El Gobierno busca acelerar la instrumentación de barreras a las importaciones, aunque tratando de diferenciarse de los mecanismos que se aplicaban hasta diciembre pasado.

Por este motivo, el Ejecutivo aceitará los controles que están permitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que habrá un profesionalismo extremo para cuidar con mecanismos legales a los sectores que puedan sufrir particular daño con el ingreso irrestricto de mercadería.

La decisión oficial es alejarse de la mala imagen que dejó para el país la aplicación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y comenzar a agilizar y modernizar la aplicación de licencias y trabas permitidas por el organismo internacional.

La decisión sobre los nuevos mecanismos que se pondrán en marcha estará en manos del Ministerio de Producción que maneja Francisco Cabrera, donde, aseguran, ya analizaron a fondo las medidas que comenzarán a aplicarse.

Según el criterio del Ejecutivo no habría nada parecido a una "invasión de importaciones". Incluso muestran los informes oficiales, donde se marca que las compras del exterior cayeron según los datos del INDEC en los primeros siete meses del año, un 7,7 por ciento.

Y que salvo en el rubro vehículos (por el alza en la importación de autos importados para abastecer una demanda retrasada), las importaciones para consumo final también cayeron más del 10% en el mismo período.

Igualmente desde el Gobierno entienden que puede haber inquietud por las decisiones tomadas en la primera parte del año para acelerar la autorización de importaciones trabadas desde el último semestre de 2015, y que fueron autorizadas en la primera parte del año.

Pero afirman, tal como mencionó este diario el viernes pasado, en los últimos 60 días la situación está controlada y sólo se activan automáticamente importaciones para el sistema productivo, informó Ámbito Financiero.

Los instrumentos más comunes para controlar importaciones autorizados por la OMC son las licencias; las que no se consideran por el organismo barreras no arancelarias, con lo cual no se ameritan sanciones.

Las utilizan la mayoría de los países, incluyendo los centrales, en especial para proteger su producción primaria donde los Estados en desarrollo son más competitivos.

En su momento se crearon para proteger las fronteras aduaneras contra el comercio de armas, narcóticos y posibles amenazas de daños a la salud y el medio ambiente de ciertos productos, especialmente alimentos; pero con el tiempo comenzaron a derramarse para todos los sectores primarios e industriales.

Requieren antes una licencia explicatoria al importador, donde se detalla la causa de la restricción. En general se aplican con "cuotas" de ingresos, instrumento sobre el que trabajaría el Gobierno.

Se habla de más de 19.000 posiciones arancelarias (productos a importar) sobre los que se aplicarán las licencias automáticas y unas 2.000 más para sectores denominados "sensibles".

Todo dentro de una actualización y aceleración del Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones (SIMI) para que los importadores tengan previsibilidad sobre la celeridad, o no, de las autorizaciones para importar.

Si bien nunca estuvo en mente del macrismo continuar trabajando con las DJAI, lo cierto es que desde el 31 de diciembre de 2015 la Argentina debía abandonar el instrumento definitivamente, utilizado en su momento a destajo por Guillermo Moreno en sus años de secretario de Comercio Interior.

De otra manera hubiera comenzado a recibir una catarata de sanciones por parte de los grandes importadores. Para el macrismo esta era otra de las bombas que serían heredadas por el kirchnerismo.