El mercado satelital argentino sigue dando que hablar. A la polémica que generó el permiso precario otorgado a DirecTV para ofrecer internet satelital en modo de prueba, pero que se está comercializando, se suman ahora las irregularidades advertidas en Hispasat, otra empresa del sector que está proveyendo servicios con un vehículo no autorizado, de acuerdo a algunas pruebas que ya habría realizado el regulador y que darían cuenta de ello.

Hace unas semanas se supo que Hispasat había comenzado a utilizar un satélite para brindar sus servicios sin tener el permiso de aterrizaje correspondiente. Se trata del vehículo 30W-5 que está utilizando para comercializar sus prestaciones que actualmente son publicitadas en su página institucional y que ya habrían sido certificadas por un escribano, según pudo saber iProfesional.

La compañía estaría usando este vehículo luego de que finalizara la vida útil de otros dos satélites autorizados para brindar esas prestaciones, en este caso para el mercado de televisión y telecomunicaciones. La empresa habría obviado este trámite legal que se impone a cualquier compañía que quiera operar en los cielos argentinos.

Hispasat ya habría sido notificada de esta irregularidad por parte del Ministerio de Comunicaciones, a cargo de la política, regulación y control del mercado, y comandado por Oscar Aguad. Y lo mismo habría ocurrido con las empresas que estarían recibiendo el servicio, entre las que se encuentran Cadena 3, Canal 8 de Mar del Plata y Teleocho Córdoba, entre otras señales, distribuidas en diversas provincias del país.

A este grupo de empresas se les habría solicitado que expliquen cómo reciben la señal satelital, puesto que la única manera de obtenerlas es a través de un dispositivo (dish, en la jerga técnica, un "plato", en lenguaje coloquial) que justamente permite bajarla. Ese "plato" solo puede ser provisto por la compañía satelital involucrada, detallaron a este medio las fuentes consultadas.

El caso de Hispasat y sus eventuales irregularidades se suma al que, hace más de un mes, dio a conocer iProfesional respecto del permiso precario con el que DirecTV está brindando internet satelital en modo de prueba y que motivó la queja de algunas empresas del sector.

IProfesional intentó comunicarse con Oscar González, a cargo de la subsecretaría de Regulación pero no fue posible ubicarlo.

Si bien desde el Ministerio de Comunicaciones se busca generar la mayor competencia en los diversos segmentos del mercado para beneficio de los clientes y consumidores finales, las formas que estarían aplicando algunas compañías en sus operaciones distan de las prácticas de transparencia que, desde el Gobierno de Mauricio Macri, se promete impulsar y resguardar.

Sucede que en el ámbito de esta cartera estarían surgiendo cada vez más conflictos. En todos los casos, por las supuestas incompatibilidades mencionadas.

Casos que podría emparentarse con lo que ocurrió hace poco con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, pero que algunos expertos en la materia consideran de mayor gravedad aún. Porque, entienden, ser accionista de una compañía -tal como ocurría con el jefe de Energía- no es lo mismo que ocupar cargos en la dirección de una empresa, como tampoco ser directivo en una compañia y ostentar un cargo público. En ambos casos se toman decisiones que hacen al funcionamiento de la empresa o del mercado, aspectos que están bajo sospecha respecto de algunos funcionarios del MinCom.

Las primeras denuncias

Hace aproximadamente un mes desde la ONG Ciudadanos Libres se denunció ante la Oficina Anticorrupción (OA) que comanda Laura Alonso a dos integrantes de esta cartera, el secretario de Telecomunicaciones, Héctor Huici, y el subsecretario de Planeamiento, Hugo Miguel por ejercer funciones aparentemente incompatibles con la actividad privada.

A Miguel se lo denunció por ocupar la secretaría de Planeamiento del MinCom y en paralelo ser tesorero y director de Tesacom Panamá, que sería la controlante de Tesacom Argentina, una de las compañías que brinda servicios satelitales en el país y en la región.

De acuerdo a la denuncia, Miguel también sería presidente del directorio de Tesacom Argentina, comandada por José Sánchez Elía. El ejecutivo iba a ser el Secretario de Comunicaciones pero esa oferta no prosperó.

A Huici se lo señaló como superior de Miguel, y se destacó que ya había incursionado en la función pública, también en el sector de las comunicaciones, junto a Sánchez Elía durante el Gobierno de Carlos Menem.

En la demanda se fundamentó que "El art. 13 de la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, establece que "Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades".

En su defensa, Miguel aseguró que ya había efectuado las renuncias en las filiales de Tesacom, pero que las inscripciones tardaron en efectivizarse. Quienes siguen la denuncia elevada a la Oficina Anticorrupción aseguraron que el CUIT del funcionario sigue activo, lo que demostraría que aún no habría cesado en el ejercicio de la actividad privada.

La denuncia de Ciudadanos Libres motivó a la OA a "abrir una actuación por intereses a incompatibilidad. Y se está analizando si hay conflicto", se limitaron a señalar desde el organismo a iProfesional.

Pese a ella hay reconocimiento en el mercado de las telecomunicaciones en general y hasta de parte de los denunciantes de la idoneidad de los funcionarios sospechados. Pero el cuestionamiento pasa por la incompatibilidad de las funciones y de la ética pública.

"El problema de fondo de la Argentina es que no hay una carrera pública de profesionales de alto nivel. Hay que buscarlos en la actividad privada. El problema acá es la historia de algunos de estos funcionarios y que la ética pública no se ampara en la ley", apuntó una de las fuentes.

Las observaciones no terminaron en estos funcionarios. Sino que siguen surgiendo sospechas sobre otros que estarían ejerciendo cargos públicos en paralelo con la actividad privada.

Entre las múltiples actividades que tiene a su cargo el MinCom se encuentra el diseño de las políticas satelitales relacionadas con la empresa estatal Arsat. Quienes poseen la responsabilidad de esta actividad cumplen una función en la esfera pública mientras mantienen sus intereses en el ámbito privado.

Tal el caso de Eduardo Tallarico, quien además de estar designado como asesor del senador nacional Federico Pinedo, de acuerdo a la resolución 158/2016 del Senado, es también asesor de Oscar González, a cargo de la subsecretaría de Regulación del MinCom.

A esto se suma que Tallarico es también el representante de Hispasat desde el año 2008. Parte de la actividad de regulación que, como asesor, desempeña en el MinCom se vincula con la definición de las políticas satelitales.

"Y no se puede ser asesor de un legislador cuando se es representante legal de una empresa", señalaron a iProfesional fuentes relacionadas con el sector.

Si bien la doble tarea en el Estado no necesariamente generaría incompatibilidades por tratarse de dos poderes distintos -el Ejecutivo y el Legislativo-, el trabajo de Tallarico como asesor de Oscar González sí estaría teñido de estas divergencias, puesto que González es socio de José Sánchez Elía, CEO de Tesacom. Hispasat es socio de Tesacom en la Argentina, y ambas son competidoras de la estatal Arsat.

La pregunta que se hacen en la industria es ¿cómo es posible que quien está a cargo de la definición de políticas regulatorias sea socio en una empresa que, a su vez, es competidora de Arsat? Y que uno de los asesores de quienes definen las políticas regulatorias sea el apoderado legal de una compañía alcanzada por esas decisiones.

Sumatoria de ceños fruncidos

La promesa de transparencia y de lucha contra la corrupción que prometió Cambiemos durante su campaña y, luego, al asumir el Gobierno nacional está mostrando más falencias que logros. No sólo por los cuestionamientos que se realizaron sobre las designaciones de funcionarios con intereses en el sector privado sino también por las afirmaciones que acaba de dejar la misión de la OEA que visitó al país y que detectó fallas tanto en la lucha anticorrupción como falta de transparencia en la nominación de funcionarios. 

El Ministerio de Comunicaciones es uno de los lugares donde estaría habiendo evidencia de esta situación: nombramientos incompatibles de ciertos cargos, funcionarios flojos de papeles, y la vista gorda sobre el comportamiento de empresas que están haciendo negocios en el país sin los permisos correspondientes. O actuando en el límite de la legalidad.

Esta situación estaría generando malestar creciente en las más altas esferas del Gobierno que no quieren empañar la gestión por este tipo de situaciones.