Juan Carlos Rosenkrantz juró este lunes como nuevo integrante de la Corte Suprema en un acto del que participaron los otros cuatro integrantes del máximo tribunal.

De esa forma, la Corte queda conformada por cinco integrantes, luego de que el presidente Mauricio Macri designara a Rosenkrantz y Horacio Rosatti y obtuvieran acuerdo del Senado.

Se suman así al máximo tribunal, que ya integraban Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. 

De esta forma, se vuelve a completar el tribunal a raíz de dos vacantes producidas por el fallecimiento de los jueces Enrique Petracchi y Carmen Argibay, ocurridas en octubre y mayo de 2014, respectivamente.

La asunción de Rosenkrantz fue en un auditorio colmado del cuarto piso de los tribunales de Talcahuano 550, donde concurrieron, entre otros, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña; la vicepresidenta Gabriela Michetti; el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y su par de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari; y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

En las primeras filas también se ubicó el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar.

El presidente de la Corte Lorenzetti le tomó juramento por "la patria y el honor" tras lo cual Rosenkrantz asumió su cargo como quinto integrante de la Corte Suprema de Justicia.

Al igual que al último magistrado incorporado a la Corte, Horacio Rosatti, que le tocó intervenir en el tema de los tarifazos del gas a los pocos días de haber ocupado su cargo, a Rosenkrantz lo espera en lo inmediato otro tema similar y de alto impacto en la sociedad: la legalidad de las subas de energía eléctrica.

Primera definición: tarifazoLuego del freno parcial que le puso al Gobierno en la readecuación de las tarifas del gas, la Corte tiene previsto tratar el tema de los aumentos en la energía eléctrica dentro de 15 días, es decir el martes 6 de septiembre.

Así surge de lo dispuesto por la propia Corte el jueves pasado, el mismo día que emitía su sentencia en el caso del gas, cuando recibió el expediente de la luz y decidió remitirlo, vía fotocopia certificada, a la Procuración General de la Nación para conocer su opinión, que no es vinculante.

"En consideración a la naturaleza del presente asunto, se hace saber a la señora Procuradora General de la Nación que la Corte Suprema considerará esta causa en el acuerdo del martes 6 de septiembre, a las 10 hs", dice en el texto en el que se dispuso la remisión del caso.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se había pronunciado la semana pasada en contra del aumento en las tarifas de gas, en consonancia con los fallos que habían dispuesto los tribunales inferiores de todo el país. Se trató de una resolución mucho más amplia que la que finalmente tomó el máximo tribunal

La Corte inhabilitó el aumento a los usuarios residenciales pero no así el de comercios, industrias y todos los otros consumidores que no sean hogares.

El tema de la luz que llegó a la Corte fue planteado también en la ciudad de La Plata, como el del gas, pero en este caso por los diputados provinciales Walter Abarca -ex secretario privado de Néstor Kirchner y alejado hace unos meses de la agrupación La Cámpora- y Evangelina Ramírez; el apoderado del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Jorge Landau; por un club social de Quilmes y por el ex intendente de Miramar Enrique Honores, interinamente a cargo de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Al igual que en el expediente que resolvió la semana pasada la Corte, aquí el principal cuestionamiento es que no se hayan realizado audiencias públicas con los usuarios antes de la disposición del aumento en las tarifas de la luz. Por tal razón, se presume que la Corte podría actuar de la misma manera que lo hizo la semana pasada, es decir, suspender el aumento para los hogares hasta que se haga la audiencia. El Gobierno las convocará esta semana (ver aparte).

Como Rosenkrantz no firmó la semana pasada en la causa del gas, es una incógnita cómo lo hará en el tema de la luz.

El quinto miembroEl desembarco de Rosenkrantz cierra un capítulo que se inició con cuestionamientos, a raíz de la elección por decreto dispuesta por el presidente Mauricio Macri, pero que luego se completó con un fuerte respaldo por parte todos los sectores políticos de la Cámara alta tras la concreción de audiencias públicas.

El jurista de extracción radical, que fue asesor del ex presidente Raúl Alfonsín, recibió sólo dos votos menos (58 votos a favor) que su colega Horacio Rosatti (60 votos a favor), el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, quien asumió el 29 de junio ante el máximo tribunal.

En voz baja cuando los analistas intentan explicar los motivos por los cuales Rosenkrantz obtuvo menos votos que Rosatti, pese a que todos coinciden en el Senado que la exposición del primero fue "impecable" y "mucho más sólida" profesionalmente que la de su colega, los analistas concluyen que la condición peronista del segundo fue la que terminó favoreciéndolo.

De hecho, quienes se pronunciaron en contra de Rosenkrantz fueron, además de los ultrakirchneristas, tres senadores del justicialismo, el ex presidente Carlos Menem, Hilda Aguirre y Marina Riofrío.

Rosenkrantz recibió el apoyo de la comisión de Acuerdos del Senado el 15 de marzo y dos meses, el 15 de junio, su pliego fue aprobado por el pleno del recinto.

En el camino, se especuló con que uno de los dos nombramientos (el de él o el de Rosatti) podrían "caerse" por los reclamos de la oposición de incluir más mujeres en la Corte y jueces que representen "mejor" al interior del país así como por los pedidos provenientes de sector del FpV y del peronismo disidente para ampliar el número de miembros del tribunal.

Si bien en un momento se intentó poner como condición la aceptación por parte del Gobierno de incluir la ampliación de la Corte en el temario, finalmente los pliegos de Rosenkrantz y Rosatti obtuvieron un aplastante apoyo en el recinto desde todos los sectores políticos, con excepción del ultrakirchnerismo.

Los dos mayores cuestionamientos a Rosenkrantz fueron su condición de abogado de un estudio jurídico que representaba al grupo Clarín en litigios contra el Estado, y el hecho de haber aceptado su designación inicial por decreto presidencial, una medida que luego Mauricio Macri revirtió cuando advirtió los rechazos que generó en todo el arco opositor.

Cuando la oposición lo cuestionó en la comisión de Acuerdos en el Senado durante la exposición a la que ambos candidatos a jueces se expusieron, en marzo pasado, Rosenkrantz dio una respuesta que agradó a los senadores: "Ningún juez puede aspirar a integrar la Corte sin acuerdo del Senado", declaró en su exposición, que duró cinco horas.

Allí aclaró que en su momento aceptó el nombramiento por decreto porque dio por hecho que estaba supeditado al posterior tratamiento parlamentario.

Sobre su vinculación al grupo Clarín (el abogado es uno de los dueños del estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, que tuvo entre sus clientes a firmas como Cablevisión, el diario La Nación, el Grupo De Narváez, Carbap, McDonald's y a Clarín), adelantó que se excusará si le toca intervenir en alguna causa vinculada a ese grupo empresario.

Rosenkrantz también brindó otras definiciones que inclinaron la balanza a su favor al declarar que "los jueces no deben gobernar" y que lo que a él le "gusta en lo personal no va a impactar en modo alguno en lo que decida".

"Mi mejor argumento sobre por qué debo ser designado es que soy claramente consciente de que Argentina no necesita superjueces ni la exaltación de la individualidad, sino reconstruir una práctica de la ley del derecho que nos permita resolver los problemas", fue una de sus mejores definiciones.

En los pasillos de tribunales ya lo llaman "el Zaffaroni de Macri", en referencia al ex ministro de la Corte que coincidía ideológicamente con el kirchnerismo.

Creenciales de oro Carlos Fernando Rosenkrantz es un abogado de 57 años que se recibió con honores en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que cuenta con un doctorado en Derecho de la Universidad de Yale, Estados Unidos, una de las mejores del mundo.

Cuando estudiaba, dicen sus compañeros, no aceptaba sacarse siquiera nueve puntos y desafiaba a los profesores a que le siguieran tomando para mejorar la nota.

Cuando se graduó en Yale, la universidad le ofreció nombrarlo profesor, lo que le hubiera permitido lucirse como experto y acceder a contratos millonarios en dólares actuando como experto en arbitrajes. Pero él no aceptó y se vino a la Argentina, aunque continuó impartiendo clases en el exterior.

Rosenkrantz, hijo de un judío de origen polaco y de una madre católica que fue docente, había cursado sus primeros estudios en el Colegio Nacional Domingo F. Sarmiento, de donde egresó, en 1975, con Medalla de Oro. Y siempre se destacó.

En 1984, el regreso de la democracia lo encontró, como abogado recién recibido, cerca de las filas del radicalismo. Nunca fue militante, pero sí simpatizó con esos ideales, dicen cerca de él.

Entonces, comenzó su actividad pública como integrante del grupo de trabajo de Carlos Santiago Nino, el filósofo del derecho que impulsaba la democracia deliberativa que asesoró de manera muy cercana al entonces presidente Raúl Alfonsín. Y así como fue discípulo de Nino, en los Estados Unidos lo fue de uno de los grandes teóricos de la libertad de expresión, Owen Fiss, y también de Bruce Ackerman.

En la Argentina, Rosenkrantz, un fino filósofo del derecho, trabajó en normas como las que abolieron la censura establecida por la dictadura militar y participó del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Era joven, pero sobresalía por su brillantez, reconocen quienes lo trataron en aquellos años.

En 1990, fundó junto con Gabriel Bouzat un estudio jurídico que también tuvo una fuerte presencia en litigios complejos. Pero Rosenkrantz, un abogado de corte liberal y pro mercado, también defendió causas que en su momento planteaban un fuerte desafío.

Y en 1991 participó como letrado patrocinante de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en un litigio en el que se cuestionaba la decisión de la Inspección General de Justicia de denegar personería jurídica a la entidad.

En 1994, Rosenkrantz fue asesor de Alfonsín en la Convención Nacional Constituyente y dos años después cumplió ese rol en la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras desarrollaba esa actividad profesional, en 2008 asumió como rector de la Universidad de San Andrés, y allí apoyó la creación del Centro de Estudios Anticorrupción.