Aclaran que no producen alimentos ni medicinas, pero remarcan que su labor se dedica a un producto de consumo masivo.

Son los trabajadores del tabaco, quienes además señalan que la crisis 2016 hizo impacto “pleno” en su sector desde el primer semestre y continuó en el segundo.

El dato “apremiante” es la suba de impuestos que definió el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, hace meses. Avizoran una secuencia de deterioro “sin solución de continuidad”, de no mediar decisiones del Gobierno.

“Hay puestos de trabajo en riesgo extremo”, subrayan. Y explican que toda la actividad vinculada al trabajo reúne a 1.000.000 de personas, comenzando por los colonos que siembran las plantas y al abarcar a los kioscos.

Mercado con intenso flujo de capital, por la circulación de efectivo, además de la altísima recaudación vía AFIP. Todo un fenómeno paralelo a la saludable tendencia mundial que propone alejarse del hábito de fumar y acercarse a la salud, criterio compartido por el gremio.

A la vista de empresas y el sindicato, el 30% en la merma de producción, la baja del 20% en ventas, no se debió a menor consumo, “todo lo contrario tiene origen en el incremento del impuesto de este año”, ya lo había denunciado Raúl Quiñones, titular del Suetra (Sindicato Unico de Trabajadores del Tabaco).

Con las cifras en la mano, en planillas rigurosas con la cual “audita” el rendimiento de las empresas, saben que la producción. No es todo, el gremio denuncia que la demanda de los fumadores fue canalizada hacia la compra de cigarrillos truchos y el contrabando.

“Hoy el 15% de la baja de venta se desvió a la compra de cigarrillos de contrabando”, le remarcó a este diario Antonio Makarchuk, secretario general del Suetra en Misiones y responsable de Interior en la mesa nacional.

Para el perjuicio de las provincias tabacaleras del país, hay un bombardeo cotidiano desde la triple frontera, con Paraguay como motor de la venta ilegal. El misionero conoce la industria en la cual trabaja desde la niñez. Su padre fue inminente ucraniano que trabajó como colono en la siembra y cosecha tabaquera, y le enseñó a él cada detalle de la actividad.

Quiñones y Makarchuk no ocultan que los empresarios están tratando de traccionar una gestión para que el Gobierno “les preste atención”. Ambos lejos de ingenuidad alguna acotan que “ellos se saben cuidar solitos, pero fíjese cómo estará este tema que ni siquiera su poder de lobby les alcanza”.

Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, son las provincias donde el mercado negro de los cigarrillos se expandió respecto del contrabando.

Para el caso de los “truchos”, cuyo valor por atado oscila en el 50% respecto de las marcas registradas, la organización gremial también remarca una circunstancia “gravísima”, y relatan “los paquetes truchos que los pueden ver ofrecidos en las estaciones de trenes de Capital y el Gran Buenos Aires, se venden incluso a los menores, cuestión que no sucede en ningún kiosco habilitado”.

Quiñones insiste en que la suba fiscal, “decidida y anunciada” para “refinanciar a las provincias” y no representa un centavo para trabajadores o comerciantes. Con esa disposición el sector quedó atado al juego del mercado, para “desesperación” de las tabacaleras. Los ejecutivos elegantes de las compañías admiten que en los 12 años pasados, se negociaba de otra manera, con rigor a la pauta fiscal que planteaba el Gobierno, junto al gremio y después “los melones se iban acomodando”, las cifras también.

“Mal que les pese, el gobierno no incrementó la recaudación a través del tabaco. Y no entienden que la actividad, por el tipo de tipo de cultivo ofrece entre 70 y 100 jornales por hectárea. Es el único cultivo que no se tecnificó.

Para Salta, Jujuy y Misiones es parte de la cultura, la producción de mano de obra es defendida por los gobernadores por esa razón”, definió el dirigente.

El Suetra también explica que desde hace meses hay gestiones, junto a los empresarios, para que el Gobierno Nacional “tome en cuenta que se equivocó con las medidas que aplicó desde que asumió”.

Tanto Quiñones como el misionero Makarchuk comentan a Bae Negocios que hace algunos días lograron “sentarse” y no mucho más, con las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación que encabeza Jorge Triaca.

“Es justo y de compañero agradecido reconocer que ese encuentro lo gestionó el compañero Omar Viviani”, acotó Quiñones. Tracción en bloque que le dicen, el Suetra, luego de haber integrado la CGT de Antonio Caló, se referencia en el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), que comandan Viviani, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Smata, Legislativos y Luz y Fuerza entre otros.

“No es casualidad que queremos avanzar en esta gestión que le compete a la cartera laboral, la empresa Philip Morris y a nuestro gremio. Tienen que entender que otro ministerio (Hacienda a cargo de Alfonso Prat Gay) tomo una decisión equivocada”, explicó Quiñones. A partir de allí las tabacaleras, Massalin Particulares, cambió su estrategia y como se diría en el fútbol comenzó a vislumbra achiques, no lo hizo en silencio.

Massalin comunicó hace meses en forma pública, que debido a la suba de impuestos decidió su planta de compra y acopio ubicada en la localidad tucumana de La Cocha, como también reducciones de personal en las plantas de producción de Goya (Corrientes) y de Merlo (provincia de Buenos Aires).

“A partir del 1 de mayo, los impuestos que pesan sobre la venta de cigarrillos alcanzan el 80% del precio que paga el consumidor, cuando antes ese total era de casi el 70% del valor de venta del producto”, explicó la empresa por medio de un comunicado.

La alianza de gremio y las tabaleras sostiene que los impuestos internos al tabaco de hoy son inéditos en la historia del país. Concluyen al enumerar las luces de alarma que la “voracidad impositiva” de la AFIP no se condice con similar energía al control del contrabando y a la venta de “cigarrillos truchos”.

Reseñan también que “sin ser un producto alimenticio o medicinal tanto la preindustrialización como la elaboración final de los cigarrillos “hay controles estrictos de calidad. Esto no lo respeta ni el contrabando y mucho menos las fábricas ilegales”, repitió durante la charla Makarchuk.

“Como organización sindical estamos atentos a los números, la realidad y el futuro de la empresa. Lo hacemos porque estamos en la defensa de cada puesto de trabajo. Sería de necios no hacerlo. Si queremos el bienestar de los trabajadores no se puede obviar cuando a las empresas no les va bien. Son grandecitos para defenderse, lo hacen bien solos, pero negar la realidad no es aconsejable, basta con repasar la historia del país”, justificó el secretario general del Suetra.

El 1 de junio a través de una solicitada el sindicato enumeró los puntos críticos del impuestazo. Mencionan al ministro Prat Gay sin desconocer que el funcionario no toma decisiones de esta índole sin el aval del presidente Mauricio Macri. Masculla el Suetra entonces que sus sospechas de diciembre 2015 fueron confirmadas por el paso del tiempo, “este Gobierno es antitabaco”, se lamentan.

Al mismo tiempo, para sostener su acción de reclamo, describen que en forma directa e indirecta, desde la siembra, cosecha, preindustrialización, elaboración, venta y demás etapas de proceso y comercialización la actividad compete a 1.000.000 de personas.

“Por eso hablamos de que no es casual o estacional la baja del 30% de la producción. Y a los proveedores también los afecta, proveen maquinarias, servicios, materias primas para esta industria”, acotó Makarchuk.

Ambos dirigentes detallan que hasta la labor gráfica de la impresión de etiquetas se ve afectada, porque salvo el material de los filtros (ton), que es importado, todo el resto se elabora también en la Argentina. Para darle pelea a la Casa Rosada, “por sus derechos”, tienen aval sindical de otras veredas, aunque los referentes lo dejen para sus charlas puertas adentro, sea cual fuere la central obrera del fragmentado mapa de 6 bloques, con sus diferencias expuestas. Ellos lo atribuyen a 14 años de labor al comando del Suetra.

“Por formación somos positivos, pero eso no quiere decir que pecamos de ingenuos. Este es un Gobierno que tiene una gran dificultad para mirar al sector de los trabajadores. Esperemos que entiendan que nos perjudicaron y recapaciten, porque no fue una decisión que se tomó producto del consenso. Hablamos del perjuicio a las provincias tabacaleras y todo el espectro que está involucrado en esta actividad”, dijo Quiñones.

Al recuerdo de la década pasada, Raúl Quiñones recordó que por medio de mesas de consenso se determinó otra realidad para el sector tabacalero en los últimos 12 años, sin que fueran todas flores en el sendero de diálogo, se terminó arribando a definiciones en conformidad.

El jefe del Suetra no tuvo pudor en considerar que el Ejecutivo, primero con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández, planteaba cuáles eran sus expectativas fiscales, y desde allí se trabajaba para lograr acuerdos, con empresarios y gremio.

Mirando el tiempo ya recorrido, sobre todo el año pasado, los dirigentes sindicales tabacaleros no ocultan tampoco que así como el problema de Ganancias, heredado y ratificado en vigencia por Cambiemos, abarca a todo el universo de afiliados a la fecha.

“El impuesto al sueldo fue un factor clave para lo que nosotros consideramos como una decisión electoral equivocada”, palabras más o menos el Suetra asume que sus trabajadores se volcaron a las urnas por Mauricio Macri y la quita salarial con destino a la AFIP, sigue vigente y lo seguirá por años. “El cóctel es complicado, porque al problema de Ganancias hoy tenemos que sumarle la preocupación por mantener los puestos de trabajo”.

Algunos alivios por pactos firmados los separan de otros gremios, quienes trabajan en la elaboración de cigarrillos, cerca de 3.000 trabajadores, ya tienen acordado su bono de $22.000 que se fi rmó en ocasión de rubricar la paritaria. El resto de la actividad también tendrá sumas adicionales, con alguna variante no tan generosa para sus salarios.