El abogado Leonardo Martínez Herrero amplió ayer la denuncia contra Gabriela Michetti por el origen del dinero que le robaron en noviembre de 2015.

Entre la nueva documentación figuran pagos de salarios de la Fundación SUMA, que preside la vicepresidenta, pese a que no tenía empleados registrados en la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El letrado entregó el “informe de transparencia” que figura en el sitio web de la ONG al juez federal Ariel Lijo, en el que se sostiene que en 2014 “se abonaron sueldos por 165 mil pesos pero (ese año) no tenían ningún empleado registrado conforme surge de la constancia de la AFIP”.

Según Martínez Herrera, a fines de julio SUMA sólo se registró como “empleador”, por lo que consideró que “mal pudieron haber abonado sueldos de trabajadores que no existieron, o de haber existido estaban completamente en negro”.

También aseguró que la fundación que preside Michetti “no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia”, que “recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida”, y que no hubo “controles estatales”.

Y presentó un listado de empresas que donaron dinero a SUMA, además de informar sobre pautas publicitarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por “dos millones de pesos” otorgadas a la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi, “pudiendo llegar dicha operatoria a ser la financiación espuria del partido político o al menos del movimiento o interna que encabeza la licenciada Michetti”.

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó el viernes pasado a Michetti y ordenó que se investigue el origen de los 50.000 dólares y los 245.000 pesos que le sustrajeron de su casa el día que resultó electa como vicepresidenta.