Horas después del acuerdo entre empresarios, sindicalistas y funcionarios del Gobierno para negociar un bono de fin de año sobre un piso de $2.000, endustriales y comerciantes le bajaron el precio al plus salarial.

El primero en hacerlo fue Daniel Funes de Rioja, el vicepresidente primero de la UIA y titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

"Se habla de una base/referencia. Habrá que ver cómo se paga, en cuántas cuotas, todo eso queda en manos de los negociadores, de cada convenio, de cada sector", dijo en diálogo conRadio Continental.

"Obviamente, hay una cifra deseable de $2.000 pero hay que ver quién llega, quién puede llegar y cómo puede llegar".

"No es obligatorio pagar el bono -explicó- Se va a entrar en una instancia de negociación por cada sector".

Otro de los que salió a bajarle el precio al acuerdo por el bono fue el dirigente de la UIA y dueño de Celulosa Argentina José Urtubey, que calificó el acuerdo como un "documento político" que solo "habilita" a los sectores a negociar un bono de fin de año.

"Se trata solo de un documento político. Tal cual como pedíamos desde la UIA se habilita a negociar por sectores, pero no es vinculante", señaló Urtubey en declaraciones a DyN.

El empresario que es hermano del gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey señaló que el importe de un bono de 2000 pesos para fin de año que figura en el acta firmada en la Casa Rosada este mediodía es solo "una referencia".

Urtubey consideró que "hay sectores que no pueden" pagar un bono de fin de año, y dijo que desde el sector fabril "aspiramos a la razonabilidad" de los que participen en las discusiones.

Por su parte, el titular de la Fundación PRO-Tejer, Jorge Sorabilla, advirtió que el sector textil no dará un bono de fin de año por la situación que atraviesa, y aseguró que "la prioridad" es mantener los puestos de trabajo y pagar los salarios.

"Cayó un 25% el nivel de actividad -detalló- Esto significa menos horas trabajadas, gente suspendida y los empresarios haciendo un esfuerzo enorme tratando de mantener su plantilla de trabajo".

En diálogo con radio 10, el presidente de la entidad reconoció que el reclamo de los trabajadores es justo, porque el salario perdió poder adquisitivo, pero indicó que no se va a pagar un bono.

Además, cuestionó la "imposición" del Gobierno al habilitar la discusión de un bono de fin de año porque "lo único que hace es poner en riesgo el sistema de empleo".

Además, criticó la "avalancha" de importaciones textiles que se produjo en el primer semestre del año, y si bien admitió que el Gobierno "se dio cuenta de que cayó el nivel de actividad y está poniendo en riesgo el sistema productivo", explicó que solo se "desaceleró" el ingreso de productos del exterior en el último trimestre pero no se frenó.

"Nosotros empleamos 420.000 personas en toda la cadena de valor con un salario promedio es de u$s1.300 con cargas sociales, y competimos con economías que no llegan a pagar u$s400", explicó.

"Acá estamos muy caros en dólares y no tenemos poder adquisitivo, es un problema de nuestra economía", analizó.

Por último, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) salió al cruce del anuncio.

"No se acordó ningún bono, la información está mal dada. Nosotros adelantamos que no vamos a pagar, es un absurdo total que paguemos un bono cuando ya lo incluimos en la paritaria", afirmó Osvaldo Cornide en diálogo con Radio Provincia.

Aclaró que "los empresarios mercantiles Pyme no están obligados a pagar el plus" y explicó que ya que se pactó con los sindicatos "un aumento del 19% en dos tramos que absorbió la oferta inicial de bono en la negociación paritaria".

El empresario además lamentó que su entidad no fue invitada a participar del encuentro entre Gobierno, empresarios y sindicalistas. Y dijo que ayer en la Rosada se trató "cuestiones de anhelo, no soluciones".

La CGT, en alertaLas declaraciones de los empresarios pusieron en alerta a la central obrera.

"Tienen que abrir la billetera y cumplir con lo que se ha pactado", advirtió este jueves Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la central obrera.

"De lo contrario va a haber problemas", amenazó.

Además, adelantó que en la próxima mesa de negociación con los funcionarios nacionales, que se hará en noviembre, la CGT insistirá en que se suspendan los despidos y que también se dejen de aplicar las suspensiones por un plazo de 90 días.