Una abogada presentó un amparo para el resguardo de sus datos personales registrados en la ANSES y que no sean usados por la Jefatura de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri para la publicidad oficial.

Valeria Carreras pidió la anulación de la resolución 166/2016 publicada en el Boletín Oficial por "inconstitucional".

Entre los motivos, se menciona que se vulneraría la protección de datos sensibles, como puede ser la orientación sexual, ya que la base compartida se nutrirá de datos como el estado civil de una persona.

El recurso se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Según la letrada, esta medida es "autoritaria" y "peligrosa".

Aseguró que viola la ley N° 25.326 que protege los datos personales.

En épocas de Big Data la acumulación y procesamiento de información personal se ha transformado en un negocio millonario y en una fuente de poder. La legislación argentina protegió con esta norma los datos que las personas entregan con un fin para que no sea usados para otra cosa.

"No se utilizará para propaganda política", defendió el martes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que firmó la polémica resolución.

"No vamos a usar información sensible y no se va a espiar a nadie", agregó en conferencia de prensa tras el escándalo que desató la medida y aclaró que "el acuerdo se prevé dentro de la ley de protección de datos privados".

La resolución del Gobierno alude a un inciso de dicha ley para asegurar que está autorizado a hacer el procedimiento.

La doctora Carreras aclara: "Sí está autorizado por ese inciso, pero a usar algunos datos. No todos. El mail, por ejemplo, es requerido por el ANSES en un formulario especial, en el que consta que se compromete a no usarlo con otro fin, salvo expreso consentimiento de la persona. Y esta resolución viola ese acuerdo".

En la Resolución 166, la ANSES había aceptado "remitir periódicamente" información de sus bases de datos -nombre y apellido, DNI, CUIT o CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios- a la Secretaría de Comunicación con el fin de "mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo".

Sin embargo, Carreras lo pone en duda.

"¿Quién me garantiza entonces que a través de ese mail no me llegue propaganda política o comercial, ya sea porque un empleado desleal la filtró o porque una campaña de comunicación electoral diseñada por el gobierno así lo quiere?", cuestionó.

"Leí la resolución y sus anexos, y sobre ese punto todo es impreciso, muy improvisado", señaló.

Pero explicó que la principal alarma está contenida en otro párrafo de la resolución, que para justificar la transferencia de datos, especifica: "Resulta necesario contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública, a través información que se encuentre consolidada en bases de datos, destacándose la posibilidad de enriquecerlas, segmentarlas, clasificarlas y normalizarlas".

"¿Qué significa 'normalizarlas'? Eso es muy peligroso. A mí me refiere a lo que es 'normal' y esa es una categoría tan subjetiva como vaga", sostuvo.

Y recordó: "Tengamos en cuenta que este gobierno despidió gente del Estado revisando su Facebook. Eso significa que puede clasificar la información no sólo por las categorías supuestas a un buen fin -sexo, edad, profesión- sino a otras que ya no sabemos ni cuáles son, porque esta resolución deja ese vacío peligroso".

"Sabemos que este gobierno deja en manos de esas empresas el procesamiento de toda la comunicación del Estado. Y sabemos que Google ha recibido en todo el mundo denuncias por manipular esa información personal, además de otras que directamente lo relacionan con la Inteligencia de los Estados Unidos. Si a eso le sumamos lo que pasó con (Marcelo) Tinelli y el ataque de trolls (falsas cuentas montadas en las redes sociales para coordinar una campaña de ataque. Un estudio reveló que en el caso del conductor fueron 30.000) hay demasiada sospecha de manipulación comunicacional como para aceptar esta Resolución pasivamente", concluyó.