Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay acordaron ejercer en conjunto la presidencia del Mercosur este semestre, lo cual anula la decisión de Venezuela de asumir ese cargo pese a la falta de consenso. 

Frente a esta situación, el país comandado por Nicolás Maduro insistió con que se trata de una medida que vulnera la integridad del bloque. 

"Venezuela, en ejercicio pleno de la presidencia pro témpore de Mercosur y en resguardo de sus tratados, rechaza la declaración de la triple alianza", escribió la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en su cuenta de la red Twitter, sobre la declaración de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Además, los tres miembros del bloque emplazaron a Caracas a que antes del 1 de diciembre apruebe una serie de iniciativas que tienen pendiente, bajo amenaza de suspender al país.

Aunque el comunicado está firmado por los cuatro socios fundadores del Mercosur, Caracas parece salvar a Montevideo de sus críticas, porque insiste con la figura de la “triple alianza”, usada varias veces por el presidente Nicolás Maduro, para referirse a los otros integrantes del bloque.

Para la canciller venezolana, pretender destruir Mercosur mediante "artimañas antijurídicas es reflejo de la intolerancia política y desesperación de burócratas". 

"En Mercosur, las decisiones se adoptan por consenso y respetando las normas de funcionamiento. No permitiremos violaciones a los tratados", dijo la canciller y anunció que pronto Caracas expondrá la "verdad sobre acervo normativo de Venezuela y del resto de los Estados parte, así como las acciones para proteger Mercosur", según Télam. 

Puntualizó que la declaración de la "triple alianza", de los Gobiernos de Argentina, Paraguay y de "facto de Brasil, vulnera la legalidad de la organización". 

Los cancilleres de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay dieron a conocer la posición de los miembros fundadores en una declaración conjunta emitida en la noche del martes, en medio de las disputas con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. 

Los cuatro países apuntan al incumplimiento de directrices del Mercosur por parte de Venezuela referentes, entre otros temas, a los intercambios económicos y la protección de derechos humanos, asumidos por el Gobierno de Caracas cuando el país se unió al bloque en 2006.