país y que se pueda resolver el tema lo más pronto posible.