El senador provincial Andrés de Leo amplió la denuncia presentada por la diputada nacional Elisa Carrió ante el fiscal Alvaro Garganta y acusó formalmente al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli de usar "como testaferro" a Juan Carlos Mancinelli, un empresario que fue indagado por evasión tributaria agravada en la causa en la que se está procesado Juan Ignacio Suris, el novio de la vedette Mónica Farro, sindicado como el proveedor de una usina de facturas truchas.

El programa La Cornisa, emitido en las señal de América, anticipó el contenido de la denuncia de De Leo, donde señala que Mancinelli, entre otras actividades, se ocupaba de la dirección técnica del equipo de fútbol de salón de La Ñata, la quinta de más de 12.200 metros cuadrados que figura en la declaración jurada de Scioli como su vivienda formal.

De Leo acusó a Scioli de haber sido el vehículo para que le otorgaran, a través del ministerio de Infraestructura del gobierno de la provincia de Buenos Aires, 14 obras públicas en la Costa Atlántica a Mancinelli "sin tener la más mínima experiencia para hacerlo". Recordó, en su denuncia, que entre los comprobantes de pago que presentó Mancinelli aparecieron facturas "truchas" que usó Suris, quien ahora está detenido acusado por asociación ilícita en ese expediente y a la espera del juicio en una causa por narcotráfico.

Además, el legislador aportó una parte del expediente que tramita la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En esta causa, Mancinelli aparece como uno de los usuarios de las facturas truchas de Suris.

El senador provincial se presentó ante el fiscal Alvaro Garganta el martes pasado, junto a la diputada nacional Elisa Carrió, y prestó declaración testimonial contra Mancinelli.

"Scioli tenía como testaferro al empresario Juan Carlos Mancinelli procesado por evasión tributaria en la causa en la que Juan Ignacio Suris está acusado de manejar una usina de facturas truchas", dijo el legislador en La Cornisa.

La declaración de De Leo, técnicamente, es una ampliación de la denuncia en la que Carrió acusó a Scioli por los delitos de lavado de dinero, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El legislador que responde a Carrió se basó en la causa que maneja Arroyo Salgado donde se señala que en estas operaciones se usaron empresas "bajo el nombre de fantasía de Servicios San Cayetano (..) que tenían como único respaldo documental las facturas emitidas por la usina apócrifa CVP Industrias S.A. de Juan Ignacio Suris"·

Así, De Leo comparó a Mancinelli con Báez porque el uso de la usina de facturas truchas de Suris también se detectó en la investigación denominada La ruta del dinero K, por la que el empresario santacruceño está preso.

"Mancinelli utilizaba la tercerización. Él le factura a la provincia pero sus gastos estaban justificados con una subcontratación a una empresa de Juan Suris que supuestamente era la que llevaba la obra pública. Pero esta empresa era una usina de facturas apócrifas. En este caso hay un fraude al Estado en donde hay dos partes: el que otorga la licitación y el que recibe el dinero para hacer la obra (...) en el caso de Báez al menos se le conocía la empresa, en el caso de Mancinelli no. Por eso creo que en este caso el modus operandi era peor que en caso de Báez porque acá el empresario ni siquiera reunía las condiciones para hacer la obra pública" afirmó.

La compañía de Mancinelli obtuvo la licitación para la construcción de varios paradores turísticos en la costa bonaerense: Claromecó, La Lucila del Mar, Miramar, San Clemente del Tuyú y Mar Chiquita fueron algunos de ellos. También consiguió el trabajo de limpieza de un tramo del río Luján, que cotizó a 16,5 millones de pesos.

En 2014 Mancinelli fue denunciado por AFIP. Este año fue indagado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien le dictó falta de mérito, aunque dejó la sentencia en suspenso. La jueza espera los resultados de un peritaje contable, para definir si es sobreseído o procesado.

En su declaración ante la jueza, Mancinelli se defendió y argumentó que su firma "ganó las licitaciones para construir los paradores" y que buscó "empresas para realizar las obras".

Tanto en la causa que tramita Casanello como en la que inició en junio el fiscal Garganta la aparición de estas facturas puede ser tomada como prueba e implicaría el pago de retornos y el delito de lavado de dinero.