La Unidad de Información Financiera (UIF) prepara nuevos controles del lavado de dinero. El organismo traspasará una mayor responsabilidad a las instituciones que deben colaborar con la prevención, como los bancos, para identificar riesgos de operaciones sospechosas y, por otro lado, estimulará el rápido congelamiento de activos ante posibles delitos de ese tipo.

"Vamos a controlar el compromiso de la institución para combatir el lavado y el financiamiento de terrorismo con respecto a sus clientes", anticipó el viernes la vicepresidenta del organismo, María Eugenia Talerico, al ser consultada por iProfesional sobre la actitud que adoptará la UIF en caso de que las alarmas de los bancos, por ejemplo, fallen a la hora de informar operaciones sospechosas.

Talerico expuso las nuevas pautas durante el taller "Anticoorrupción, transparencia y lavado de dinero", de la segunda misión técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que organizó el Club Americano de Buenos Aires, en la antesala de la visita al país de un comité observador de la OCDE que evaluará la incorporación de la Argentina a dicha entidad.

La funcionaria reconoció que en los casi 10 meses de su gestión "no hubo sanciones" por operaciones ilícitas, debido al "colapso" del organismo, del que responsabilizó a la gestión previa de la UIF, encabezada por José Sbatella. En su opinión, las instituciones supervisadas generaron informes de "mala calidad" por temor a ser sancionadas.

Ahora, explicó, los procedimientos para abrir sumarios están siendo revisados a la luz de los nuevos criterios y las sanciones funcionan con la opinión previa de un consejo asesor, el que recién hace dos meses fue integrado por representantes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Banco Central, ministerios de Hacienda e Interior, mientras que la AFIP todavía no se incorporó.

Para evitar maniobras de lavado y financiación del terrorismo, la UIF se encarga de analizar información del sector económico-financiero (entidades financieras y casas de cambio) y otras actividades (estudios contables, escribanías, inmobiliarias, casinos, clubes de futbol, joyerías), sujetos obligados que deben emitir reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Como parte de las directivas de la flamante gestión, las instituciones obligadas a colaborar ya no deberán producir estos informes de manera generalizada, sino que sólo cuando identifiquen movimientos sospechosos. Se trata de un "nuevo approach", explicó la funcionaria, para ir hacia un sistema de prevención del lavado.

"La sola falta de reporte sospechosa que antes generaban sanciones, ya no va a ser causal suficiente de inicio de un sumario a una institución", precisó.

En el caso de los bancos, la UIF tendrá en cuenta los siguientes puntos para evaluar su nivel de supervisión de riesgos:

- cómo conocen a sus clientes

- los manuales de procedimientos

- el diagnóstico y monitoreo

- la comunicación de los casos

El objetivo es cambiar el marco regulatorio con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para tener un enfoque en los riesgos. "Preferimos menos ROS pero de alta calidad y con alertas verdaderas de operaciones sospechosas. Tampoco esperamos que sean investigadores del crimen sino que emitan simples alertas", señaló Talerico.

La vicepresidente de la UIF adelantó estas pautas en el panel sobre lavado del que participó junto al juez en lo penal económico Javier López Biscayart. Allí abogó por una mayor protección de los reportes y los informantes, en contraste con la administración previa, a la que acusó de estar "desvíada de sus fines" y dedicada a la persecución de enemigos políticos.

"Hoy, con Mariano Federici (presidente de la UIF) hicimos los deberes para restablecer la cooperación internacional. Nos llaman por teléfono porque creen que somos serios", aseguró. En cambio, señaló que cuando llegaron al organismo, no había confianza en la Argentina porque se había interrumpido el vínculo con Estados Unidos por el uso inadecuado de los datos.Las prioridades

En cuanto a los blancos de control, la funcionaria identificó las amenazas principales: el avance del narcotráfico y la corrupción en el estamento político, policial y el sector privado. "Hace dos años un 80% de los empresarios de IDEA reconocía que podían pagar coimas", recordó. Ahora, por el contrario, destacó un "cambio cultural" con la llegada de una gestión.

En medio del blanqueo de capitales, ratificó la nueva orientación del organismo que dispone un virtual relajamiento de los controles a la evasión. Aunque reconoció que el delito es un precedente del lavado de activos, tal como lo establece el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), afirmó que "no se puede perseguir todo" y que la UIF debe dirigir los esfuerzos a sus "prioridades".

Entre las nuevas directivas, Talerico destacó el rol de querellante del organismo ante la Justicia para ir tras los bienes del crimen organizado. "Queremos sacarle el poder (a las organizaciones ilícitas) que les da el dinero", sostuvo, y llamó a intervenir con mayor celeridad, tras cuestionar al poder judicial por congelar bienes de forma genérica.

En ese sentido, afirmó que ahora hay más casos de cautelares anticipatorias y calificó a la Ley de Extinción de Dominio una "buena herramienta" para dicho fin. El proyecto, cuya definición fue postergada en el Senado por dos semanas, apunta a recuperar a favor del Estado los activos producto del narcotráfico y la corrupción.

A su turno, Bizcayart coincidió con el diagnóstico de una corrupción "a gran escala" pero se mostró más cauto respecto a la Ley de Extinción de Dominio, al advertir que "hay que ver cómo funciona en la práctica". Asimismo, retomó las críticas de Talerico al poder judicial y las extendió a otros poderes, como la Oficina Anticorrupción, encabezada por Laura Alonso.

La funcionaria participó de un panel por la mañana del taller de OCDE, donde anunció el envío del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que establece penas a empresas, asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas, por delitos contra la administración pública.

Otro de los expositores fue el jefe de la División Anticorrupción de la OCDE, William Loo. La actividad fue organizada además por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), con el auspicio del Ministerio de Hacienda, la Oficina Anticorrupción, la UIF, la Embajada Británica y la Cámara de Comercio Argentina Británica.

El taller forma parte de la misión de la OCDE destinada a evaluar la aplicación de la convención antisoborno en Argentina. La misión es la séptima luego de que el ministro de Hacienda, Prat Gay, reafirmó en mayo la voluntad del país de reforzar su compromiso con el ente internacional, a través de una carta firmada en conjunto con la canciller Susana Malcorra.