El gobierno de Mauricio Macri convocó a las empresas que habían conseguido avanzar en contratos con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) durante la década kirchnerista a renegociar cláusulas para la puesta en marcha de nuevos proyectos de renovables.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, publicó en el boletín oficial la resolución 202 a los fines de reestablecer oficialmente las condiciones para la puesta en marcha de parques eólicos, solares y centrales de Biomasa que habían sido gestados durante la gestión anterior.

¿Cuáles son las exigencias? En principio, el Gobierno plantea a los inversores que aprovechen los beneficios fiscales de la Ley 27.191 y sus reglamentaciones, a los fines de bajar el precio de la energía limpia.

No por casualidad, la decisión se hace oficial un día antes que se conozcan las ofertas económicas de la subasta por 1.000 MW que lanzó el Poder Ejecutivo.

En la competencia se espera un valor del MWh más cerca a lo que consiguen países de la región: entre u$s50 y u$s80, tanto en solar como eólica.

Biomasa, por el contrario, oscilará en torno a los u$s160, pero juega con la ventaja de ser potencia firme. A diferencia de la eólica y solar, no corre el riesgo de que haya buen viento o sol. Genera energía en forma constante.

En la década anterior, sin beneficios fiscales ni exenciones a la importación de tecnologías y con la responsabilidad de enfrentar los costos de infraestructura eléctrica de las líneas de alta tensión, CAMMESA pagaba el doble: u$s240 el MWh en el caso de la energía solar. Y entre u$s110 y u$s120 para eólica.

Con esta medida, además de la potencia que adjudique la Subsecretaría del área que dirige Sebastián Kind, es de esperar que proliferen algunas de las viejas propuestas, muchas de ellas que igual están jugando en la subasta actual.

En realidad, la medida no es novedad: el ministro Aranguren ya se lo había prometido a empresarios tiempo atrás, cuando se desató la polémica por la Suspensión de las Resoluciones que daban origen a los contratos: 108 y 712.

Con la suspensión del marco legal que había creado el kirchnerismo, el Gobierno dejó sin efecto proyectos de inversión por 350 MW en el caso de la eólica, según informan desde la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE).

Significa cuatro parques como los que tiene Genneia en Rawson, Chubut.

Ahora el Gobierno pretende que estas iniciativas se adapten a las nuevas condiciones del mercado: precios alineados a la subasta, en el marco de los incentivos de la Ley 27.191.