El Gobierno se apresta a enviar al Congreso un proyecto de ley para imponer la figura del juicio en ausencia a los delitos transnacionales.

El presidente Mauricio Macri ya tiene en su escritorio el borrador del proyecto de ley que elaboraron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de la unidad especial de investigación de la causa AMIA, Mario Cimadevilla, entre otros funcionarios del Gobierno.

Ese mecanismo jurídico se extenderá también a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, venta ilegal de armas y trata de personas.

El juicio en ausencia hasta ahora estaba acotado a la posibilidad de enjuiciar a los cinco iraníes involucrados en la voladura de la mutual judía, que se niegan a declarar en la Argentina.

La idea es que el proyecto tenga mayor amplitud que la causa AMIA por dos motivos centrales que explican puertas adentro de la Casa Rosada: la necesidad de sumar mayor cantidad de adherentes en el Congreso y, a la vez, terminar con varias causas judiciales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos, la venta ilegal de armas y la trata de personas en investigaciones que no pueden cerrarse en la actualidad en la Argentina.

Sustancialmente, hay muchas causas judiciales enmarcadas en esta tipología de delitos, que no logran tener la colaboración de la justicia de otros países o bien los acusados se niegan a declarar en el país y no pudieron ser extraditados hasta el momento.

El funcionario de la unidad AMIA puso como ejemplo de esta herramienta legal el uso que se le da en países como Francia e Italia, donde las leyes de juicio en ausencia fueron elaboradas para todo tipo de delitos.

A modo de ejemplo, Cimadevilla mencionó que en el caso hipotético de que Ibar Pérez Corradi nunca hubiera regresado preso a la Argentina, como finalmente ocurrió, la causa en su contra por el tráfico de efedrina iba a tener un punto final, ya que quedaba paralizada sin resolución. En ese caso, el juicio en ausencia para el delito de narcotráfico hubiera sido aplicable a fin de destrabar esa situación engorrosa.

Los detalles

El proyecto prevé, entre otras cosas, que si el imputado de un caso aparece luego de un fallo puede apelar su condena. También fija garantías para su defensa y contempla la posibilidad de poder finalizar una investigación judicial con un fallo definitivo, más allá de que no esté presente el acusado del delito.

La idea central de la iniciativa es que se llegue a la verdad de los hechos, se sepa lo que ocurrió y se busque una reparación para las víctimas. 

También se establece en el proyecto que nadie puede ser juzgado si con carácter previo no ha sido efectivamente citado en tiempo hábil que le permita comparecer y preparar su defensa; que la citación ha de precisar las consecuencias de la incomparecencia; que la sentencia dictada en ausencia debe serle notificada al inculpado, y que se permita al condenado impugnar la sentencia a través de todos los recursos que fueren procedentes.

El martes próximo llegará al país, en visita oficial, el presidente de la Corte Penal Internacional de La Haya, el juez surcoreano Sang-Hyun Song, con quien se buscará darle un respaldo mayor al proyecto de juicio en ausencia.

Desde el punto de vista político, en el Gobierno aseguran que el proyecto contará con el visto bueno de varios referentes de la oposición, ya que no estará sujeto solamente al tema de la causa AMIA, sino también a otros delitos de carácter transnacional.

De hecho, se sabe que hubo una ronda de consultas del Ministerio de Justicia con referentes del PJ no kirchnerista, el socialismo y el Frente Renovador por este tema y hubo buena predisposición en todos los casos.

En su momento, la ex diputada de Pro y actual titular de la Oficina Antocorrupción Laura Alonso defendió a rajatabla este proyecto de ley, al sostener que "muchas veces la parálisis de una causa no se ha debido a la inacción ni a los fatales y maliciosos errores de la justicia argentina, sino al producto de la nula cooperación que Irán ha prestado en el proceso encubriendo a los acusados de la causa AMIA".

El ministro de Justicia, Germán Garavano, advirtió sobre la importancia de la "rápida y efectiva reacción del Estado" para hacer frente a los delitos y manifestó que "no importa el tiempo de la condena, sino que se condene" a los responsables.