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Con la promesa de "un corte a los cortes", el Gobierno vuelve a tomar impulso en tarifas

Las distribuidoras de energía eléctrica afirman que el incremento es necesario para poder invertir. El viernes habrá una audiencia pública. Sus propuestas
24/10/2016 - 13:36hs
Con la promesa de "un corte a los cortes", el Gobierno vuelve a tomar impulso en tarifas

Edesur y Edenor, las empresas de distribución eléctrica de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, irán al viernes a la primera audiencia pública en sus 24 años de historia.

Allí no sólo se resolverá el futuro de las tarifas sino también otras cuestiones importantes, como el plan de inversiones de las compañías entre 2017 y 2021 y su compromiso para que la calidad del servicio mejore en el mediano plazo.

El argumento central que llevarán a debate las compañías el 28 de octubre es que los aumentos de tarifas permitirán disminuir en forma concreta y medible los cortes de suministro

Esto implica un cambio de discurso respecto de oportunidades anteriores en las que las subas en el precio del servicio se vincularon a la imposibilidad fiscal del Estado de subsidiar el sistema energético

El nuevo planteo de las eléctricas será más difícil de rebatir en la audiencia pública ya que, implícitamente, advertirán que si no le dan el visto bueno a los aumentos, la consecuencia inmediata será un verano plagado de cortes de luz.

Las distribuidoras solicitarán al ente regulador (ENRE) incrementos para aplicar desde el 1° de febrero del próximo año. Plantearán ajustes en los márgenes que le cobran a sus clientes para desarrollar su negocio. Se llama "valor agregado de distribución".

Según el rango que maneja Edesur, los incrementos a los hogares pueden ir del 17,9 a 73,9 por ciento, mientras que Edenor propone un incremento del 56%. En este caso, alcanza al 40% de sus clientes de mayor consumo.

Edesur tiene dos propuestas: en una sube más a los hogares y menos a los comercios y en la otra, se invierten esos roles.

La empresa declara que necesita recomponer un 30% sus ingresos. Para eso, plantea dos alternativas. En una, el aumento promedio en los hogares es del 74%, pero a los comerciales les subiría un 12%. En la otra, el importe para los usos de luz comercial escalarían un 52% y los de vivienda, un 18%.

Una vivienda que hoy paga una factura mensual de $250 trepará a no menos de $330 en la mayoría de los clientes de Edesur, según estimaciones de técnicos del sector.

Edesur proyecta una inversión de $14.000 millones a valores actuales, que sería de $20.000 millones ajustada en el tiempo. En la información que proporcionó al ENRE hay datos que puede comprender cualquier asociación de consumidores o un particular interesado.

Por su parte, Edenor plantea una recomposición de 56% para casi 4 de cada 10 viviendas: las de mayor consumo. Una boleta de $400, por ejemplo, se estiraría a más de $600, antes de impuestos.

También sugiere incrementos en los cargos variables de los comercios que van de 143% a 315% para los clientes que consumen más de 1.600 kwH por bimestre, según se desprende de la información presentada al ENRE. Esas facturas treparían, como mínimo, de 800 a 2.000 pesos.

Y plantea una inversión de $25.000 millones entre 2017 y 2021.

Las distribuidoras eléctricas pasaron casi 14 años con sus tarifas congeladas y recibieron un aumento de emergencia durante 2016, que promedió el 400%, pero llegó a más de 600% en los consumos más elevados.

Edenor y Edesur nacen tras la privatización de la estatal Segba en 1992.

A los diez años de la concesión, estaba prevista una revisión integral de tarifas (RTI), que no se hizo por la emergencia económica tras la salida de la convertibilidad.

El kirchnerismo nunca accedió a esa regularización de tarifas. Se valió de una suerte de "préstamos" a las empresas para pagar los sueldos de los empleados (después se los cobraba a través de la energía mayorista) y llevó al sistema eléctrico al mayor número de cortes desde fines de los '80.

Para las propuestas que elevaron al Enre, las compañías contrataron consultoras especializadas. El Estado nacional posee la jurisdicción de las empresas que operan en el área metropolitana de Buenos Aires. El resto de las distribuidoras están bajo la órbita de sus gobiernos provinciales.

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