El Gobierno no quiere más sorpresas desagradables. Tras asimilar el golpe del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el tarifazo, puso en marcha un plan con un doble objetivo.

Por un lado, mostrar fortaleza política y generar la sensación de que la agenda sigue adelante, incluyendo el plan de obras públicas, cuya concreción había sido puesta en duda si el revés a las subas tarifarias implicaban un mayor costo fiscal.

Ese costo finalmente existirá, pero en el macrismo confían que será ocho veces menor al previsto originalmente.Por otra parte, apunta a acotar al máximo el daño de la sentencia sobre la cuestión energética, lo que implica prepararse para que las audiencias públicas del mes próximo no agraven la situación.

Y, al mismo tiempo, tomar la iniciativa para que el rubro del servicio eléctrico no corra con la misma suerte que el del gas.

El operativo empezó el mismo jueves en que se diera a conocer el fallo.

Ante la constatación del traspié -con el enojo presidencial incluido por la mala información que le dieron sus fuentes sobre cuál sería la decisión de la Corte-, hubo un evidente esfuerzo por mostrar normalidad.

Primero, el sugestivo mensaje de Alfonso Prat Gay en Twitter, anunciando que mantenía una reunión por inversiones para el plan Belgrano, al mismo tiempo en que la noticia sobre la sentencia corría como reguero de pólvora y acaparaba la atención de los medios de comunicación.Luego, el Gobierno dio una conferencia en la que mostró una rápida reacción con el llamado a las audiencias públicas.Más tarde, el ministro de Justicia, Germán Garavano, esbozó una autocrítica cuando, al ser consultado sobre si el macrismo había cometido un error al no haber convocado a esos encuentros, afirmó: "Hoy, con el fallo en la mano, sí, efectivamente".

Pero, al mismo tiempo, se encargó de transmitir la decisión presidencial de ratificar al cuestionado Juan José Aranguren al frente de la cartera de Energía.

Por lo pronto, lo que el oficialismo ha querido reflejar es que la sentencia significa un retroceso momentáneo, pero no un obstáculo que haya llevado a foja cero su plan de adecuación tarifaria.

"No existe tensión entre el Gobierno y la Corte, el balance no es tan negativo", aseguró el ministro, para quien el texto de los jueces "no dejó grandes sorpresas pero sí matices".

Agenda post-falloLo cierto es que ya arrancaron los preparativos para la audiencia del lunes 12 de septiembre, a realizarse en la Usina del Arte, un evento que se prevé será multitudinario y acaparará toda la atención mediática.

El objetivo del Gobierno será fortalecer su postura política para plantear, en esa instancia, un ajuste como el que regía hasta los amparos.Es decir, aplicar aumentos con un tope de 400% para el segmento residencial.

A pocas horas de conocida la sentencia, Macri convocó a su "mesa chica" a Olivos, en donde se hizo una evaluación política, algo que se encargó de publicitar la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Allí se diseñó la estrategia para los próximos días que implica, entre otras cuestiones, retomar la iniciativa.

En este sentido, Prat Gay se ocupará de mostrar continuidad en el plan de obras públicas.

Por su parte, Rogelio Frigerio profundizará el vínculo con los gobernadores, a quienes intenta alinear con la postura del Gobierno.

Esa coincidencia de intereses quedó acrecentada por el hecho de que el fallo de la Corte establece que en la audiencia pública no sólo sean materia de debate los cargos por transporte y distribución. También, el precio del gas en boca de pozo.

Tal como se encargaron de revelar los legisladores oficialistas durante la interpelación a Aranguren, fueron los propios gobernadores de las provincias petroleras quienes le pidieron al Gobierno que se mantuviera firme en sostener el precio del hidrocarburo, cuestionado por la oposición.

El mensaje que el oficialismo intensificará en estos días es que si el precio del gas en boca de pozo se dejara liberado al mercado, entonces el impacto sobre las tarifas podría ser mayor (además del daño que causaría a las economías regionales).

"Se decide hacer esta audiencia porque el Estado va a seguir interviniendo para fijar un valor menor y que la gente tenga que pagar menos", afirmó Garavano.

Anticiparse al "contagio eléctrico"El otro gran tema prioritario en la agenda macrista post fallo es el rubro de la electricidad, en el que existen altas chances de que se repita la situación judicial que condicionara el tarifazo del gas.

Para prevenir costos políticos y tratar de acotar el daño fiscal adicional que implicaría una situación análoga, el objetivo planteado es organizar otra audiencia pública tendiente a convalidar los incrementos en las boletas de luz.

Fuentes del Ministerio de Energía confirmaron a iProfesional que "esa audiencia también se realizará a mediados de septiembre", con diferencia de unos pocos días respecto de aquella en la que se debatirá la situación del rubro gasífero.

La idea del Ejecutivo está a la vista: anticiparse al fallo que la Corte dictará para dirimir la discusión por el tarifazo eléctrico.

Apunta a que una vez que se cumpla con el debate público requerido por los jueces (en el fallo ya conocido en el que trató la cuestión del gas), el Gobierno tenga terreno allanado para avanzar con los incrementos previstos para el servicio de luz.

¿Cuánto dinero está en juego? Desde la consultora Abeceb pusieron cifras al asunto.

Si, para el caso de la electricidad, la Corte imitara su reciente fallo en el que trató el tema del gas (y obligara al Gobierno a retrotraer las facturas a los valores del año pasado), esto le generaría al macrismo un costo fiscal de unos $30.000 millones anuales.

Concretamente:

-Año 2015: los subsidios destinados al servicio de energía eléctrica treparon a una cifra cercana a los $100.000 millones

-Año 2016: ascenderían a $130.000 millones, en caso de que una sentencia obligue a retrotraer las tarifas sólo para clientes residenciales

En línea con las proyecciones de abeceb, desde el Estudio Bein coinciden en que la demanda de los hogares en el sector de la electricidad alcanza al 42% del total.

Por lo pronto, la situación es más grave que en el caso del gas. En ese mercado, la demanda de los residenciales alcanza al 26% del total y el costo fiscal no debería superar los $20.000 millones anuales.

Claro que el monto final dependerá de qué tan rápido el Gobierno transite el camino de las audiencias públicas, condición excluyente para luego poner en práctica el nuevo esquema tarifario en hogares.

Si la situación quedara normalizada en noviembre, tal como creen en el equipo económico, el costo podría ser menor.

En caso de un revés judicial en los incrementos que el Gobierno quiere aplicar al servicio de luz, las cifras que se manejan son las siguientes:

-El precio del megavatio/hora que se abonaba el año pasado era de $95

-El que tuvo vigencia desde febrero hasta la suspensión judicial fue de $317.

La diferencia entre un valor y otro ($222) es lo que el Estado debería compensar. En términos porcentuales, nada menos que un 70% de esos $317. 

El sector eléctrico es sobre el que pesa la mayor cantidad de subsidios. Y, en este sentido, vale un dato clave: el megavatio/hora en el denominado mercado spot -que es el costo de la generación- asciende a $1.154.

Dicho de otra manera: la diferencia entre el precio de generación y el que pagan los usuarios residenciales (sin el tarifazo) es de 12 veces.

El año pasado, con el objetivo de que las distribuidoras de energía refuercen el mantenimiento de las redes, el Gobierno anterior había reforzado los subsidios en $10.600 millones.

Por ese motivo, Edenor y Edesur pudieron mostrar una mejora en sus balances durante 2015. Esa ayuda les evitó caer en patrimonio neto negativo, lo que hubiese implicado el quite de la concesión del servicio.Con la suba de tarifas propuesta por el macrismo, se había puesto fin a ese monto. 

Según Abeceb, esos $10.600 millones fueron contabilizados como parte de la erogación en la que debería incurrir el Estado en caso de darse un fallo adverso de la Corte.

Las cuentas que antes del fin de semana elaboraban en el Gobierno sobre el costo fiscal de la decisión del Máximo Tribunal tenían un único objetivo: saber a ciencia cierta si el golpe sobre las cuentas obligará a un recorte en la obra pública pautada para el año.

Por lo pronto, la fase "keynesiana" del plan de Prat Gay apunta a lograr el tan ansiado rebote a partir de las inversiones en el sector pública.

Además, que el repunte en el nivel de actividad se dé con fuerza desde el arranque del 2017, un año clave en el plano político, ya que se celebrarán las elecciones legislativas de medio término.

El plan de obras es muy ambicioso, dado que roza los $75.000 millones, a razón de entre $15.000 a $20.000 millones mensuales.

A diferencia con lo ocurrido en el gas, el Gobierno no quiere sorpresas con la electricidad. 

Con la celeridad que le faltó en el primer caso, ahora busca que -de una vez por todas- el tarifazo se encamine a una solución definitiva.