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Un paso atrás, dos adelante: por qué Macri aspira a que la audiencia por el tarifazo sea su relanzamiento polí­tico
25/08/2016 - 10:35hs

Ironías de la política argentina: justo cuando se habla de un retroceso de la "CEOcracia" y del avance de los políticos tradicionales en el Gobierno macrista, es cuando mayor es el desafío para mostrar que realmente hay una impronta de cultura empresarial entre los funcionarios.

A fin de cuentas, el objetivo principal tras el cachetazo de la Corte Suprema por el tarifazo energético es demostrar "resiliencia", una de las palabras más utilizadas en la jerga del management.

Ese concepto significa algo así como tener capacidad para absorber los impactos negativos, readaptarse a la nueva situación y salir fortalecido de las crisis.Curiosamente, quien demostró durante muchos años tener gran resiliencia fue alguien bien alejada de la cultura empresarial: Cristina Kirchner.

La ex presidenta asombraba a partidarios y rivales por sus dotes de recuperación en cada situación en la que parecía que había recibido un golpe de nocaut.

Desde la derrota en la pelea con los sojeros en 2008 hasta el colapso energético de su segundo mandato, desde la asfixia de dólares hasta los traspiés en las elecciones legislativas, siempre se las ingenió para emerger de las crisis.

A veces, incluso, con gestos espectaculares que contribuían a la confección del "relato", como la estatización de YPF.

Ahora, a su modo, el macrismo está intentando una estrategia de recuperación recurriendo a una curiosa fórmula: marcar distancia en su estilo respecto del kirchnerismo aunque no necesariamente con grandes diferencias de fondo.

Esto quedó en evidencia el día del fallo de la Corte. Transformando su defecto en virtud, trató de mostrar su falta de cálculo político como una filosofía de apego a las instituciones republicanas.

Es decir, en vez de denunciar el accionar de un "partido judicial", Mauricio Macri dio la orden de no confrontar con los jueces y hasta esbozó una autocrítica.

Esa declamación de "republicanismo" procuró compensar el error político que llevó a que incluso aliados como Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y varios radicales se hayan mostrado muy críticos.

De hecho, el Gobierno había recibido muchas advertencias respecto del error de no convocar a las audiencias públicas.La más elocuente fue la de Stolbizer, quien acusó al macrismo o de mantener una postura ambivalente, al hacer de la legalidad una bandera política pero "actuando en el margen de lo ilegal".

"No se corrige con un temperamento terco, como el de seguir manteniendo un aumento sin audiencias públicas. Además, han ejercido presión sobre la Corte con declaraciones públicas que es algo muy peligroso", disparó la diputada.

En efecto, se nota un contraste entre las nuevas declaraciones de respeto a la independencia judicial y la actitud de los días previos al fallo, cuando abundaron las advertencias de funcionarios y de periodistas afines respecto del daño que el máximo tribunal podía llegar a infligir al país si frenaba el tarifazo.Por otra parte, al mejor estilo cristinista, se tomó la decisión de apuntalar al funcionario más cuestionado, Juan José Aranguren.

El ministro había recibido críticas hasta en la interna gubernamental, pero la directiva siempre ha sido defenderlo, porque su eventual alejamiento sería considerado como una señal de debilidad política.

Esa ambigüedad se refleja también en el hecho de que ahora, mientras se sobreactúa un clima de normalidad, con nuevos anuncios de inversión pública y privada, se delinea una estrategia para salvar lo que se pueda del "viejo" tarifazo.El partido en las audiencias públicasLa nueva línea se expresó con claridad hace unos días, con el "timbreo" protagonizado por la plana mayor del Gobierno.

Siguiendo la prédica "duranbarbista", la conclusión fue, como dijo el diputado Eduardo Amadeo, que "el tarifazo no es una preocupación de la gente".

Pero sí lo es, evidentemente, para el Gobierno, que ya lanzó su operativo de recuperación de la iniciativa política.

Para empezar, con un refuerzo en su alianza con los gobernadores, incluidos los peronistas.

Es que los funcionarios han encontrado en ellos los mejores socios a la hora de defender el ajuste tarifario.

-En el caso de las provincias petroleras, el arma de negociación es la cotización interna a la cual se comercializa el barril de petróleo, que viene siendo mucho más elevada que la internacional.

Una suerte de "precio sostén" sin el cual sus finanzas provinciales pueden sufrir un severo daño.

-En las demás jurisdicciones, a través de los envíos de dinero. En estos días, las cajas provinciales están recibiendo giros por $24.000 millones.

Esto, como parte de las transferencias prometidas ($37.000 M) tras el acuerdo tejido por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, uno de los encargados del "control de daños" tras el revés de la Corte.

En paralelo, se ha dado comienzo a la estrategia mediática para las audiencias públicas. Es ahí donde reside, precisamente, uno de los mayores desafíos para el macrismo.

Sucede que si bien esa instancia es "no vinculante", queda claro que ya no se tratará de un mero trámite.

Tras los amparos y el fallo de la Corte, se ha convertido en un evento que concitará toda la atención política y mediática. A punto tal que los políticos de la oposición ya se están quejando de que la Usina del Arte resultará un escenario demasiado chico.

La estrategia oficial consiste, por un lado, en una suavización en sus aspiraciones de incremento en las tarifas, de manera de no contradecir el mandato de la Corte sobre la "razonabilidad y proporcionalidad" de los aumentos.

Una de las alternativas bajo análisis, según admitió Marcos Peña, es la de un nuevo esquema de precios que incluya:

-Una segmentación regional

-Otra por niveles de ingresos

-Un camino gradualista en la eliminación de subsidios

Esto implica:-Abandonar la lógica de aumentos generales, con tope del 400%.

-Avanzar en una salida más consensuada y política

Esta última tendría en cuenta el recientemente difundido informe de la Universidad de La Plata, que revela que bajo el sistema kirchnerista los hogares ricos recibieron un nivel de subsidio dos veces y medio más que el de los pobres ($6.500 versus $2.800) por el gas y la luz. 

Por otra parte, el Gobierno intenta que las empresas prestatarias de los servicios asuman un mayor protagonismo, de manera de "tercerizar" parte del costo político.

El plan oficial es dejar que sean los propios proveedores de energía quienes expliciten sus dramáticas situaciones de insolvencia financiera.

No será un objetivo fácil, dada la hipersensibilidad despertada por los aumentos de los últimos meses. Pero, al menos, el Gobierno tiene algunos puntos que le permiten evaluar que su situación no es tan mala de cara a lo que viene. 

1. La correcta actuación de Aranguren cuando fue interpelado en el Congreso, así como el hecho de que más del 80% de la población pagó los aumentos sin protestar, le que le permite afrontar con cierta calma el debate.

2. La confirmación de que las audiencias son "no vinculantes", lo que le posibilita planificar su nueva política energética sin temor a que sobrevenga un freno legal como consecuencia de esos debates.

3. La Corte, pese a la suspensión del tarifazo, tuvo un importante guiño hacia Macri, al ratificar que es potestad del Ejecutivo la fijación de las tarifas.

4. Al focalizar su crítica en la cuestión formal de las audiencias, el máximo tribunal evitó que el debate se centrara en la cuestión de si el criterio para ajustar los precios de la energía debe ser "social".

5. El texto del fallo establece con claridad que no puede considerarse al sector comercial e industrial en plano de igualdad con el residencial.

6. Esto último es interpretado por los abogados como un mensaje para que los jueces del país no acepten acciones legales colectivas por parte de agremiaciones empresariales.

La otra pata de la estrategiaLa estrategia oficial se complementa con la iniciativa en el rubro de la electricidad.

La Corte Suprema tiene en su agenda el tratamiento del tema dentro de dos semanas y se da por descontado que el fallo será similar al que frenara el tarifazo del gas.

Por ese motivo, el plan del Gobierno es adelantarse a un nuevo revés político y convocar a audiencias públicas también para tratar el tema eléctrico.

La lógica de los funcionarios es la de acotar los daños. Según un informe del economistas Nicolás Dujovne:  

-El impacto fiscal por el freno al tarifazo podría ascender a u$s1.500 millones si el fallo judicial se hiciera extensivo al sector comercial (hoy día es de u$s700 millones, por el segmento residencial).

-En tanto, llegaría a ser de u$s3.400 millones si también llegara a alcanzar a la electricidad.

Con semejante cuadro, urge una agenda de "buenas noticias". Paradójicamente, la propia Corte le facilitó una al Gobierno, dado que la suspensión del aumento podría hacer caer drásticamente la inflación de agosto hasta un nivel inferior al 1 por ciento.

La agenda oficial prevé otra oportunidad para compensar la "mala onda tarifaria": en la misma semana en que se haga la primera audiencia, se realizará el Argentina Business & Investment Forum.

En este evento, llamado también el "mini Davos", el Gobierno aprovechará para mostrar proyectos concretos por parte de empresas extranjeras.

El desafío del macrismo es claro: ahora debe tratar de que las audiencias, que todo el ámbito político ve como un momento en el que el Gobierno puede quedar expuesto, se transforme en el trampolín a partir del cual justificar y legalizar el tarifazo.

Si pasa la prueba, puede quedar blindado de toda crítica política o legal y avanzar con su plan energético. Pero para eso debe aplicar una estrategia en la cual el margen de error es pequeño.

Sea con el estilo del "gobierno de CEOs" o con el del kirchnerismo, su desafío es mostrar que también tiene "resiliencia".

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