Ya lo pedían la semana pasada tanto los miembros de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) como los funcionarios que apoyaron el proyecto: acelerar el tratamiento de la Ley de Emprendedores en el Senado de la Nación. 

Sucede que desde el gobierno nacional esperaban obtener la sanción de esta iniciativa llevada al Congreso por el Ejecutivo y aprobada ya en Diputados antes de fin de año. 

Y dicho y hecho, este martes la comisión de Economías Regionales, Economía Social y Mipymes, y la de Presupuesto y Hacienda, le dieron al proyecto un dictamen favorable para que se trate en el recinto. 

Durante la jornada disertó a favor del proyecto el secretario de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción de la Nación, Mariano Mayer.

De las dos comisiones que analizaron el texto, solo tres legisladoras se expresaron con disidencia parcial: Norma Durango, de Partido Justicialista de La Pampa, y María Graciela de la Rosa y María Ester Labado del PJ Frente para la Victoria. 

Tras el dictamen, el senador por San Juan y presidente de la comisión de Economías Regionales, Economía Social y Mipymes, Roberto Basualdo, expresó por Twitter que "todo lo que sea en beneficio de los emprendedores y las Pymes representa un aporte importante al crecimiento económico de nuestro país"

"Acabamos de dictaminar en las comisiones de PyMES y Presupuesto del Senado el proyecto de fomento de Emprendedores. Otro paso para el empleo", expresó por su parte el legislador Federico Pinedo.

Se espera que se incluya el tratamiento del proyecto en el recinto en breve, aunque incluso si se consigue la sanción, es probable que la reglamentación se demore más allá de diciembre de este año. 

La iniciativa plantea la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una figura jurídica que facilitaría abrir una empresa en 24 horas, llevar la contabilidad online y acceder a fuentes de financiamiento colectivo.

En síntesis, reduce los plazos administrativos para constituir una empresa bajo esta figura, permitiendo abrir una cuenta bancaria y un CUIT o CDI en un plazo de un día.

De cumplirse esos requisitos, la firma quedaría habilitada para comenzar a operar, y tendrán un plazo de seis meses para constituir un domicilio definitivo.

La normativa sumaría, a su vez, otro elemento novedoso: el "crowdfunding". Se trata de un sistema de financiamiento colectivo por el cual distintos individuos interesados en una "startup" determinada pueden invertir una parte para llevarla a cabo.

Asimismo, el proyecto autoriza beneficios impositivos para las inversiones de capital con ese fin, cuyos aportes podrían ser deducidos del Impuesto a las Ganancias, bajo ciertas restricciones.

Para ello se crearía el "Registro de Instituciones de Capital Emprendedor", a los efectos de la inscripción de los inversores, así como un Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), conformado por un fideicomiso de administración y financiero, que manejará la SEPyME.

En el debate del proyecto en la cámara de Diputados se introdujeron importantes cambios al texto original. En principio, se pidió una mayor deducción impositiva para quienes inviertan en proyectos instalados en economías menos desarrolladas. 

También se pidió limitar el alcance del FONDCE, e incluir en estos beneficios a los "informales" o personas no registradas en AFIP, a través de planes de regularización.

Asimismo, se pidió que sean beneficiarias de la ley entidades emprendedoras que no tengan fines de lucro, como cooperativas y ONG.

Por último, se pidió incorporar al texto una especificación para que apliquen a las SAS las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, en particular las relativas a las responsabilidades solidarias.