La gobernadora María Eugenia Vidal anunció junto al ministro de Justicia provincial Gustavo Ferrari, la intervención y el desplazamiento de Fernando Díaz y de toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Además, presentó una reforma integral al sistema y pondrá, mientras tanto, a un grupo de civiles encabezado por el subsecretario de Política Carcelaria Juan José Baric a cargo de las cárceles de la provincia.

En línea con la decisión que tomó la semana pasada el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, que puso el manejo de los fondos policiales en manos de un civil, la gobernadora anunciará la intervención, como parte de un proyecto integral que prevé modificaciones en el sistema carcelario y cuyos detalles son guardados celosamente por el entorno de la gobernadora.

"Esto no es una purga; nosotros no vamos a convivir con el delito dentro de las fuerzas, así que esto se puede dar hasta el último día de nuestro mandato", indicó la gobernadora en conferencia de prensa.

Y graficó: "Hasta diciembre de 2015 las fuerzas se autogobernaban, esto se terminó".

También remarcó que lo que se impulsa "es una reforma profunda, no un desplazamiento de cúpula ni una purga", porque ese tipo de jugadas "no resuelven los problemas".

"Antes había pactos de connivencia, en nuestro gobierno no hay pactos de connivencia, estamos para dar la pelea de fondo, las cárceles no pueden seguir funcionando con una ley de la dictadura", disparó.

Es que la mandataria recordó que el estatuto vigente data de la época de la dictadura y que, por ejemplo, "no define estándares de cumplimiento de los derechos humanos".

También podría haber más desplazamientos: "Puede haber apartamiento de efectivos hasta el último día. No se trata de nombres y personas, se trata de dar señales claras al sistema", adelantó la mandataria.

A poco de asumir Vidal en la Gobernación, el Servicio Penitenciario Bonaerense quedó en el centro de la polémica cuando los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, escaparon de la Unidad Penal N° 30 de General Alvear, presuntamente con complicidad de las autoridades que debían velar por su encarcelamiento.

A principios de mes, la Comisión Provincial por la Memoria había pedido el desplazamiento de Díaz, quien enfrenta una causa por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de vejaciones por irregularidades en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta.

Baric, quien será designado interventor, llegó a La Plata de la mano del ex ministro Carlos Mahiques desde La Pampa, donde era subrogante en la fiscalía federal de Santa Rosa, tras haber trabajado como director provincial de esa área en el pasado, durante las gestiones de Jorge Casanovas y de su reemplazante Antonio Arcuri, bajo la gobernación de Carlos Ruckauf.

El Sistema Penitenciario Bonaerense incluye 52 unidades penales, tres alcaidías penitenciarias y seis alcaidías departamentales.

La población carcelaria supera las 32 mil personas, y cuenta con 19.422 oficiales para mantener la seguridad: 6.407 de ellos son oficiales, mientras que 13.015 son suboficiales.

La sobrepoblación, según un informe presentado por la Comisión Provincial por la Memoria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, meses atrás, alcanza el 87%.

El mismo informe advirtió que entre 2014 y 2015 en las instituciones de encierro en la provincia de Buenos Aires la tasa de muertes violentas -que incluye homicidios, suicidios y accidentes- aumentó un 25% y también se incrementaron las muertes por situaciones de salud no atendidas, que elevó la cantidad total de muertes de 121 en 2014 a 139 en 2015.

Durante 2015 se registraron 18.000 denuncias por torturas en cárceles provinciales.

En el último tiempo, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, a cargo de Santiago Cantón, anunció que reforzaría la capacitación en derechos humanos de los guardias de los penales de la provincia con el objetivo de erradicar el maltrato y la violencia institucional hacia los detenidos.

Tras difundirse la noticia, en la CPM celebraron el anuncio y manifestaron su deseo de que esta decisión "sea el inicio de una política que modifique estructuralmente el sistema de encierro, a fin de revertir las graves violaciones de derechos humanos que padecen las personas privadas de su libertad".