La Justicia acusa a la exministra Débora Giorgi de ser la responsable de las irregularidades cometidas en el proceso del programa estatal "Capital Semilla" que repartió créditos por $360 millones sin control. 

Uno de ellos es Markel Orcaizaguirre, de Puerto Madryn. El joven relató que en noviembre de 2014 le abrieron una cuenta en el Banco Nación tras haber obtenido el micropréstamo. En ese momento, recibió un llamado que le cambió todos los planes que tenía.

"Me comunicaron que hubo un cambio de gestión que por irregularidades de papeles y que no podían otorgarme el crédito. Si lo quería tendría que volver a participar y presentar todos los papeles por primera vez como si nunca hubiese participado", definió. Luego Markel tuvo que volver a presentarse, y finalmente le dieron el crédito a principios de 2016, con la nueva gestión. 

Otro de los que acusan a Giorgi, que entrevistó el canal de noticias Telenoche, es un comerciante de Neuquén. El proyecto del hijo de Mariano Frumboli para era para producir artículos de limpieza. "Fue un caos porque no nos pagaban. Más de un año reclamamos el cobro del crédito", relató. Luego dijo que su proyecto "había desaparecido por arte de magia". "La respuesta fue que volviéramos a presentarlo en una edición especial cuando ya habíamos ganado", recordó.

Frumboli armó un grupo de Facebook, en el que organizaron una demanda colectiva para poder cobrar. Tuvieron que presentarse dos veces porque desde el ministerio de Industria les dijeron que habían perdido toda la documentación. El hombre logró presentarse, volvió a ganar, pero en lugar de cobrar los $40 mil que decía el "contrato", terminó cobrando $29 mil.

Qué era el plan "Capital Semilla"

El proyecto de "Capital Semilla", organizado desde el año 2010, contemplaba préstamos a tasa 0% de entre 15 mil y 100 mil pesos para jóvenes emprendedores de entre 18 y 35 años.

La Justicia cree que desde el ministerio de Industria se repartieron sin ningún tipo de control 360 millones de pesos. 

A los funcionarios responsables del plan los acusan de defraudación en perjuicio de la administración pública y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Hay beneficiarios que nunca rendían la documentación y por lo menos 41 nunca cobraron. Se los acusa de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.