El Secretario General de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Ricardo Cirielli, diferenció el caso de LAN del de José López porque, dijo, “LAN aceptó que pagó la coima a ravés de Manuel Vázquez (testaferro de Ricardo Jaime) mientras que en el caso del ex secretario de Obras Públicas todavía no hay empresario que la haya admitido”.

Cirielli –quien fue subsecretario de Transporte Aerocomercial entre 2003 y 2007-  contó que "para los EEUU todas las pruebas que obtuvieron -en el proceso que se inició allí- fueron reconocidas por LAN, la empresa las admitió, aceptó y admitió que hubo un pago. Ahora en la Argentina, recién este lunes, (el juez Rodoldo) Canicoba Corral y (el fiscal Federico) Delgado tomaron la causa".

La causa a la que se refirió el gremialista remite el pago de coimas de LAN para operar en el país, donde está imputado el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera; el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime y el ex ministro de Planificación, Julio de Vido.

"A mí me citaron dos veces como testigo en Estados Unidos a declarar. Aporté pruebas y conté situaciones. Una de ellas fue cuando en julio de 2006 Jaime me aparta a la salida de un ascensor y me pregunta si le había pedido plata a los de LAN. Me dijo que había que hacerlo porque la semana próxima, 'el loco', como lo llamaban al ex presidente Néstor Kirchner, iba a firmar un decreto donde se iban a beneficiar (los empresarios). Y yo le dije que en esa no me metía", relató Cirielli.

Agregó que por eso se apartó "del tema" y que luego "el decreto se firma en agosto del 2006 y después se difunde que aparecen pagos de LAN a Manuel Vázquez en octubre de ese mismo año".

Un fiscal argentino y otro chileno investigan si supuestas coimas pagadas por la empresa aérea chilena LAN al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, para poder operar en Argentina, fueron autorizadas por el director de la compañía, Sebastián Piñera, antes de convertirse en presidente de Chile.

El pedido de investigación por el lado argentino acaba de formularlo el fiscal federal Ramiro González, quien pidió indagarlos, junto al ex ministro De Vido, en base a una denuncia realizada en Chile por una consultora internacional según la cual la compañía argentina, controlada por la chilena, es “un grupo empresario y político creado con la intención de realizar estafas y lavar dinero”.