El Senado dio media sanción este miércoles a una ley que regula la pauta oficial y fija una serie de criterios para su asignación.

La iniciativa, consensuada entre diferentes bloques, cosechó en el recinto 51 votos positivos y 8 negativos, y fue girada a la Cámara baja.

El punto central del proyecto es que se fija que un 20% de la pauta estará destinada a los medios del interior, de universidades nacionales, comunitarios, de organizaciones reconocidas de pueblos originarios, de cooperativas y comerciales.

A través de la iniciativa se establecen como “principios” para la distribución de la publicidad oficial, la “transparencia”, el “federalismo”, el “pluralismo informativo” y el “respeto a la libertad de expresión”, entre otros tantos.

Al abrir el debate, la presidenta de la Comisión de Medios, Liliana Fellner, destacó que la pauta oficial ya no quedará concentrada “para los grandes medios que se encuentran en Capital Federal”, sino que los medios del interior tendrán garantizada la publicidad.

 “(La ley) establece con claridad las reglas con las que se va a distribuir la pauta oficial, permitiendo de esta manera a lo que todos queremos, un mayor control por parte de la ciudadanía sobre en qué se gastan los recursos”, explicó. Y agregó que garantizará “que lo que el gobierno quiere comunicar nos llegue de forma pertinente”.

El proyecto

Los medios, soportes o productoras que deseen ser contratistas de publicidad oficial deberían inscribirse en el Registro Nacional Público de Publicidad Oficial (RENAPPO), que se creará bajo la órbita de la autoridad de aplicación -a definir por el Poder Ejecutivo-.

En tanto, la autoridad de aplicación estará obligada a desarrollar un Plan Anual de Publicidad Oficial donde quede enunciada cada campaña de comunicación, y a su vez deberá elaborar un informe semestral para poner bajo consideración del Congreso.

Además, se acordó una “reserva para emergencias”, que sería del 10% del presupuesto total previsto para la pauta oficial, para los casos que no estén contemplados en el Plan Anual, como catástrofes naturales o alteraciones del orden social, señaló Parlamentario.com.

El proyecto con media sanción también indica que la autoridad de aplicación no podrá contratar campañas de publicidad oficial en los períodos electorales nacionales, salvo casos extremos o cuestiones que tengan que ver con el proceso electoral mismo.