La Cámara de expendedores de GNC actuó rápido y fue la primera en presentar un amparo contra el tarifazo del gas tras el fallo de la Corte Suprema que anuló los aumentos de ese servicio en los hogares, pero dejó afuera de su decisión a comercios e industrias.

El argumento principal de los surtidores es que la decisión del máximo tribunal "vulnera la posibilidad de que los ciudadanos accedan a un combustible más barato".

Desde el sector señalaron que desde diciembre el GNC aumentó un 400% y que esta suba "afecta" a más de un millón y medio de usuarios en todo el país.

Estos aumentos "destruyen la industria que sólo consume el 5% del total del país", afirmaron.

Consultados por la situación que atraviesa el sector, desde la cámara de empresarios del gas natural comprimido fueron lapidarios: "De diciembre a hoy pasamos de las 12.000 conversiones por mes a sólo 4.000 conversiones mensuales".

En el fallo de la Corte, los magistrados anularon los aumentos dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri pero sólo para usuarios residenciales.

"En el caso, el único grupo homogéneo que reúne los elementos definidos es el de los usuarios residenciales", entendieron los jueces, y aclararon que los usuarios residenciales son "ciudadanos a quienes les resulta difícil hacer una demanda por sí mismos y por eso se afecta el acceso a justicia y pueden ser representados en una sentencia colectiva".

El amparo contra el Estado Nacional fue presentado ante el juzgado N°3 de Lomas de Zamora.

Las pequeñas y medianas empresas nucleadas en APyMe y CAME ya preparan también medidas cautelares para frenar el tarifazo a sus actividades tras el fallo de la Corte.

Tampoco están conformes desde la Unión Industrial Argentina, y se reunirán el martes para analizar la situación de las empresas más grandes del país.

La Corte Suprema dispuso este jueves frenar el tarfiazo del gas para los usuarios residenciales hasta la realización de audiencias públicas. De esta manera, el máximo tribunal retrotrajo el cuadro tarifario a los valores que estaban vigentes al 31 de marzo pasado y dio un duro revés al gobierno de Mauricio Macri.