Si la corrupción en el ámbito público está cada vez más expuesta y sujeta a la opinión de los ciudadanos, del otro lado del mostrador suele haber una compañía que recibe beneficios, que paga o sobrefactura y que lleva a un denominador común, el robo de dinero público que se traduce en menos salud, menos seguridad, menos educación, etc.

Por supuesto que también existen otras formas de robar (puertas adentro), o de evadir leyes, y el Compliance Officer (CO), una figura cada vez más presente en las empresas grandes, pero que será cada vez más necesaria en las Pymes, tiene como tarea ser el custodio del cumplimiento de las normas.

En este marco se llevó adelante el Primer Congreso Internacional de Compliance, organizado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y Thomson Reuters, para tener cada vez más herramientas para prevenir, disuadir, detectar e investigar el fraude y la corrupción en el sector público y en el privado, dijo Carlos Rozen, presidente de la AAEC, entidad que brinda una Certificación Internacional en Ética y Compliance.

Una encuesta llevada adelante durante el evento en el salón Principal de la Bolsa de Comercio reveló que los tres riesgos más relevantes que las empresas reconocen y se ocupan de gestionar son reputación e imagen, contingencias por incumplimiento regulatorio y fraude interno.

Por otro lado, solo un 30% de quienes contestaron el sondeo afirmaron que los daños en la marca y la reputación de la empresa son las principales consecuencias de no contar con una cultura de gestión de riesgo corporativo y compliance.

Rozen destacó que la Argentina va a necesitar unos 5000 Compliance Officers en el corto plazo porque hay pocos. En este sentido, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo que en los organismos públicos también habrá una tendencia a incorporar profesionales con este perfil.

En España, que está un paso adelante porque ya tiene la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (un proyecto que ya está en Diputados impulsado por el Poder Ejecutivo de la Argentina), la búsqueda de CO asciende a 25.000

Ya está en la Cámara de Diputados el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con fecha del 20 de octubre, sobre "Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas" por hechos de corrupción.

Hasta ahora sólo había una penalización a personas físicas por este delito. Están previstas sanciones para casos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, entre otros.

Esta legislación ya existe en España, Estados Unidos, Brasil y Chile, entre otros países. En la Argentina, la figura ya se usa para delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y los que afectan al mercado de capitales.