Veinticinco empleados públicos del ministerio de Interior y Transporte de la Nación fueron procesados y embargados por la supuesta apropiación de $50 millones donados por la ONU para el desarrollo.

Fuentes judiciales informaron este viernes que el juez federal Claudio Bonadio resolvió los procesamientos por los supuestos delitos de "defraudación contra la administración pública" y "lavado de activos", cometidos durante el kirchnerismo y dispuso embargos de dinero más bienes y, para algunos, hasta prohibiciones de salir del país.

La lista de encausados está encabezada por los ex ejecutores dentro del ministerio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Esteban Pablo Sáenz Rico, María de Lourdes Giménez y Héctor Damián Mazza, más otros 22 ex empleados de la cartera en la época en que la dirigía Florencio Randazzo.

El propio Randazzo había radicado la denuncia penal en 2013, a partir de dos auditorías, una dispuesta por el PNUD y la otra por el Ministerio, lo cual dio origen a esta causa penal.

"En el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desviaron en provecho propio y/o de terceros aproximadamente cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), en el período comprendido entre abril del año 2009 y mayo de 2013 aproximadamente", sostuvo el juez.

Los procesados se desempeñaban en la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), que tenía acceso a cuentas bancarias, cuyos fondos debían ir destinados a planes de modernización en el Registro Nacional de las Personas, el Archivo General de la Nación, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.